Sorpresa y malestar en Bruselas con Lesmes

Sorpresa, y cierto malestar, en Bruselas, según fuentes comunitarias, con la decisión del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, de incluir en el orden del día del Pleno del Poder Judicial del próximo jueves su dimisión y la elección de los vocales del Tribunal Constitucional (TC), pese al acuerdo para no someter este último asunto de nuevo a debate hasta que no hubiera consenso. El mismo jueves comienza la visita a Madrid del comisario de Justicia de la Unión Europea (UE), Didier Reynders. Lesmes ha tensionado la agenda de esta reunión al llevar el proceso de su sustitución y forzar un último intento para que se nombre a los dos magistrados del Constitucional que compete a sus vocales.

El presidente del Supremo lleva semanas trabajando junto con el Gobierno para conseguir desbloquear esta negociación, pese a la oposición de la mayoría de los vocales conservadores. Estos se oponen porque consideran inconstitucional la reforma del Ejecutivo para limitar su competencia en nombramientos estando en funciones, y discrepan también de la contrarreforma «ad hoc» impulsada por PSOE y Podemos para levantarles esa inhabilitación solo para que puedan proceder al nombramiento de estos dos vocales del TC, lo que permitirá al Gobierno nombrar también a los dos que le corresponden directamente y dar la vuelta al equilibrio de fuerzas en el garante constitucional para inclinarla del lado progresista.

Carlos Lesmes se dirigió al comisario de Justicia de la UE para informarle de las ultimas novedades en la crisis judicial española y pedirle su mediación. Y para sorpresa, posiblemente también del propio Lesmes, Reynders aceptó el envite y llega el miércoles por la noche a Madrid con una agenda repleta de reuniones para tantear a todas las partes implicadas y buscar una solución a una crisis que cada vez preocupa más en Bruselas porque creen que está poniendo en evidencia la falta de independencia de nuestro modelo judicial.

En el sector conservador del Poder Judicial tampoco ha gustado el orden del día fijado por Lesmes, según la información que trasladan a sus interlocutores. Creen que «dinamita» la visita de Reynders, y no hay signos de que vaya a haber un acuerdo para desbloquear el Constitucional. Moncloa y el presidente del CGPJ siguen presionando para conseguirlo antes de sentir encima el peso de Bruselas y por la vía de dejar fuera al PP, que exige que se le permita cubrir la vacante que compete al Senado y que dejó la baja por enfermedad del magistrado Alfredo Montoya.

El jueves, a la misma hora en la que el representante de Bruselas comience su ronda de reuniones, se celebrará el Pleno del Poder Judicial. Fuentes comunitarias confirmaron a este periódico que Reynders viene con la intención de actuar de mediador en el conflicto, con tres condiciones: que se renueve inmediatamente el CGPJ con la ley en vigor, como siempre ha defendido el Gobierno de coalición; que se renueven el CGPJ y el TC a la vez, lo que pide el PP, y Moncloa está intentando evitar; y que se active también de inmediato la reforma legal para que a los jueces «los elijan sus pares», es decir, que los jueces elijan a los jueces en el Consejo del Poder Judicial. Esta última condición la ha hecho suya el el PP desde hace meses, y sirvió para que Pablo Casado justificara el bloqueo del acuerdo. Con el cambio en la cúpula popular, el nuevo presidente del partido aceptó buscar una salida, a sabiendas de que el Ejecutivo se negaba de plano a aceptar esta exigencia, pero con la contrapartida de que la designación se ajustara a unos criterios de idoneidad. Moncloa se negó a estos criterios.

Reynders se entrevistará con la ministra de Justicia, Pilar Llop; con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; con el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano; con el propio Lesmes; con el vicesecretario de Relaciones Institucionales del PP, Esteban González Pons, y con representantes de todas las asociaciones judiciales. El comisario europeo permanecerá en Madrid dos días, dentro de la estrategia de Bruselas de elevar la presión para desencallar las negociaciones.

La renovación del órgano de gobierno de los jueces es una prioridad para Bruselas desde hace años, así como la revisión de su sistema de elección. Esta advertencia figura en el informe con el que cada año la Comisión Europea valora la salud democrática de los países miembros. La falta de avances ha hecho que los servicios comunitarios llegaran a notificar su preocupación en una recomendación específica dentro del informe anual sobre España,

El PSOE y sus socios se oponen a esta modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la justificación de que la Constitución no dice en ninguna parte que los jueces deban elegir a los jueces, sin participación alguna del legislativo. La norma actual, que se ha aplicado con gobiernos del PSOE y del PP, establece que Congreso y Senado elijan a los miembros del Consejo del Poder Judicial a partir de una lista de jueces, magistrados y juristas de reconocida competencia.