“Kantauri” calla sobre el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco

José Javier Arizkuren Ruiz, “Kantauri”, se ha acogido hoy a su derecho a no declarar sobre su supuesta responsabilidad en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en julio de 1997. Según fuentes jurídicas, en la comparecencia por videoconferencia desde la prisión donde cumple condena, el exjefe de ETA ha esgrimido (como ya hizo Soledad Iparraguirre, “Anboto”, en esta misma causa) que Francia no ha autorizado su entrega para que sea interrogado en relación a estos hechos, acogiéndose por tanto al principio de especialidad.

Hace diez días, la incomparecencia del Ministerio Público al encontrarse de baja los dos fiscales del caso obligó a aplazar esta declaración. Ambos asumieron el caso después de que, el pasado julio, las discrepancias entre el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, y el fiscal del caso, Vicente González Mota, en cuanto a la prescripción de los hechos acarrearan el relevo de este último en la comparecencia de otros dos exjefes de ETA investigados -Mikel Albisu, “Mikel Antza”, y Soledad Iparraguirre, “Anboto”-. Su sustituto en aquella diligencia, el fiscal Pedro Rubira, desinfló los indicios recogidos por la Guardia Civil en su informe de inteligencia y anticipó que la posible responsabilidad de los imputados habría prescrito.

Ahora, la Junta de Fiscales de Sala -donde el fiscal general, Álvaro García Ortiz, abocó la cuestión- tiene pendiente dirimir esta controversia.

Con González Mota, la Fiscalía llegó a recurrir el archivo de las actuaciones respecto a otro de los querellados, Ignacio Gracia Arregui, “Iñaki de Rentería”, al cuestionar que su posible responsabilidad haya prescrito. Un recurso sobre el que todavía tiene que pronunciarse García Castellón.

Cadena de mando vertical

En el auto en el que imputó a “Anboto”, Mikel Albisu, “Mikel Antza”, y “Kantarui”, el magistrado recordaba que en 1996 el secuestro de un concejal del PP “era una prioridad absoluta” para la dirección de ETA, que a través de su cúpula apremió a llevarlo a cabo en verano “y lo antes posible”. Un propósito que, señaló, queda acreditado por anotaciones manuscritas atribuidas a “Kantauri”, entonces responsable de los “comandos ilegales”, y enviadas a los integrantes del “comando Vizcaya”.

Para García Castellón no hay duda de que “partiendo de esa fuerte jerarquía reinante en ETA, en la que imperaba la disciplina y la organización”, existió en su seno “una cadena de mando de tipo vertical y “militar” en la que las órdenes emanadas desde su comité ejecutivo llegaban a los integrantes de los comandos operativos de la organización terrorista para ser cumplidas”.

Según el magistrado, los imputados pudieron haber evitado el asesinato del concejal del PP en Ermua (Vizcaya) al ostentar “suficiente capacidad de mando y de decisión sobre la actividad terrorista de la organización”. En su calidad de integrantes de la cúpula terrorista, defendió en su auto de imputación, no solo decidieron, planificaron y ordenaron esa operación criminal, sino que se responsabilizaron de su secuestro a través de un comunicado de la dirección etarra “justificando la acción terrorista”.

“Anboto” y “Mikel Antza” tampoco declararon

“Anboto” y “Mikel Antza” comparecieron el pasado día 21 ante el juez (la primera por videoconferencia), aunque ambos se acogieron a su derecho a no declarar. “Mikel Antza” (investigado también por el asesinato de Gregorio Ordóñez) se limitó a decir que ya fue condenado en Francia por asociación de malhechores y ha cumplido su condena.

El juez acordó su libertad provisional de “Mikel Antza” al no apreciar riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas o de reiteración delictiva, pero a petición de Dignidad y Justicia, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y el PP le retiró el pasaporte y le prohibió salir de España, unas medidas que ya pesaban sobre él en la causa por el asesinato de Gregorio Ordóñez.

“Mikel Antza” fue entre 1994 y el 3 de octubre de 2004, cuando fue detenido en Salies de Bearn (Francia), el responsable del “aparato político” de ETA e integrante, por tanto, de la Zuba o comité ejecutivo de ETA.

“Posición de mando”

Iparraguirre tampoco quiso responder a ninguna pregunta sobre el secuestro y asesinato del edil de Ermua y únicamente aseguró que no fue entregada por Francia por estos hechos. “Anboto” fue la principal responsable de los “comandos legales” de ETA y dirigente de su “aparato militar” entre principios de 1993 y finales de 1998, cuando asumió la gestión de la tesorería de ETA y el control de los “zulos”. Para García Castellón, tenía una “participación en la dirección de las acciones terroristas y fijaba los objetivos potenciales de las mismas”.

Y es que según el instructor, los dirigentes etarras eran “plenamente conscientes” de su “posición de mando” y de su “amplia capacidad de actuación” en el seno de la organización terrorista, una preponderancia jerárquica que les permitía “ordenar la comisión de acciones terroristas concretas” o bien “evitar las mismas”, por lo que “pudieron haber evitado” el asesinato de Miguel Ángel Blanco dada su “suficiente capacidad de mando y de decisión sobre la actividad terrorista de la organización”.

García Castellón defiende que “tenían a su alcance los medios para hacer cesar esa situación y su posible resultado final, el asesinato de la víctima”, tal y como defendía en la querella contra la excúpula de ETA que reabrió la causa el abogado de Dignidad y Justicia Miguel Ángel Rodríguez Arias, quien considera responsables del secuestro y posterior asesinato a los integrantes de la Zuba como autores mediatos por el dominio que tenían en ETA, lo que en cualquier momento les hubiera permitido evitar la ejecución del edil.