La sedición hace estallar el pacto para renovar el CGPJ

Al final del día llegó la suspensión de las negociaciones para la renovación del CGPJ. Tras una intensa jornada, el PP hacía público, a través de un comunicado, que congelaba las conversaciones con el PSOE. Todo había empezado horas antes en el Congreso de los Diputados: las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, apuntando a la reforma del delito de sedición en pleno debate de los Presupuestos, presagiaban el estallido del acuerdo. Como terminó sucediendo. El PP aseguraba que, dada la intención del Ejecutivo de reformar la tipificación penal del delito de sedición, «las conversaciones quedan suspendidas. A la espera de que el PSOE decida si en el ámbito institucional quiere avanzar con un partido constitucionalista como el PP o quiere seguir de la mano de partidos que buscan debilitar el Estado de Derecho y romper la unidad constitucional».

Según informó el PP, Alberto Núñez Feijóo mantuvo en la tarde de ayer «una conversación telefónica con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para actualizar el estado de las conversaciones respecto a un cambio legislativo para garantizar la independencia judicial, así como para la renovación de los órganos pendientes». Y, en un relato pormenorizado de la conversación, añadieron que Feijóo le trasladó «su extrañeza ante el cambio de posición del PSOE en lo relativo a la reforma del Código Penal para rebajar las penas del delito de sedición». Esa sorpresa venía porque hasta ese momento el PSOE había trasladado a los populares que no estaba en sus planes acometer esa modificación. «Pese a las diferentes versiones trasladadas pública y privadamente por distintos miembros del Gobierno, Sánchez confirmó a Feijóo que su agenda legislativa incluye esa reforma del Código Penal y, en consecuencia, no va a renunciar a su modificación». Es decir, la reforma exigida por ERC para reducir las penas del delito de sedición es un acuerdo ya cerrado con los socios de legislatura.

En ese sentido, el PP considera «una incongruencia insalvable pactar el reforzamiento del Estado de Derecho al mismo tiempo que se pacta con otros partidos desprotegerlo». Además, los de Feijóo creen que la decisión de «incorporar a la agenda política la reforma del Código Penal en este momento solo puede obedecer a dos motivos: o exigencias del independentismo o vocación de paralizar un acuerdo para despolitizar la Justicia que estaba muy avanzado y que parece no convencer al Gobierno». Aun así, el líder del PP volvió a ofrecer a Sánchez abordar juntos cualquier reforma del Código Penal que afecte a los delitos de rebelión, sedición así como la tipificación del delito de la convocatoria de un referéndum ilegal, «tal y como Sánchez prometió a los españoles cuando se presentó a las elecciones». Es decir, elegir socios con los que acometer cualquier cambio.

Antes de que estallara todo, a lo largo de todo el día de ayer y para intentar salvar las negociaciones, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Relaciones Institucionales del PP, Esteban González Pons, «quemaron» el teléfono. La ministra rectificó, y el líder del PP intentó abrir una vía de salida al desvincular expresamente la renovación del CGPJ y del TC del debate sobre el delito de sedición, pese al coste que estas declaraciones tenían ante la presión política, judicial y mediática que está recibiendo el PP para que no ceda en la negociación. Feijóo evitó relacionar la rebaja de las penas por la sedición con la renovación en marcha, aunque sí confirmó que endurecerá el delito si gobierna.

Que este debate saltara justo en el momento más delicado de la negociación entre Moncloa y el PP puede ser intencionado por parte del Gobierno, o «torpeza», como quieren ver en la dirección popular, pero lo que está claro es que Moncloa era plenamente consciente de que era una piedra pesada en el camino y que colocaba en una posición especialmente delicada a Feijóo. En ningún caso le ayuda a dar el paso de sellar el acuerdo, que se tenía la intención de que quedase oficializado esta misma semana, o, en todo caso, antes de que el político gallego inicie la próxima semana su gira por Latinoamérica.

La gestión de Moncloa alimentó las suspicacias y los recelos dentro de la organización popular respecto a lo que pretendía Sánchez. «Está intentando echar a Feijóo al monte», comentaban ayer en Génova.

Mientras que en la cúpula popular habían apostado por el pacto, sin embargo en el PP han sido, y siguen siendo, muy escépticos. La única salvación de Génova reside en que no renuncie a la reforma del sistema de elección de los jueces, teniendo además de su parte la posición europea. Esta reforma es la clave de todo, y lo que decidirá si la partida la gana Moncloa o el PP. A Sánchez no solo se le ha abierto el frente del PP por sus guiños a la reforma del delito de sedición, sino que también ha empezado la explosión interna por la presión de sus barones, que sienten que este nuevo movimiento de Moncloa les complica todavía más su inminente carrera electoral.

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, defendió en Bruselas que Puigdemont debe someterse a los tribunales antes de hablar en serio de la reforma del delito de sedición. «La Constitución necesita una autodefensa». La lectura fue que se dirigía a Sánchez, y que Puigdemont era la excusa.