Bienvenido Mr. Reynders

Si los vecinos de Villar del Río esperaban con alborozo y como panacea a todas sus penurias a la delegación estadounidense del Plan Marshall en la inolvidable película de Luis García Berlanga, el mundo judicial confía (con menos expectativas, eso sí) en que la visita a España del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, sirva para desenredar el nudo gordiano en que se ha convertido, desde hace cuatro años, la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la situación de bloqueo que padece la institución, incapacitada para realizar nombramientos desde marzo pasado, lo que ha disparado el número de vacantes sin cubrir en puestos clave de la judicatura.

Reynders ha aceptado el reto (mayúsculo a la vista de las circunstancias) de mediar entre el Gobierno y el PP para desatascar unas negociaciones cada mes que pasa (a medida que asoman en el horizonte las próximas elecciones generales) de más sombrío pronóstico.

Además de reunirse con las asociaciones judiciales, se verá con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y también con el PP, así como con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Unos y otros intentarán a buen seguro que el comisario europeo refrende sus antagónicas posiciones: el Gobierno esperan un tirón de orejas al PP (a quien responsabilizan del bloqueo en la renovación) y los populares confían en que Reynders insista en la necesidad de un compromiso para modificar el actual sistema de elección de los vocales de procedencia judicial (para que sean los propios jueces, y no el Parlamento, quien designe a esos doce vocales).

Reynders llega a España en una semana caliente para el Consejo del Poder Judicial, inmerso en el proceso de elección de dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), que junto a los dos que debe nombrar el Gobierno de Pedro Sánchez se plasmará en una mayoría progresista en el TC.

Carta de apoyo a Lesmes

Y aunque en el Ejecutivo están convencidos de que su visita debe coincidir con la designación de esos dos jueces, lo cierto es que todo está en el aire. Por un lado, el bloque conservador aún no ha puesto sobre la mesa a ningún candidato en las reuniones de los interlocutores de uno y otro bloque y el Pleno del CGPJ se celebra 24 horas después. En todo caso, y aunque al Gobierno le apremie la renovación del TC y la vincule a la visita del comisario de Justicia, la parte nuclear de sus 48 horas en España viene marcada por la prioridad de la Comisión Europea, en la que ya hizo hincapié su vicepresidenta en una reciente carta a Lesmes mostrándole su respaldo tras amagar con una posible dimisión.

Vera Jourová se encargó de marcar los tiempos: la «prioridad absoluta», señaló, es «poner fin inmediatamente a la situación de interinidad del CGPJ» afrontando «con carácter prioritario» su renovación. Hasta aquí, el mensaje que satisface al Gobierno.

Pero la vicepresidenta añadía en esa misiva que «inmediatamente después» se debe poner en marcha “un proceso con el objetivo de reformar el modelo de designación de los vocales del turno judicial teniendo en cuenta los estándares europeos». Una apostilla a la que se agarra el PP para exigir al Ejecutivo un compromiso en firme para modificar la normativa. Pero ese compromiso incomoda al Gobierno. La ministra de Justicia se encargó de explicitarlo. España, dijo en una entrevista en RTVE, «es un país soberano y ésta es una cuestión que compete al propio Estado».

Con esos parámetros, se avecina otro diálogo de sordos. Esperemos al menos que Reynders no pase de largo a toda velocidad, como la comitiva americana por Villar del Río.