La comisión negociadora del CGPJ se encalla y complica un adiós de Lesmes con el TC renovado

La comisión negociadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) encargada de designar a dos magistrados del Tribunal Constitucional y desencallar la renovación de la institución se tomará más tiempo para llevar a buen puerto esos nombramientos, que junto a los otros dos que efectuará el Gobierno, garantizarán una mayoría progresista en el tribunal de garantías.

Pero más allá de las consecuencias en el TC (pendiente desde junio de ese relevo), la falta de acuerdo condiciona el adiós de Carlos Lesmes, que no quiere renunciar sin dejar encauzada esa designación (que esperaba más sencilla), tal y como trasladó ayer a un grupo de vocales, según ha confirmado este periódico.

Ahora, tendrá que ser Lesmes el que decida convocar -como anunció- un Pleno el próximo día 13 para que los cinco vocales encargados de la interlocución den cuenta a sus compañeros de los avances en la negociación. Pero lo cierto es que, por ahora, escasos avances hay que permitan aventurar un resolución inminente del asunto.

A la vista de que no hay perspectiva de acuerdo, los vocales progresistas han anunciado que, tras dar cuenta a Lesmes de que las negociaciones han encallado, pondrán en marcha desde hoy mismo y hasta el próximo viernes “la exploración de otras vías alternativas de acuerdo inmediato” (que únicamente pasan por la ruptura del bloque conservador para reeditar lo que sucedió con el aval del Pleno a la idoneidad del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz).

Los candidatos progresistas, reducidos a tres

El bloque progresista ha reducido de nueve a tres sus posibles candidatos (entre ellos figuran, según las fuentes consultadas, los magistrados del Tribunal Supremo Pablo Lucas, encargado del control del CNI, y José Manuel Bandrés) pero no ha designado aún a su elegido para el puesto, aunque según aseguran los interlocutores progresistas en un comunicado están en disposición de concretar “de manera inmediata” un candidato “de excelencia y perfil jurisdiccional y jurídico intachable”.

Y en el otro bloque siguen sin tener un nombre que proponer tras una “intensa búsqueda” que acarreó cinco tentativas infructuosas (ya han cosechado negativas de los también magistrados del Tribunal Supremo Manuel Marchena, Antonio del Moral y Pablo Llarena).

Según un comunicado del bloque mayoritario, la reunión se celebró en un clima de “total cordialidad y con plena coincidencia de los asistentes” en la necesidad de lograr “amplias mayorías” en esta elección. E insisten en “dar tiempo” a que la visita del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, surta “los efectos que todos esperamos” (en cuanto la renovación del CGPJ y el cambio en el sistema de elección de los vocales para que los jueces tengan más peso en ese proceso de designación).

Posible Pleno el 13 de octubre

Es la tercera ocasión en que los cinco vocales se reúnen para consensuar los nombramientos de los dos magistrados del Tribunal Constitucional y en ninguna de ellas se ha llegado a hablar de nombres. El bloque progresista dispone de una lista de nueve posibles candidatos (todos ellos magistrados del Tribunal Supremo), pero desde el sector conservador no se ha puesto aún sobre la mesa el nombre de ningún posible aspirante.

En el último Pleno ordinario del CGPJ, Carlos Lesmes se mostró dispuesto a convocar un Pleno mañana mismo si la reunión de hoy llegaba a buen puerto. Y, en todo caso, expuso que en caso de no ser así, el próximo día 13 convocaría una sesión plenaria para que los interlocutores explicaran a sus compañeros el estado de las negociaciones. Para eso, claro, el actual presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ deberá seguir en su puesto, algo que ahora mismo está en el aire a la espera de que se plasme su anunciada intención de dimitir.

El pasado 7 de septiembre, durante su discurso en la apertura del año judicial, Lesmes anunció que dimitiría si en el plazo de semanas no se renovaba el Consejo (en funciones desde diciembre de 2018 por la falta de acuerdo entre PSOE y PP) o la institución recuperaba sus competencias para efectuar nombramientos (retiradas por la reforma legal de PSOE y Podemos que buscaba forzar al PP a negociar el relevo en el CGPJ) y poder cubrir así las alrededor de 70 vacantes judiciales (14 de ellas en el Tribunal Supremo).