El salto a la valla de Melilla y (todas) sus incógnitas

Cuando la tragedia en la valla de Melilla comenzaba a caer en el olvido, una investigación de la BBC ha vuelto a colocar el caso en el centro de la actualidad nacional. Más de 1.500 jóvenes subsaharianos protagonizaron un asalto a la frontera en la madrugada del 24 de junio desde sus refugios en las montañas que rodean la ciudad autónoma que fue repelido por las fuerzas de seguridad de Marruecos y España. Muchas –casi todas- las circunstancias de la tragedia en la frontera hispano-marroquí siguen, a día de hoy, sin haber sido aclaradas por las autoridades de ambos países.

Según la cadena británica, las fuerzas españolas vieron y no impidieron que decenas de migrantes subsaharianos murieran en el perímetro fronterizo y que algunas de las muertes se produjeran en un lugar controlado por las autoridades españolas.

De la misma manera, el trabajo de la cadena deja constancia de que hubo devoluciones en caliente y que los agentes de la Gendarmería marroquí entraron en territorio español. Además, varios de los subsaharianos fallecidos en suelo melillense fueron trasladados a territorio de Marruecos. De las imágenes y los testimonios recabados por la cadena británica se deduce que los agentes de ambos países negaron el debido auxilio a los heridos. De acuerdo al testimonio de algunos de los jóvenes supervivientes, cientos de subsaharianos permanecieron tras la intervención de las fuerzas de seguridad en el suelo en el lado marroquí de la valla, con los heridos y los muertos tendidos entre ellos. Y de esta manera permanecieron varias horas.

Informaciones todas ellas que contradicen las explicaciones –o la falta de ellas- ofrecida por las autoridades españolas en las jornadas posteriores a la tragedia. «Los hechos se produjeron en el territorio nacional de un país soberano y solo de forma muy tangencial se produjeron en España», aseveró el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska.

Tampoco trascendió nunca más información sobre el estado de los heridos, entre los cuales había agentes de la Guardia Civil y las fuerzas de seguridad marroquíes. No en vano, el presidente del Gobierno reveló tres días después el asalto que hubo bajas entre los gendarmes marroquíes participantes en el dispositivo.

Igualmente siguen sin conocerse los resultados de las autopsias que supuestamente las autoridades marroquíes tendrían que haber practicado a los cadáveres. Se desconoce cómo se produjeron las muertes: la investigación de la cadena británica –y, antes, de las ONG- apuntan no solo a que los migrantes fallecieron de asfixia, sino a haber sido objeto de apaleamientos. No se sabe nada desde entonces tampoco del paradero de las varias decenas de desaparecidos –70 según el trabajo de la corporación británica–. Lo cierto, en fin, es que transcurridos más de cuatro meses desde el asalto de la frontera entre Melilla y Beni Ensar ningún responsable político ha asumido su responsabilidad por las 23 muertes, una cifra que las ONG ven considerablemente más alta.

Horas después de la tragedia, Pedro Sánchez, calificó de «bien resuelto» el operativo de las fuerzas de seguridad de los dos países –que habían normalizado relaciones bilaterales el 18 de marzo–, aunque posteriormente admitiría no haber visto las imágenes cuando lo dijo.

Desde Marruecos la información proporcionada ha sido exigua desde el principio. Lo más cercano a las fuentes oficiales fue el informe presentado el 13 de julio por el Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos, una entidad estatal, que responsabilizaba a las autoridades españolas de las muertes al haberles negado el auxilio tras el asalto a la valla.

La asociación marroquí atribuyó estrictamente los fallecimientos de los migrantes a la caída de la propia estructura metálica o a la «asfixia mecánica» provocada por la posterior estampida. Unas conclusiones que desde el Gobierno de España no se desmintieron entonces. Ninguna autoridad marroquí se ha referido a las conclusiones del trabajo de la BBC y, salvo alguna excepción, tampoco han sido recogidas por los medios

Ya el pasado 14 de octubre el Defensor del Pueblo había considerado en las primeras conclusiones de su investigación que no se respetaron las «garantías legales nacionales e internacionales» al rechazarse en la frontera a 470 personas.

Se estrecha el cerco sobre Marlaska

Las miradas se han posado esta semana en el ministro del Interior, que el miércoles se limitaba al ser preguntado en el Congreso por la investigación de la BBC en su “más firme respaldo” a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a la Guardia Civil. Un comunicado de Interior aseveraba esta semana que las conclusiones del trabajo de la cadena británica no “son correspondientes con la realidad”. En la investigación de la BBC, el propio ministro Grande-Marlaska aseveraba que “todos los rechazos en la frontera se realizaron de acuerdo con la legislación española avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

El jueves trascendía que la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo había remitido el pasado 27 de octubre una carta al titular de Interior para invitarle formalmente a comparecer para explicar la gestión del Gobierno de España. Una solicitud, con todo, que no obliga a Grande-Marlaska a comparecer ante la Eurocámara.

Entretanto, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que precisamente viajaba este viernes a Rabat en el marco de un programa de la UE en apoyo al Estado de Derecho en Marruecos, se limitaba a asegurar que el resultado de las pesquisas sobre Melilla “en su momento se verá y será conocido por la opinión pública”.

Este lunes una delegación de diputados de la Comisión de Interior del Congreso, encabezada por su presidente José Luis Ábalos –con representantes de PSOE, Unidas Podemos, PP, ERC, PNV y EH Bildu-, viajará hasta Melilla para visitar el perímetro fronterizo, concretamente el paso de Barrio Chino, y las instalaciones de la Comandancia de la Guardia Civil en Melilla.

Unidas Podemos y socios del Gobierno de Pedro Sánchez como EH Bildu, ERC, Más País y Compromís han pedido esta semana por segunda vez la creación en el Congreso de una comisión de investigación que esclarezca lo ocurrido en la frontera entre Marruecos y la ciudad autónoma española el pasado 24 de junio.