Así funcionaba el CNI catalán: del escolta de Puigdemont a la «app» para una votación digital

Una sospechosa reunión en el Hotel Restaurante Bayona (Barcelona) hizo saltar todas las alarmas en el Ministerio del Interior. Cuando la Guardia Civil se encontraba en 2018 inmersa en un operativo para seguir a los responsables de los Comités de Defensa de la República (CDR) que organizaban acciones para la independencia de Cataluña se toparon con un «nuevo hito» que cambiaría el rumbo de la investigación en la Audiencia Nacional. El juez Manuel García Castellón -a cargo de las pesquisas- abrió una pieza separada y accedió a la intervención de decenas de teléfono con un motivo: se estaba fraguando un CNI catalán.

De lo que se desprende del sumario (que llevaba cuatro años secreto) y al que ha accedido LA RAZÓN todo se inicia con una conversación entre dos CDR investigados. Ferrán Jolis y Xavier Buigas hablan de un grupo al que llaman «CNI» y detallan un plan para ocupar el Parlament que incluía resistir allí una vez ocupado el edificio público, ocupar dos pisos francos con antenas de larga distancia y un coste del dispositivo de unos 6.000 euros. De esa conversación los agentes supieron de una cita con un «grupo de trabajo» que iba a tener lugar a las ocho menos cuarto de la tarde en el mencionado hotel. El asunto a tratar era esa supuesta agencia de inteligencia. Así que hicieron una «oportuna» y «discreta vigilancia» del encuentro en el que participaron 14 personas como los empresarios Miguel Montero de Quadras o Ramir de Porrata-Doria, que había sido candidato a las elecciones del Parlamento de Cataluña en 2017 por JxCat. Había miembros de la ANC, un agente de la Guardia Urbana, un policía local, un bombero, etc.

Pero un asistente en concreto preocupó y mucho a la benemérita: Francesc Claret, agente del servicio de información de los Mossos d’Esquadra. «Circunstancia grave por el mero hecho de que es un agente de la autoridad reunido clandestinamente junto al representante de los CDR, más si cabe por la pertenencia de éste al Servicio de Información del cuerpo autonómico y el consecuente acceso a información, recursos, bases de datos y diferentes herramientas de investigación», dice la Guardia Civil en un informe en el que piden permiso para intervenir todos los teléfonos de los asistentes.

García Castellón da la venia y se inicia una nueva línea de investigación sobre el CNI catalán. El sumario describe una estructura piramidal «perfectamente organizada» en los «Escuts per la república» (escudos por la república). La coordinadora general es supuestamente María Dolors Gonyalons que asegura, según las escuchas, que tienen controlado «todo el país». Junto a ella en la cúspide está Lluís Escolá Miquel, mosso y escolta del expresidente Carles Puigdemont. La estructura se sigue con referentes comarcales, otros coordinadores y las bases «formadas por voluntarios afines al independentismo procedentes de un amplio abanico de colectivos» como CDR o simpatizantes de la CUP, ERC o JxCat.

De aquí, precisamente, se desgranan los Equipos de Respuesta Táctica (ERT) que en base lo acreditado por la Audiencia Nacional fueron el núcleo duro de los CDR y llegaron a fabricar explosivos. Precisamente ayer, el magistrado cerró este sumario y dejó a 12 de estos investigados a un paso del banquillo por organización terrorista.

La Guardia Civil detalla que van recabando voluntarios para «instruirlos en distintas tareas» con fines propagandísticos, por ejemplo, «previo pago de suscripción». En un informe pormenorizado de todos los personajes que van apareciendo en las pesquisas (el juez termina autorizando 30 intervenciones de teléfonos) el empresario Prorrata-Doria adquiere un papel fundamental. Dicen los agentes que llegó a intermediar con distintas formaciones políticas separatistas con representación en el Congreso de los Diputados consensuar una estrategia «con la intención de efectuar un bloque institucional con capacidad de paralizar parlamentariamente el Estado Español, para que en la práctica sea ingobernable». De las vigilancias efectuadas se observa, por ejemplo, un encuentro con la otrora Consejera de la Presidencia de la Generalitat Elsa Artadi.

Batido de fresa y cacahuete

A lo largo de decenas de informes los agentes describen cómo los investigados se implican de forma «directa y decisiva en la creación, asesoramiento, apoyo y soporte de la plataforma digital ‘Consell per la República’ manteniendo contacto y enlace directo con sus impulsores y organizadores, las autoridades catalanas en rebeldía procesal instaladas en Bélgica y su entorno de confianza». Se refieren así a Puigdemont y a su entorno y se acreditan viajes de los miembros CDR a Waterloo.

Los informes dicen que todo este proceso clandestino se «ideó e impulsó, inicialmente, con la conformidad del Presidente de la Generalitat Joaquím Torra». De hecho, detectan contactos entre el entonces presidente de la Generalitat y los imputados bajo sospecha.

La Guardia Civil coloca balizas de seguimiento en, al menos, siete coches. Con esto y la intervención de las comunicaciones descubren que cuando Ferrán Jolis habla con Guillem Xavier Duch de comprar «batidos de fresa» se refieren a «terminales móviles de uso clandestino utilizado en las comunicaciones seguras entre los miembros de la organización CDR». Lo mismo que para hablar de tarjetas prepago como «cacahuetes». Ellos se sabían espiados y la utilización tanto de palabras clave como de plataformas de mensajería encriptadas complica la labor espía de los agentes de la Comisaría de Información de Cataluña. En ello justifican las continuas petición de prórroga para intervención de coches, teléfonos e, incluso, el magistrado llegó a autorizar un software tipo «Pegasus» que era capaz de entrar en sus teléfonos y activar el micrófono o robar cantidad de información.

El proyecto de «app» para una votación digital

El proyecto «vocdoni» (significa votar en esperanto) consistió en desarrollar una aplicación para smartphone que permitía realizar votaciones utilizando un sistema de identidades digitales evitando censuras y bloqueos. La Guardia Civil detalla un grupo de ingenieros que en 2020 trabajaron por crear una suerte de «app» que pudiera programar unos comicios digitales. El juez, con el apoyo del teniente fiscal de la Audiencia Nacional, autorizó pedir información a Google Irlanda para conocer más detalles sobre esta creación.