El PP busca el “sí” a equiparar salarios de policías nacionales y autonómicos en los presupuestos

La equiparación salarial entre la Policía Nacional y la Guardia Civil con el resto de cuerpos policiales autonómicos sigue sin materializarse del todo. Aunque se ha avanzado desde 2018 y se han achicado las diferencias, lo cierto es que sigue habiendo una brecha y, por ello, el PP ha presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2023 para que se acabe con las “disfunciones salariales” entre cuerpos policiales.

En dicho texto se exige al Gobierno que dé cumplimiento “íntegro” al acuerdo de equiparación salarial suscrito el 12 de marzo de 2018, cuando gobernaba Mariano Rajoy. El acuerdo incluía 10 cláusulas y los populares exigen, en concreto, que se dé cumplimiento a la tercera (se destinarán 100 millones de euros cada ejercicio para incentivar el reingreso del personal de Segunda Actividad sin destino y Reserva no ocupada al servicio activo) y la octava (el Ministerio del Interior impulsará las medidas legislativas que sean necesarias para garantizar que en el futuro no se pueda producir una disfunción salarial entre las policías que realicen las mismas funciones). Esta enmienda popular también es fruto de reuniones con sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles de la diputada Ana Vázquez.

Hasta ahora, según denuncian diversos sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles, todavía sigue habiendo diferencias salariales del entorno de 700 euros entre los cuerpos policiales nacionales y los autonómicos a pesar de que el Ministerio del Interior proyecte que los sueldos de Policía Nacional y Guardia Civil han crecido un 38% desde 2018 gracias al acuerdo de equiparación salarial (se han destinado 800 millones de euros) y la subida salarial a los funcionarios durante los dos próximos años por la inflación. Los populares, en todo caso, aspiran con esta enmienda a que se adopten “medidas legislativas” para cerrar la brecha salarial y para que en “el futuro” no se pueda reproducir.

Asimismo, en otra enmienda, el PP también pide la creación de un complemento salarial para los policías y guardias destinados al Campo de Gibraltar por “la especial dificultad con la que desempeñan su trabajo y la dificultad para cubrir las vacantes”.

Cargan contra Bolaños

Mientras se exige aumentar partidas para los salarios de policías y guardias civiles, también se exige la devolución del presupuesto del Ministerio de Presidencia, que dirige Félix Bolaños. El departamento cuenta con una previsión de gasto de 583 millones de euros, un 64% más que el año pasado (354 millones), algo que para los populares es “un incremento injustificable en la actual situación de profunda crisis a todos los niveles” y recuerdan que con Mariano Rajoy en el Gobierno era de 293 millones de euros. Los populares cargan contra el gasto incluido en este departamento, destinado, entre otras cosas, a la Presidencia del Gobierno (Programa 912M), con 134 millones de euros para la “campaña de promoción personal” de Sánchez; y, a la Cobertura Informativa (Programa 921Q), con 78,38 millones de euros “para las interminables campañas de imagen de este gobierno, los ‘aló presidente’, las ruedas de prensa sin preguntas”.

Asimismo, el presupuesto incorpora también la Memoria Democrática y los populares reprochan que “no sirve precisamente a lo que debería ser su único objetivo: la localización”. “De los 13,95 M€ destinados en el Programa, únicamente poco más de 2 millones de euros se dedican a las exhumaciones”, señalan. “El resto de lo presupuestado va para altos cargos, personal de confianza política, subvenciones a asociaciones afines, estudios que no se publican, libros, conferencias, congresos, viajes, etc para adoctrinar con su propia reescritura una etapa dolorosa de la Historia de España”, resumen.

También recriminan la partida de 12,65 millones de euros para el Centro de Investigaciones Sociológicas, muy criticado por el “sesgo” en las encuestas ya que suelen favorecer al Gobierno y a Sánchez, dándole ganador a pesar de que las empresas demoscópicas privadas sitúan como vencedor a Alberto Núñez Feijóo.