Tribunales

Un vocal del CGPJ pide al Supremo que suspenda la presidencia de Rafael Mozo

Wenceslao Olea ha presentado un recurso solicitando como medida urgente que se anule el acuerdo del pleno a la espera de que se revise si Mozo puede sustituir oficialmente a Carlos Lesmes

El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Wenceslao Olea ha presentado un recurso en el Tribunal Supremo pidiendo como medida urgente que se suspenda la presidencia de Rafael Mozo. Los vocales eligieron la pasada semana a Mozo como sustituto de Carlos Lesmes tras su dimisión como presidente y la institución quedó en una bicefalia sin precedentes. Olea votó en contra de esta decisión y ya la ha impugnado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, según confirman fuentes jurídicas a LA RAZÓN. También el secretario general de la institución, José Luis de Benito, ha presentado un recurso en una línea similar.

Por si el lío era poco, el recurso que acaba de entrar en el Tribunal Supremo suma un nuevo capítulo de enredo jurídico en la situación que vive la institución desde que Lesmes decidiera renunciar ante el bloqueo de casi cuatro años del CGPJ. Ahora el camino que se abre vuelve a ser incierto. Todas las decisiones adoptadas en el pleno del Poder Judicial las ve por ley la sección sexta del alto tribunal cuyo presidente es el de la Sala, César Tolosa. Allí ha llegado ya el recurso de Olea y se da la circunstancia de que Tolosa ha sido miembro de la Sala de Gobierno que, junto a Lesmes, ha ido refrendando y apoyando los acuerdos previos a la renuncia por lo que también está en debate si él puede participar o no del fallo.

En dos ocasiones esta Sala de Gobierno se ha pronunciado para “apoyar” al entonces presidente y para mostrar su acuerdo con el informe que éste encargó al gabinete técnico y que decía que el sustituto natural debía ser el presidente de la Sala de lo Civil Francisco Marín Castán.Una amplia mayoría de vocales (excepto Olea y la vocal Mar Cabrejas que se salió incluso de la reunión) decidieron, sin embargo, dividir el liderazgo en dos para que Marín Castán se quedara solo al frente del Supremo -Lesmes era presidente del Tribunal y del Consejo- y Mozo con la batuta del CGPJ. Una situación contraria a lo que indicaba el citado informe del gabinete técnico que alegaba que en la Constitución ambas presidencias son indivisibles y que Marín Castán debía entrar de forma “automática”.

Así lo entiende también Olea que defendió en su voto particular que “solo puede existir un único presidente” y que “no pueden existir bicefalias en el actual sistema legal”. Para él el pleno “carece de competencias para realizar el nombramiento de un presidente del Consejo con independencia de quién ejercite la presidencia del Tribunal Supremo”. Unos argumentos muy distintos al de la mayoría de vocales que creían que sí tenían voz para poder garantizar la sustitución de Lesmes.

Para Olea, que es además magistrado de la Sala de lo Contencioso-administrativa del Supremo, “se parte, de manera errónea, de que la designación de quien ha de ejercer las funciones de presidente lo hace a título de mera suplencia sin llegar a alcanzar la sustitución de dicho órgano. Sobre esa base se articula un estatus específico de dicha designación donde, a la postre, se le impone limitaciones a las potestades que la ley confiere al presidente”. Cree, por tanto, que cualquier decisión que tome ahora Mozo puede ser nula de pleno Derecho si eventualmente se decide que él no debía haber tomado las riendas y, es por eso, que solicita la paralización inmediata de su presidencia.

Ahora la sección sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativa debe tomar una decisión en menos de 48 horas porque las medidas solicitadas por Olea son cautelarísimas. En este sentido y según las fuentes jurídicas consultadas, lo previsible es que Tolosa se aparte por haber participado de la Sala de Gobierno y sean el resto de magistrado los que decidan si suspenden a Mozo por el momento hasta que resuelvan el fondo de la cuestión o si le permiten continuar.

Es la primera vez que altos cargos del CGPJ impugnan ante el Tribunal Supremo una cuerdo del propio Consejo de tanta relevancia y supone un incremento en la escalada de la crisis institucional mientras PP y PSOE siguen intentando sellar un pacto de renovación.