Las semilibertades a ETA del Gobierno vasco naufragan: el juez devuelve a la cárcel al cuarto etarra

El juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional ha devuelto a la cárcel al cuarto etarra en los últimos meses al que el Gobierno vasco -con la competencia en materia de Prisiones transferida- había concedido la semilibertad. Se trata de Mikel San Argimiro, condenado a 391 años de prisión por, entre otras cosas, el intento de asesinato de los exministros José Barrionuevo y Matilde Fernández. San Argimiro regresa al segundo grado y reingresa en prisión, como también lo hizo Xabier Atristain hace escasos quince días gracias a los recursos que la Fiscalía está interponiendo porque considera que no se dan los requisitos necesarios para que los miembros de la banda sean catalogados en el tercer grado. El Ministerio Público tiene en marcha otros 17 recursos más pendientes de resolver, según indican fuentes jurídicas y confirman los datos del Observatorio de política penitenciaria de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

A principios de 2021 San Argimiro había cumplido las tres cuartas partes de su condena, tal y como ha informado este martes el colectivo a favor de la libertad de los presos etarras Etxerat. “Queremos mostrar nuestro rechazo y desazón porque los derechos del preso donostiarra han sido vulnerados, pero, sobre todo, porque el injusto bloqueo que mantiene la justicia española frente a los derechos de los presos se sitúa en una dirección contraria al deseo de la sociedad vasca”, han señalado en un comunicado.

El guipuzcoano llevaba 20 años y medio en prisión. La Audiencia Nacional lo condenó en 2007 a más de 200 años por la explosión de un coche bomba cerca del Santiago Bernabéu en 2002, en la que 22 personas resultaron heridas coincidiendo con un partido entre el Real Madrid y el Barcelona. Hace dos años el Ministerio del Interior lo acercó a una cárcel del País Vasco. San Argimiro era miembro del ‘comando Madrid’ o ‘Txirrita’ de ETA y a esta condena se sumaron otros 118 años por el intento de asesinato de los exministros, aunque el Tribunal Supremo rebajó de 30 a 25 años el tiempo de permanencia máxima en prisión.

Desde que el Gobierno de Pedro Sánchez llegara a la Moncloa su estrategia penitenciaria se ha basado en acercar a los presos de la banda terrorista a prisiones de Euskadi o de lugares colindantes alegando que ya no existe peligro de atentar y, por tanto, la ley marca [artículo 12 de la Ley Orgánica Penitenciaria] que se intentará evitar el «desarraigo social de los penados». Su Ministerio del Interior no es el que más presos ha acercado (con Felipe González se movieron 569 o con José María Aznar 426), pero sí es la primera vez que las competencias de Prisiones han cambiado de manos. Y aquí está el principal temor de las víctimas: que el lehendakari, Iñigo Urkullu, acelere los terceros grados que desde octubre del año pasado ya dependen de su Consejería de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales y gran parte de los etarras termine en casa a finales de año.

Sin embargo, la Audiencia Nacional a instancias de la Fiscalía está poniendo freno a esta situación. Así lo hizo hace unas semanas con la devolución de Atristian a la prisión de Martutene (San Sebastián). El juez de vigilancia penitenciaria censuró el tercer grado que se le había concedido después de que la propia Sala de lo Penal lo hubiera regresado a la cárcel.

El etarra había sido puesto en libertad por un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que le dio la razón sobre la vulneración de sus derechos en un procedimiento justo, pero el Tribunal Supremo -encargado de interpretar la sentencia- lejos de aplicar una “doctrina Atristain” como las víctimas temían que podía haber producido excarcelaciones masivas señaló que debía seguir cumpliendo condena. El Gobierno vasco, en cambio, consideró que podía ser progresado a tercer grado, pero la Justicia le quitó la razón.

Junto a Gorka Martínez Ahedo y José Ignacio Bilbao Gaubeca ya son cuatro las excarcelaciones que los jueces han revocado, según el recuento de la AVT. El fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista esgrime en cada una de las impugnaciones argumentos individualizados, si bien se fía de un listón que los magistrados comenzaron a imponer a aquellos etarras que no mostraban arrepentimiento expresos a las víctimas.