Las autopsias de Marruecos lastran la investigación de la Fiscalía sobre el asalto a la valla en Melilla

La Fiscalía de Sala Coordinadora de Extranjería guarda con celo la investigación sobre el asalto a la valla de Melilla que el pasado mes de junio se saldó con al menos 24 personas muertas aunque según datos de algunas ONG el número podría ascender a más de una treintena. Desde que la fiscal jefa de esta materia, Beatriz Sánchez, ordenara abrir unas diligencias para esclarecer lo sucedido y determinar la competencia de la jurisdicción española sobre este asunto pocos detalles han trascendido. Según fuentes del Ministerio Público consultadas por LA RAZÓN el principal escollo para poder avanzar se encuentra en las autopsias que Marruecos no ha facilitado. Mientras, la comisión de Interior del Congreso de los Diputados planea un viaje al territorio y la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa también se trasladará a la zona en noviembre.

Cerca de 1.700 personas intentaron atravesar el puesto fronterizo del Barrio Chino (que llevaba más de dos años cerrado) en la ciudad autónoma el pasado 24 de junio. La tragedia se hizo visible a través de vídeos que los días siguientes mostraban cuerpos de migrantes, en su mayoría sudaneses, amontonados en la frontera marroquí. De la actuación policial no hay imágenes y, mientras el Ministerio del Interior siempre ha defendido que todo fue ajustado a la legalidad, el Defensor del Pueblo se ha quejado de que no ha existido una colaboración activa desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska para facilitar los vídeos y las grabaciones del incidente. Finalmente 133 personas lograron saltarse el cordón policial y quedarse en España.

La Fiscalía también ha requerido las imágenes a Policía y Guardia Civil y, según fuentes del Ministerio Público, siguen “investigando de manera activa los hechos”, pero se trata de un caso “complejo” que requiere “discreción”. Las pesquisas están tocando en hueso porque no cuentan con el contenido de las autopsias que, supuestamente, llevaron a cabo las autoridades de Rabat a los fallecidos que estaban en su territorio. Esto es pieza clave del puzle para conocer la causa y el lugar de la muerte y poder sacar conclusiones.

Mientras tanto, el Defensor del Pueblo sí ha dado algunas pinceladas de cuáles son las suyas. La Institución que dirige Ángel Gabilondo avanzó hace unos días que las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad españolas realizaron 470 devoluciones en caliente “sin contemplarse las previsiones legales tanto nacionales como internacionales”. Cifra superior a los 101 “rechazos en frontera” que fueron reconocidos oficialmente.

Del visionado de las imágenes se puede comprobar que, en una puerta del perímetro fronterizo, “una avalancha de personas provoca un amontonamiento aplastamiento con consecuencias mortales”, pero el Defensor del Pueblo aclara que necesita más grabaciones para “aclarar algunos extremos” y ha solicitado a la Secretaría de Estado de Seguridad la remisión de las mismas.

Marlaska defendió en el Congreso que la actuación fue “proporcionada”, si bien no ha detallado cómo se produjo el dispositivo de seguridad. Algunos diputados como Jon Iñarritu de EH Bildu volaron los días siguientes a Melilla y encontraron material antidisturbio del lado español de la valla: pelotas de goma, botes de gas lacrimógenos y balas de propulsión. Esto apunta a que se produjeron disparos disuasorios por parte de los agentes en España y es solo en este territorio en el que la Fiscalía puede actuar si concluyera que se consumó algún delito. Interior ha autorizado que la Comisión de Interior del Congreso viaje a Melilla a colación de la tragedia el próximo lunes 7 de noviembre. Fuentes de la cámara baja explican que la idea es conocer cómo trabajan las Fuerzas de Seguridad allí y visitar el centro de coordinación de la Guardia Civil en el que se encuentran las cámaras y el control de todo el perímetro fronterizo.

Y el esclarecimiento de los hechos no solo genera interés en España, también la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa acudirá a finales de noviembre a Melilla y “este tema va a ser prioritario en su agenda”, aseveran fuentes del organismo. El interés despertado a nivel nacional ha llevado a que incluso medios extranjeros hayan realizado investigaciones sobre el terreno. La cadena británica BBC publica este 1 de noviembre un documental titulado “Death on the border” (”Muerte en la frontera”) sobre la reconstrucción de los hechos con imágenes inéditas sobre lo sucedido.

El Defensor del Pueblo expuso en su análisis que había entregado a la Fiscalía el testimonio y el parte de lesiones de uno de los residentes entrevistados en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla. Precisamente, a base de entrevistas Amnistía Internacional está elaborando también un informe en el que detallan cómo se produjo la actuación en la valla y qué derechos creen que se vulneraron. La organización de derechos humanos se ha trasladado a la ciudad autónoma y a terreno alahuí para hablar con supervivientes de un lado y de otro y con familiares de fallecidos. El informe se espera que esté listo para mitad de noviembre.

Por su parte, Gabilondo expuso una serie de recomendaciones para que situaciones similares no se repitan. Como que se impulsen los protocolos de actuación que se activan conjuntamente con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Marruecos cuando se produzcan intentos de entrada irregular para que se establezca “la necesidad de gestionar las fronteras de manera integrada, segura y coordinada”. Y, además, y con “carácter urgente” que se desarrolle un reglamento para desglosar cómo deben ser las devoluciones en frontera conforme a la ley. El Tribunal Constitucional avaló que estos retornos fronterizos de carácter inmediato se produjeran, pero instó en su sentencia a que se detallara qué ha de tenerse en cuenta cuando se produzca un rechazo en frontera.