La Fiscalía pide 30 años de cárcel para “Ata” por el asesinato de Giménez Abad

La Fiscalía de la Audiencia Nacional reclama que se condene a 30 años de prisión a los etarras Mikel Carrera Sarobe, «Ata», exjefe militar de ETA, e Itxaso Zaldua, «Sahatsa», por el asesinato, en mayo de 2001, del senador Manuel Giménez Abad. El representante del Ministerio Público concluye que ambos «habían diseñado y ejecutaron concertadamente» el atentado que terminó con la vida del entonces presidente del PP de Aragón, aunque fue «Ata» quien le disparó «por la espalda y a bocajarro» en presencia de su hijo menor cuando ambos se dirigían al estadio de la Romareda para ver un partido del Real Zaragoza.

En el escrito de calificación, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la fiscal Ángela Gómez-Rodulfo acusa a los dos etarras de un delito de asesinato terrorista y pide a la Sección Primera de la Sala de lo Penal del citado tribunal que, además de la pena de cárcel, les imponga otra de inhabilitación por idéntico periodo y les prohíba aproximarse a menos de un kilómetro de la ciudad de Zaragoza durante cinco años una vez cumplida su condena. Además, solicita que indemnicen de forma solidaria a la viuda de Giménez Abad y a sus hijos con 150.000 euros a cada uno.

En ese escrito, la representante del Ministerio Público sitúa a «Ata» y a Zaldua en el «comando Basajaun» al menos en el año del atentado y asegura que los dos terroristas decidieron «dar muerte» a Giménez Abad. «Para ejecutar su plan criminal» –explica– «que los dos habían diseñado y ejecutaron concertadamente» se desplazaron a Zaragoza donde, sobre las 18:30 horas del 6 de mayo de 2001 sorprendieron al político del PP cuando se dirigía a la Romareda con uno de sus hijos, entonces menor de edad.

“Por la espalda y a bocajarro”

Según el relato de hechos de la Fiscalía, mientras caminaban por la céntrica calle Princesa de la capital aragonesa, Carrera Sarobe «se aproximó a ellos y disparó por la espalda y a bocajarro» a Giménez Abad, que entonces tenía 52 años, «y continuó disparando mientras caía y cuando ya se encontraba tirado en el suelo». Todo ello, precisa, «en presencia de su hijo menor de edad». Tras cometer el asesinato, los dos etarras huyeron del lugar.

La fiscal recuerda que el senador del PP recibió el impacto de tres proyectiles de 9 mm Parabellum disparados por una pistola semiautomática de la marca HS. Uno de ellos le alcanzó en la zona lumbar derecha, otro en el glúteo y el último en la región occipital, falleciendo en el acto por un shock traumático y hemorrágico. ETA reivindicó el atentado el 26 de julio de ese mismo año mediante un comunicado publicado en el diario «Gara».

Carrera Sarobe cumple actualmente una pena de cadena perpetua en Francia por un doble asesinato (por lo que España debería solicitar a Francia su entrega temporal para sentarlo en el banquillo). El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor de la causa, le procesó en julio de 2019 como «autor de los disparos».

El procesamiento de Zaldua se produjo un año después tras ser detenida en Hernani (Guipúzcoa). Varios testigos habían explicado tras el atentado que «Ata» huyó junto a una mujer tras asesinar al presidente del PP de Aragón, pero la Guardia Civil no situaba en esas fechas a Zaldua como integrante del «comando Basajaun», por lo que su rostro no figuró en ninguna rueda de reconocimiento hasta casi veinte años después, cuando fue identificada por un testigo protegido.

Pide que testifique el hijo de la víctima

«Sahatsa» –que cumplió condena en Francia como integrante de ETA– fue detenida el 21 de julio de 2020 y se encuentra desde entonces en prisión provisional, que fue prorrogada por la Sala de lo Penal el pasado 22 de junio. Una prueba caligráfica que se cotejó con una nota manuscrita intervenida al exdirigente etarra Juan Fernández de Iradi, «Súsper», fue clave en su procesamiento por este asesinato.

La fiscal del caso pide al tribunal que declare como testigo en el juicio Borja Giménez Larraz, el hijo del senador del PP que acompañaba a su padre cuando fue asesinado. También solicita que testifiquen varios agentes de Policía, Guardia Civil y Policía Local de Zaragoza y testigos presenciales, cuatro de ellos protegidos, cuyos testimonios se antojan claves para la identificación de los acusados.

Asimismo, propone a la Sala que comparezcan como peritos los forenses que realizaron la autopsia de Giménez Abad, los agentes que realizaron el informe balístico y los autores de distintos informes de inteligencia sobre la supuesta vinculación de «Ata» y Zaldua con el atentado.

La Fiscalía solicita que tanto los testigos como los peritos declaren con protección, solo a la vista del tribunal, las acusaciones, defensas y acusados, «sin que puedan ser observados por el público» y sin que se graben imágenes que permitan identificarlos. La fiscal justifica la medida por el «riesgo» para su integridad física al testificar sobre hechos «de extrema gravedad» y, en el caso de los agentes, por la necesidad de preservar su identidad al estar inmersos en otras investigaciones de terrorismo.

«Ata» aseguró al juez en febrero de 2020 que el día del asesinato estaba en el País Vasco francés en «una fiesta por las ikastolas».