Anticorrupción pide 3 millones de multa al PDeCat y acusa a 30 personas de organización criminal por el 3%

La Fiscalía Anticorrupción solicita penas que van hasta los 21 años de cárcel y acusa a 30 personas de delitos que van desde la organización criminal, pasando por el blanqueo de capitales, fraude a la Administración pública, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y blanqueo de capitales por el “caso del 3%” que se investiga en la Audiencia Nacional. El Ministerio Público apunta a una red de amaños de adjudicaciones públicas y en el centro a la extinta Convergència Democrática de Cataluña (CDC) y solicita al PDeCat como sus herederos una multa de tres millones de euros. En total, según los cálculos del Ministerio Público, el monto de las licitaciones comprometidas es de 218.759.664,19 euros.

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, Anticorrupción señala como uno de los cabecillas de la corrupción a Germá Godó, exsecretario de Gobierno de la Generalitat y exconsejero de Justicia, para quien pide 18 años y 10 meses de cárcel y una multa de más de 3 millones y medio de euros. “El servicio que se ofrecía por los directivos de CDC acusados era influir decisivamente en cualquier persona que, dentro de su ámbito político o de partido, tuviere capacidad decisoria en los concursos públicos”, dice el escrito que se ha presentado este miércoles en el Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional.

Para el Ministerio Fiscal, Gordó llevaba el “control y seguimiento” de las licitaciones públicas bajo la esfera del poder de CDC en ayuntamientos, diputaciones, municipios y organismos dependientes de la Generalitat. Así, todos los miembros de esta organización que incluye a numerosos empresarios catalanes buscaban “subvertir las reglas de competencia del mercado y usar la dirección dirección de las Administraciones para obtener un beneficio y lucro ilícito, personal y mercantil, en el caso de los empresarios, económico y político, en el caso de los dirigentes del partido político, consiguiendo una ‘financiación ilegal’ para el mismo”.

El patrón de actuación, según dibuja el fiscal, consistía en controlar la información antes de sacar una licitación desde el despacho del tesorero de CDC, el acusado, Andreu Viloca Serrano (quien afronta la pena más alta de 21 años y 4 meses de prisión), e identificar a empresas conniventes con la corrupción a las que “dirigir” los concursos. La Fiscalía incluye en su escrito a 14 mercantiles bajo la lupa.

Y a todo esto se incluía “como complemento” pagos encubiertos, “bajo la apariencia de donaciones” que se hacían a través de fundaciones vinculadas al partido como fueron CatDem y Forum Barcelona. El exresponsable de finanzas de CDC y extesorero de estas dos fundaciones, Daniel Osácar, también se enfrenta al banquillo de los acusados. Dice el fiscal que estas “donaciones” se hacían para mantener buena relación con el partido, y lograr mayores privilegios. “Para consagrar su pertenencia a la ‘familia’ que les permitiera exigir influencia en las autoridades de su partido en distintas Administraciones cuando llegara el momento de concurrir a distintas licitaciones”.

La extinta CDC blanqueó capitales de esta forma “al menos desde 2008″, señala Anticorrupción y el sistema fue “sustentado y ejecutado” principalmente por Gordó, Viloca,Francesc Xavier Sánchez Vera (responsable económico), para quien piden una pena no superior a dos años de cárcel y una multa de 479.000 euros; Carles Del Pozo (gerente y coordinador del área económica); a quien le imputan 14 años de cárcel y una multa de más de tres millones y medio de euros; y Anna Dolors Benítez (jefa económica y financiera del partido), que se enfrenta a 10 años de prisión y la misma multa.

Sobre el PDeCat, el fiscal Anticorrupción sostiene que su creación en 2016 no fue “el nacimiento de un nuevo partido”, sino una “mera transformación o cambio de apariencia de una misma realidad, con la finalidad de desconectarse de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido la formación política precedente”. Es por eso que piden al partido que ahora dirige David Bonvehí que se haga cargo de los delitos de su predecesor con una multa de tres millones de euros. Pero no es la más alta que solicita para las mercantiles, a varias constructoras como Grup Soler o COPISA le piden diez y 25 millones respectivamente. El total de las multas requeridas a las empresas implicadas asciende a 104.000.000 euros. La instrucción de este caso terminó en 2020.

Algunos acusados han prestado colaboración con el Ministerio Público, por lo que el fiscal Anticorrupción José Grinda destaca la rebaja de penas e impone las mínimas para que no entren en prisión como en el caso de Francesc Sánchez, Daniel Osàcar o empresarios como Jordi Soler, Sergio Lerma y Josep Manel Bassols. Estos “no solo reconocen los hechos que se han descrito” en el escrito “sino que han aportado datos que han determinado esclarecer también otros hechos investigados y a personas responsables de los mismos, investigados en sendas piezas separadas de esta causa”.