Las víctimas esgrimen la tregua en Cataluña para achacar a los exjefes de ETA el asesinato de Miguel Ángel Blanco

La orden de la dirección de ETA en 2004 de no cometer atentados en Cataluña y, un año después, de no atentar contra “cargos electos” demuestran, según Dignidad y Justicia (DyJ), el “total dominio” que ejercía la Zuba o comité ejecutivo de la banda terrorista sobre los autores de los atentados.

Así lo pone de manifiesto la asociación que preside Daniel Portero en sendos escritos remitidos a la Audiencia Nacional -en las causas en las que se investigan el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997 y el atentado contra la casa cuartel de Santa Pola en 2002- en los que relaciona tres decisiones de la cúpula etarra, entre ellas la orden de tregua en Cataluña en 2004 que, según hace hincapié, ratifican que “cuando la Zuba ordenaba matar, mataban” y cuando “contraordenaba no matar” (a determinadas personas, en determinados territorios o por un plazo determinado por medio de treguas), “dejaban de matar”.

La asociación de víctimas esgrime un informe policial de diciembre de 2014 que analiza varios “zutabes” (boletín interno de ETA) en los que, defiende, se constata la intervención “directa y personalísima” de la cúpula etarra en los atentados cometidos por los “comandos” y su “plena capacidad” para “haber detenido sus atentados” en cualquier momento “si así lo hubiese querido”.

En esos escritos -en los que vincula directamente a uno de los investigados, Mikel Albisu, “Mikel Antza”, con esa tregua en suelo catalán-,el abogado de Dignidad y Justicia (DyJ) Miguel Ángel Rodríguez Arias hace referencia a tres “contraórdenes” de ETA como paradigma de ese dominio de la organización que ejercían.

Tregua en los asesinatos a concejales

La primera se incluye en el “zutabe” de julio de 2005, en el que se recoge el “cierre del frente en contra de los cargos electos de los partidos políticos españoles, cesando las acciones armadas en contra de esos objetivos”. Una tregua que ETA matiza: las autoridades estatales y los que tienen responsabilidades de ámbito gubernamental “no podrán hallar amparo dentro de esta iniciativa”.

La segunda se produce dos años después, tras 24 meses sin asesinar a ningún concejal, cuando ETA anuncia el 6 de junio de 2007 la ruptura del alto el fuego permanente.

Desde entonces, recuerda DyJ, “se retomaría el asesinato de concejales electos de la forma más trágica y criminal” con el asesinato, en abril de 2008, del concejal socialista en Mondragón Isaías Carrasco. “Una vez más -argumenta el letrado- los peones-asesinos fungibles responderían al nuevo designio de la Zuba con nuevos e inhumanos atentados contra concejales”.

Esa “contraorden”, subraya, fue de nuevo acatada “al milímetro” por los integrantes de los “comandos”, lo que según expone la acusación popular atestigüe que ETA era un “teatro de títeres asesinos, sangriento”, que funcionaba como una “auténtica polea de transmisión bien engrasada” en la que los “peones asesinos” de la banda criminal acataban las órdenes de la Zuba.

Autoría mediata “a cámara lenta”

“No es, ni más ni menos, que la autoría mediata por dominio mostrada a cámara lenta, demostrada paso a paso” (que se asienta en que los jefes de ETA eran responsables de los asesinatos ya no solo porque los ordenaran sino porque, dado el dominio de la organización que ostentaban, pudiendo evitarlos no lo hicieron).

Pero Dignidad y Justicia alude a otra “contraorden” de la cúpula etarra igualmente “acatada a rajatabla”, la que el 18 de febrero de 2004 ordenó el cese de la actividad terrorista en Cataluña para (según consta en un “zutabe” de marzo de 2005) “ahondar en la crisis que vive el Estado en su estructuración” y debilitar al Gobierno de José María Aznar.

De hecho, la asociación vincula con esta decisión a “Mikel Antza” (investigado por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco y por el atentado contra la casa cuartel de Santa Pola, donde murió una niña de seis años y un hombre que esperaba el autobús en las proximidades) dado el papel que ejercía en esas fechas en el “aparato político” de ETA. Incluso alude a la supuesta reunión que mantuvieron en Francia “Josu Ternera” y el propio “Mikel Antza” con Josep Lluís Carod Rovira en enero de 2004 antes de que los terroristas anunciaran esa tregua en Cataluña.

“Sí que quiso aprobar y aprobó, en enero de 2004, la contraorden en relación a cesar los atentados y masacres en Cataluña”, recalca DyJ, mientras que en 1997 no lo hizo para ordenar “cesar los atentados y asesinatos contra concejales”.

Ese paso, asegura, “hubiese bastado sin ningún género de dudas para detener en seco igualmente tales atentados contra concejales, y jamás se hubiese producido la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Miguel Ángel Blanco”.