Audiencia Nacional

La cúpula policial niega al juez de ‘Dina’ que haya cualquier nota de Villarejo en la Policía sobre el caso

La Sala de lo Penal dio la razón a Pablo Iglesias y Dina Bousselham que querían que se aclarara si la “policía patriótica” estuvo tras el robo de la tarjeta a la exasesora de Podemos

El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias con la exasesora de Podemos Dina Bousselham, ambos afectados del "caso Dina"
El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias con la exasesora de Podemos Dina Bousselham, ambos afectados del "caso Dina"podemosla razon

La Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía ha contestado ya a la Audiencia Nacional que en las bases policiales no hay rastro de información relacionada con la sustracción de la tarjeta a la exasesora de Podemos Dina Bousselham. En el escrito remitido en el marco del “caso Dina”, la Policía Nacional asevera que en sus archivos no existen notas del comisario José Manuel Villarejo sobre este asunto, según confirman fuentes jurídicas a LA RAZÓN. La respuesta que llegó este lunes, después de que la Sala de lo Penal ordenara al magistrado indagar en esta vía que pedía el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y Bousselham, deja la causa a un paso del final definitivo.

Esta línea de investigación del macrocaso “Tándem” ha dado varias vueltas de tuerca a lo largo de la instrucción por la existencia de dos teorías contrapuestas: una que señala directamente a Iglesias (por la que el juez quiso imputarlo) y la otra, con la que se abrió la causa, que apunta a que la “policía patriótica” pudo estar tras el robo del móvil de Bousselham. Cabe recordar que este se produjo en 2015 y, tiempo después, varias capturas de pantalla sustraídas del teléfono terminaron siendo publicadas en medios de comunicación. Las conversaciones afectaban a Iglesias en un momento en el que el político se estaba colocando con fuerza en el panorama nacional y años más tarde cuando en 2017 se realizó el registro a la casa de Villarejo se encontraron carpetas con toda la información recogida en el móvil.

Por eso, Iglesias y Bousselham sostienen que fue esta “policía patriótica” la que arrebató el terminal y distribuyó el contenido para destruir la reputación del líder de Podemos. Una tesis muy distinta a la que formó el titular del Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que ve sospechoso que cuando dos periodistas devolvieron al exvicepresidente la tarjeta robada él tardara meses en entregársela a su propietaria y subordinada.

En cualquier caso, el magistrado vio agotadas todas las vías para saber cómo sucedieron los hechos y quién destruyó la tarjeta así que el pasado enero el magistrado dio por finalizado el caso. A la espera de saber si dos periodistas que están imputados y el comisario Villarejo se sientan en el banquillo, el juez no prorrogó el plazo de la instrucción. Algo que los afectados recurrieron a la Sala de lo Penal reprochando que no se había indagado lo suficiente en lo sucedido dentro de la Policía.

Así las cosas, a principio de mes la Sala dio la razón parcialmente a los afectados y ordenó que el juez se dirigiera a la DAO para pedir “copias de los oficios o notas informativas relativos a la tarjeta del terminal telefónico de Dina Bousselham que haya remitido a dicho organismo José Manuel Villarejo entre el 1 de noviembre de 2015 y julio de 2016″. Por si en ese momento, tiempo del robo y posterior, el comisario al que se le encontró el material en su casa hubiera dado cuenta a la Policía Nacional de lo que estaba pasando. Los togados creían “evidente” la necesidad de pedir esta información porque se trataba de “datos de carácter personal, que han podido ser objeto de conductas delictivas de injerencia o revelación, cuyo alcance objetivo y subjetivo podría contribuir a esclarecer la diligencia solicitada”.

García Castellón hizo hace unas semanas el requerimiento a la cúpula policial de lo que le fue ordenado por los magistrados y la respuesta, adelantada por El Debate ha llegado en forma de escueto escrito: no hay nada en sus archivos que hubiera remitido Villarejo sobre este tema. Con esta posibilidad descartada, las fuentes jurídicas señalan que el caso no tiene más hilos de donde tirar y habrá que decidir si se archiva o se lleva a juicio.