Dos personas murieron al día en la ruta canaria en los últimos 22 meses

Sucedió hace diez días. Una neumática con 52 personas a bordo pidió auxilio desde una embarcación desfondada en la ruta Canaria. Se necesitaba urgentemente un medio aéreo en la zona para socorrer a sus tripulantes, sin embargo, cuando acudieron los servicios de rescate se encontraron la embarcación ya semihundida y solo pudieron rescatar con vida a 30 personas. Fue la última tragedia mortal en la ruta canaria, conocida como la más mortífera por la longitud de la travesía y las condiciones extremas del mar. Desde 2021 hasta la actualidad, han muerto 1.553 personas intentando llegar al Archipiélago desde distintos puntos de África Occidental, según el balance de la Organización Internacional de Migraciones (OIM). Es decir, al menos dos personas mueren al día tratando de alcanzar la costa canaria. En términos globales, esta travesía supone el 27% de las muertes registradas en total, que fueron 5.648.

Las cifras publicadas por esta agencia de la Organización de las Naciones Unidas son mucho más conservadoras que las de la ONG Caminando Fronteras, que en su último recuento cifra en más de 4.000 los fallecidos en 2021 en esta travesía, que junto con la ruta del Mediterráneo central – con destino a las costas italianas– se mantienen como las más peligrosas.

Prueba de ello, es que según la OIM, la muerte de 1.532 entre 2021 y 2022 supera cualquier período de dos años analizado desde que la organización comenzó a documentar los fallecimientos en 2014. De hecho, desde la OIM ponen el acento en la peligrosidad de esta ruta que dificulta el rastreo de los datos, especialmente, debido a los «naufragios invisibles», nombre con el que se describe aquellas embarcaciones que se hunden sin dejar huella con todos su ocupantes a bordo. El 27,6% de estas muertes se produjeron por escasez de alimentos, agua o por las condiciones adversas durante la travesía, mientras que la gran mayoría, un total de 1.053 fueron por el hundimiento de las embarcaciones.

«Estas muertes continuadas son otro recordatorio de que se necesitan desesperadamente rutas más seguras y legales para la migración», manifestó al presentar estos datos la experta de OIM Julia Black, responsable del «Proyecto Migrantes Desaparecidos», que hace un seguimiento periódico de estos datos a nivel global.

Más allá de estas cifras relacionadas con la mortalidad en las travesías, existen datos optimistas respecto al número de llegadas irregulares a las costas españolas. A falta de la actualización quincenal del Ministerio de Interior, hasta el 15 de octubre llegaron un total de 25.169, un 21,5 % menos que en el mismo período de 2021, con lo que se mantiene la tendencia descendente de las últimas quincenas. Un descenso que también se registra en Canarias, a cuyas costas han llegado en lo que va de año 13.122 inmigrantes, lo que representa una bajada del 13% respecto a un año antes.

Pese a esta caída –que el Gobierno relaciona con la nueva etapa en las relaciones entre España y Marruecos– la realidad es que la masiva llegada de personas de manera irregular al Archipiélago ha puesto contra las cuerdas a su sistema de acogida. De hecho, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones –que dirige José Luis Escrivá– firmó con el Gobierno de Canarias un convenio dotado con 50 millones de euros para la atención a inmigrantes, previsto en los Presupuestos Generales del Estado para «abordar la situación absolutamente singular» de Canarias como frontera sur. No en vano, desde 2019 , las Islas experimentan un sorprendente aumento del flujo migratorio –que recuerda al de la crisis de los cayucos de 2006– al incrementarse un 700%, pasando de los más de 2.000 a 24.000 migrantes.

Menores no acompañados

El fenómeno de la inmigración irregular tiene muchas aristas y una de las más inquietantes está relacionada con la llegada de menores no acompañados (mena), cuya tutela recae sobre los servicios sociales de la comunidad autónoma a la que llegan. A día de hoy, son 2.538 los menores atendidos por la Comunidad Autónoma de Canarias, según explicó esta semana la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, en el parlamento autonómico. Sin embargo, su distribución por las distintas islas es muy desigual ya que el grueso se concentra en Gran Canaria con 1.486 menores. Desde hace meses, el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres (PSOE) reclama un reparto entre las comunidades con el objetivo de aliviar la presión sobre los recursos de acogida. Según anunció, se ha firmado con otras comunidades un acuerdo de distribución para 2022 y 2023 para la derivación de cerca de 700 menores.