Nueva vista judicial sobre el destino de los bienes del Pazo de Meirás

Mientras el Tribunal Supremo se pronuncia sobre elPazo de Meirás, con dos sentencias a favor de su titularidad pública, en los tribunales se suceden los pleitos por los bienes contenidos en la finca coruñesa. El último capítulo se vivirá este viernes en el juzgado de Primera Instancia Número 70 de Madrid, que escuchará durante una vista las alegaciones de la Abogacía del Estado y de la familia de Francisco Franco sobre la demanda que presentaron los servicios jurídicos de la Administración el pasado 21 de septiembre –a la que se ha sumado la Xunta de Galicia– para reclamar la propiedad pública de 564 bienes muebles que se encuentran en la finca coruñesa. En concreto, el juez Roberto Fernández estudiará la petición de medidas cautelares de los servicios jurídicos del Estado, que reclaman que se acuerde la permanencia de los bienes dentro del Pazo de Meirás, y en depósito de la Administración, hasta que se resuelva «a quién corresponde la propiedad».

Para la Abogacía, es una medida cautelar que se considera «esencial» para «garantizar la conservación y protección de todos estos bienes, así como la integridad de los intereses históricos y artísticos vinculados a estos bienes por el lugar donde se encuentran».

La Administración reclama la propiedad de un total de 564 bienes muebles o documentos y legajos que se agrupan en tres categorías: bienes de Patrimonio Nacional; del Patrimonio Documental Español y bienes que son de dominio público por su afectación al uso del Pazo de Meirás como residencia oficial del jefe del Estado.

Los servicios jurídicos del Estado presentaron la demanda después de que los Franco solicitasen al Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña retirar todos los bienes depositados en el inmueble que no fueron reclamados por el Estado en su momento.

Este mismo juzgado ha emitido una providencia en la que requiere al Estado para que en el plazo de diez días indique «de forma detallada y separada» qué bienes del inventario realizado el 11 de noviembre de 2020 son objeto de la demanda que presentó hace tres semanas por la propiedad de los 564 bienes del pazo.

Este mes, la Xunta de Galicia anunció que se sumaría a la demanda interpuesta al respecto de la consideración de bienes de dominio público y patrimonio público, tanto de objetos procedentes de la etapa de Emilia Pardo Bazán (transmitidos en 1938) como de los instalados por Franco.

La Xunta aseguró que así reforzaba «la postura que lleva manteniendo desde el inicio del proceso» y apoyaba «la unidad de acción» con el resto de administraciones, con el objetivo de trabajar «de forma leal y coordinada para favorecer los intereses generales de Galicia». De hecho, el Ejecutivo autonómico recordó que la demanda por parte del Estado era un paso que «llevaba solicitando desde hace mucho tiempo». La vía judicial es, para la Xunta, «la única forma de garantizar la propiedad de estos bienes», como ya ocurrió con el propio Pazo de Meirás y algunos elementos vinculados.

Por este motivo, en el escrito presentado ante el juzgado de Madrid, la Administración gallega expuso su “interés legítimo” para participar en este pleito, como ya lo hace en el procedimiento que está abierto sobre la titularidad del inmueble.

La Xunta defendió que la permanencia de los objetos relacionados con Emilia Pardo Bazán y Francisco Franco --cuando era jefe del Estado-- en el complejo de Meirás “haría más transmisible y comprensible los acontecimientos históricos que allí se produjeron”.

En relación a esta cuestión, el consejero de Cultura gallego, Román Rodríguez, insistió en que se trata de un proceso “complejo” por el hecho de que una parte del pleito esté en un juzgado de A Coruña y otra en el de Madrid, informa Ep.

No obstante, incidió en que la Administración gallega apoyaba esa reclamación por ser “la forma en que estos bienes pasen a ser propiedad pública”. Por todo ello, ha apelado a la “unidad de acción”. Mientras, ha reiterado que la declaración Bien de Interés Cultural (BIC) lo que hace es “proteger un bien, pero no interviene sobre la propiedad”.