28,21 euros para desayunar, comer y cenar en los desplazamientos oficiales

La Confederación Española de Policía (CEP) y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) reclaman al Gobierno que convoque de inmediato y sin excusas la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado con el objetivo de actualizar los importes de las dietas que perciben los policías nacionales y guardias civiles -así como el resto de funcionarios estatales- para alojarse y comer durante sus desplazamientos.

Este compromiso, que figura en el apartado noveno del Acuerdo firmado por el Ejecutivo con los sindicatos UGT y CCOO el pasado 19 de octubre, permitiría, de llevarse a efecto, alcanzar una reivindicación histórica de CEP y AEGC para dignificar esas indemnizaciones “que percibimos los profesionales de la seguridad pública, congeladas desde su última actualización, hace diecisiete años”.

En este sentido, hay que recordar que esas cuantías -fijadas en mayo de 2002 y testimonialmente actualizadas en diciembre de 2005- solo cubren 28,21 euros diarios para pagar desayunos, comidas y cenas cuando los agentes se ven obligados a desplazarse por motivos profesionales fuera de su plantilla; y que, por otra parte, el dinero que se les asigna para cubrir el gasto por alojamiento es de 48,92 euros diarios.

Estas cifras, nunca mejoradas por ningún Gobierno pese a ser bochornosas, obligan a los compañeros a realizar “auténticos milagros en cada operación policial o servicio que deben ejecutar fuera de sus demarcaciones, tanto para encontrar hoteles a esos precios como para poder costear todas sus comidas”.

Y afectan, además, a un colectivo, el de los policías nacionales y guardias civiles, que es el que, por motivos evidentes, más se desplaza durante todo el año, muy por encima de cualquier otro de la Administración General del Estado. El incremento de los precios en dos sectores tan sensibles a modificaciones alcistas como el de los alojamientos y la hostelería ha sido una de las cuestiones más denunciadas en estos años.

“Hacemos un llamamiento a que el Gobierno no demore ni un solo minuto la materialización de esta medida. No hay tiempo que perder en la dignificación de las condiciones de trabajo de los servidores públicos que protegen vidas y bienes y garantizan el ejercicio de derechos”, concluyen.