El fallido pacto del CGPJ traslada ahora la presión al Tribunal Constitucional

Después de la dimisión de Carlos Lesmes, hastiado por la falta de acuerdo político para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuatro años después, todo apuntaba a un inminente consenso entre el Gobierno y el PP para apuntalar el relevo en el órgano de gobierno de los jueces. Hasta que en esas conversaciones se cruzó la reforma del delito de sedición. Y vuelta a empezar. O peor.

A solo dos meses de que arranque el año electoral (tradicionalmente poco propicio a acuerdos, porque ya manda la estrategia política), las posibilidades del ansiado pacto se alejan. Y con ello, no solo la renovación del CGPJ, sino sobre todo la ocasión de solucionar el «estropicio» (Lesmes dixit) de la cúpula judicial, que arrastra ya casi 70 vacantes sin cubrir, con especial incidencia en el Tribunal Supremo, ante la imposibilidad legal de que el Consejo pueda realizar esos nombramientos por estar en funciones. Esa reforma apadrinada por PSOE y Podemos, que entró en vigor en marzo del pasado año con el objetivo de forzar al PP a negociar la renovación del CGPJ, lejos de contribuir a solucionar el bloqueo se ha convertido en parte del problema.

Sin diálogo a la vista (que, según ha dejado claro Feijóo, será con este PP pero «con otro PSOE»), las miradas se vuelven ahora en dirección al Tribunal Constitucional. Bloqueada de nuevo la renovación, el problema más acuciante es la paralización de los nombramientos que impuso la reforma impulsada por el Gobierno. Una reforma que tanto PP como Vox recurrieron ante el TC y que está pendiente de resolver por el tribunal de garantías (ni siquiera se han llevado al Pleno las ponencias), que admitió a trámite los recursos hace más de un año. No en balde, si el TC acordara la inconstitucionalidad de la medida, el CGPJ recuperaría inmediatamente su facultad para cubrir las vacantes judiciales.

“El TC es corresponsable”

Fuentes del Tribunal Supremo reconocen su «perplejidad» por la nueva ruptura de negociaciones que dejará al alto tribunal con casi una veintena de plazas vacantes a final de año y apuntan que, dado los precedentes, barruntaban que «podía surgir un escollo que dinamitara el acuerdo» porque las negociaciones, señalan, siempre dependen del «cálculo electoral de los dos partidos». Esas mismas fuentes no entienden por qué el Tribunal Constitucional ni siquiera ha debatido la reforma legal que impide que se cubran las vacantes del alto tribunal.

Asimismo, ya son varias las voces que desde el CGPJ se quejan de la «deslealtad» del TC al considerar que mira para otro lado ante la crisis institucional que vive el Consejo y la acumulación de vacantes judiciales sin cubrir.

Unas reticencias que comparte la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. «El Tribunal Constitucional es corresponsable de lo que está sucediendo –asegura su portavoz, el magistrado Jorge Fernández Vaquero–, porque cuando quiere, resuelve rápido». «Voluntariamente se ha hecho cómplice del deterioro institucional que padece la Justicia. No creo que haya ningún asunto en el TC ahora mismo más urgente que éste». Fernández Vaquero hace hincapié en que «el colapso del Tribunal Supremo y de muchos tribunales con presidencias interinas no es por la falta de renovación del Consejo, sino por la reforma legal que impusieron para quitarle las facultades para hacer nombramientos».

El portavoz de la segunda asociación más representativa de la carrera, que achaca la ruptura de negociaciones entre Gobierno y PP a que «todos los movimientos responden a criterios políticos», advierte de que cambiar la ley para rebajar las mayorías necesarias para renovar el CGPJ (como ya intentaron PSOE y Podemos antes de que Europa frenara la iniciativa) sería «un suicidio para el país porque se comprometerían las ayudas europeas al suponer una destrucción de diques de contención básicos de la separación de poderes».

Una “trampa diabólica”

En esa misma línea, Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente, señala que el TC debería «resolver cuanto antes esos recursos de forma prioritaria para hacer honor a su papel tan relevante en el organigrama constitucional». Para la asociación (que defiende que en primer lugar se reforme el sistema de elección de los vocales de procedencia judicial y después se acometa el relevo), la modificación legal que impide al CGPJ en funciones hacer nombramientos es una «trampa diabólica», porque «primero se ahoga al Consejo con una reforma que creemos que es inconstitucional y luego se le echa la culpa de la falta de renovación». Para Portillo, lo sucedido es el paradigma de que «no se puede dejar en manos de los políticos la renovación. Los jueces no negociamos candidatos y si hubiera recaído en nosotros esa responsabilidad los vocales estarían ya elegidos hace cuatro años».

La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) sigue vinculando (en la línea de lo que expresó el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, en su reciente visita a España) el relevo en el órgano de gobierno de los jueces a un inmediato cambio en el modelo de designación de los doce vocales judiciales (que ahora elige el Parlamento de una lista facilitada por la carrera judicial). Tras el nuevo fiasco en la negociación entre el Gobierno y el PP, su presidenta, María Jesús del Barco, decana de Madrid, aseguró a Ep que «el fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial y del Estado de Derecho exige renovar el CGPJ y reformar el sistema de elección», un compromiso ante el que el Gobierno se ha mostrado huidizo.

Para Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) la interinidad del Consejo afecta directamente a los ciudadanos, «porque los tribunales que tienen que amparar sus derechos están incompletos». En un comunicado, la asociación progresista ha mostrado su «estupefacción» por la ruptura de las negociaciones y califica de «excusa» los argumentos del PP para levantarse de la mesa. «Cuando se zarandea de este modo a las instituciones se resquebraja su fortaleza y afecta a su legitimidad democrática», denuncia.