España da un empujón al caza del futuro mientras Francia y Alemania se pelean

España empieza a trabajar en el caza europeo del futuro y lo hace a pesar de ser el último país en unirse al programa y mientras los otros dos socios, Francia y Alemania, se enfrentan por ver quién saca más tajada de los contratos principales. La Dirección General de Armamento y Material (DGAM) del Ministerio de Defensa acaba de adjudicar los primeros contratos a Indra, coordinador nacional del proyecto, y a Airbus España, con un presupuesto conjunto de 31,7 millones de euros, lo que sin duda puede tirar del carro del futuro avión de combate europeo, ralentizado en los últimos meses por las discrepancias entre las industrias francesa y alemana.

En 2017, Alemania y Francia decidieron que era hora de que Europa tuviera un caza propio, el más moderno posible para, entre otras cosas, aunar esfuerzos y que cada país no fuera por separado en pro de dar un paso más hacia lo que siempre se ha intentado: unir el continente para poder pintar algo en política internacional. No iba a ser un avión más, sino un Sistema de Sistemas, un caza de sexta generación con gadgets en forma de enjambres de drones y todo tipo sistemas asociados. Tanto era así que nadie se atrevía a hablar de avión o de caza y hubo que buscar algo más acorde al ambicioso proyecto. Al final, el programa recibió el pomposo nombre de Sistema de Armas de Siguiente Generación/Futuro Sistema Aéreo de Combate, es decir: NGWS/FCAS, por sus siglas en inglés.

Al mismo tiempo que la política empezaba a firmar sus acuerdos, la parte industrial hacía lo propio. Dassault, por Francia, y Airbus, por Alemania, se daban la mano. Los franceses harían el llamado Caza de Nueva Generación (NGF) y los alemanes los Transportadores por Control Remoto (RC) con MBDA como socio principal y el Sistema de Sistemas/Nube de Combate Aéreo (SoS/ACC) con Thales. El reparto estaba hecho.

España da un paso al frente

En 2019, España se unió al proyecto oficialmente con la famosa firma de las tres ministras: Margarita Robles, por España; Ursula von der Leyen, por Alemania, y Florence Parly, por Francia. Al año siguiente, en 2020, salió adelante el primer contrato, 155 millones de euros y un plazo de 18 meses para desarrollar un primer demostrador. Y entonces llegaron los líos.

Más allá del apretón de manos inicial, Dassault y Airbus nunca se han llevado bien, hasta el punto de que el programa lleva actualmente meses paralizado por un problema de competencias. Las discrepancias son generales, si bien se materializan en cuestiones concretas, como por ejemplo los controles de vuelo. Desde Francia, el consejero delegado de Dassault, Eric Trappier, ha llegado incluso a advertir de que estos desencuentros retrasarán una década el futuro sistema aéreo de combate, de 2040 hasta 2050.

Ante el desencuentro francoalemán, España ha dado un paso al frente. Robles comenzó hace unos meses pidiendo a las empresas “responsabilidad” para lo que calificó de “impasse no aceptable” y ha continuado ahora con estas adjudicaciones.

Aun así, ya hay mucho daño hecho. Es de recordar que estas pataletas empresariales han socavado una parte del proyecto, que es la compra del FCAS por terceros países, que ven en los retrasos una problema de tiempos y de confianza. Incluso España está en ese punto y el Ejército del Aire se ha llegado a plantear oficialmente la adquisición del F-35 estadounidense porque necesita renovar su flota ya mismo y el programa europeo está a otras cosas.

No solo el F-35 puede salir beneficiado de estos parones, sino también otros programas como el Tempest británico, que como el europeo está en pleno desarrollo pero sin tantos problemas.

Cuatro contratos adjudicados y otros dos pendientes de evaluación

En concreto, el paso adelante dado por Defensa otorga a Indra dos contratos valorados en 17 millones; uno para actividades de modelado, desarrollo conceptual y evaluación del programa por 6,5 millones y otro para actividades de los pilares de la nube de combate y sensores por 10,5 millones. Airbus, por su parte, se ha llevado otros dos por un valor conjunto de 14,7 millones, uno para actividades del pilar del caza (NGF) por 9,2 millones y otro para la definición de arquitecturas operativas dentro del programa por 5,5 millones. Los contratos tienen una duración de nueve meses (hasta junio de 2023).

Por cierto, que el Gobierno central acaba de duplicar, de cara a los presupuestos de 2023, el montante destinado al FCAS hasta los 525,7 millones de euros. En 2022 esa cantidad fue de 274 millones de euros.

Lo que comienza con estas adjudicaciones es la fase de I+D+i del programa, que es el paso previo necesario para crear los planes tecnológicos industriales que permitan el desarrollo de los demostradores a principios de 2027. En paralelo también se desarrollaron los llamados Transportadores por Control Remoto (RC), que básicamente son los drones que acompañarán al caza. En este sentido, han quedado pendientes (en fase de evaluación) otros dos contratos correspondientes a los pilares del motor por 9,6 millones de euros y los mencionados drones por 4,6 millones de euros. El primero de esos contratos será para ITP Aero, al frente de la propulsión en España, y el segundo, para la Satnus, la sociedad formada por Sener Aeroespacial, GMV y Tecnobit-Grupo Oesía, responsable de la actividad nacional asociada a los operadores remotos.

Ahora está por ver si las grandes empresas europeas del programa también se ponen las pilas. O se las ponen...