La Fiscalía reclama al juez del «caso Ghali» que se inhiba

La investigación del «caso Ghali» puede cambiar de manos si prospera la petición de la Fiscalía de que el juez instructor, Rafael Lasala, se inhiba de la causa en favor de los juzgados de Logroño. El fiscal Juan Pablo Fraj considera que, una vez la Audiencia Provincial de Zaragoza archivó el procedimiento respecto a la exministra de Exteriores Arancha González Laya, la investigación residual por falsificación documental debe remitirse a los juzgados de la capital riojana.

Y es que fue en el hospital San Pedro de Logroño donde Brahim Ghali se registró con pasaporte falso el 18 de abril del pasado año, después de que el Gobierno accediera a la petición de Argel para que el líder polisario (que padecía una neumonía causada por la Covid-19) recibiera atención médica en nuestro país. Esa decisión acarreó una grave crisis diplomática y migratoria con Marruecos que, a la larga, provocó el cambio de política española respecto al Sáhara para apaciguar las relaciones con Rabat.

La Fiscalía da este paso tras haber instado una comisión rogatoria a Argelia para acreditar si, efectivamente, ese pasaporte a nombre de Mohamed Benbatouche con el que Ghali fue dado de alta en el centro hospitalario –donde permaneció hasta el 1 de junio de 2021– era falso. Una petición de información que el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza efectivamente cursó el pasado septiembre, pese a las escasas esperanzas de que prospere (como tampoco ha sucedido en otra causa contra el líder polisario, en la Audiencia Nacional, por delitos de torturas y detención ilegal). «No siendo este juzgado de Zaragoza competente para conocer de la falsedad cometida en Logroño, se interesa la inhibición a favor del Juzgado de Instrucción número 2» de la capital riojana, concluye el fiscal en su escrito.

Las acusaciones populares se oponen

Una pretensión a la que ya se han opuesto las dos acusaciones populares. La que ejerce el abogado Antonio Urdiales recuerda a la Fiscalía que apoyó en junio de 2021 que la investigación abierta en Logroño por la falsificación del pasaporte de Ghali se trasladase a Zaragoza (el avión del líder del Frente Polisario aterrizó en la base militar de la capital aragonesa) y que un mes después no se opuso a que el juez Lasala asumiera la causa.

Igualmente, el letrado afirma no entender por qué en su día el fiscal no se opuso al conjunto de diligencias acordadas por el instructor –tras archivarse la investigación contra Laya y el que fuera su jefe de gabinete Camilo Villarino– que pretendían esclarecer esa falsedad documental. «En ningún momento», recalca, el representante del Ministerio Público formuló «objeción alguna a la competencia de este juzgado para conocer sobre el delito de falsedad».

Asimismo, reprocha a la Fiscalía que fuera el propio Ministerio Público el que solicitase que se librase la referida comisión rogatoria a Argelia «para que el más que seguro falsificador diga si el pasaporte es falso o auténtico».

Si entonces consideraba que el instructor no era el competente para acordar la medida –añade–, «resulta incomprensible que pida ahora que el juzgado se inhiba del procedimiento devolviendo la causa a quien en principio se inhibió a favor de este juzgado». Y anticipa que si en un futuro se declarase nula, por falta de competencia, la petición de información a Argel, «se libraría al estado argelino de contestar una comisión rogatoria de un juzgado español sobre un asunto grave y escabroso a nivel internacional».

La acusación defiende además que el resultado de esa comisión rogatoria puede acarrear «un cambio en la situación procesal» de Laya y del que fue su jefe de gabinete. Y recuerda que el juez de Zaragoza asumió el esclarecimiento de la supuesta falsedad documental por la conexión de ese delito con los que ya estaba investigando (prevaricación y encubrimiento).

Una medida “incomprensible”

También se ha opuesto a la petición de inhibición impulsada por el fiscal –adelantada por El Heraldo– la acusación popular que ejerce el exdiputado valenciano del PP Juan Vicente Pérez Aras, que hace hincapié en que fueron las propias actuaciones de la Fiscalía las que «motivaron e impulsaron la asunción de competencia por parte de este juzgado» respecto al delito de falsedad. Razón por lo cual, según expone el letrado Juan Carlos Navarro, carece ahora «de toda solidez legal la pérdida de la competencia que se pretende».

Una medida que esta acusación considera «incomprensible» teniendo en cuenta que ya se han practicado diversas diligencias para esclarecer la supuesta comisión de esa falsificación del pasaporte de Ghali.

Para el letrado de la acusación, no es posible defender esa pérdida de competencia «al socaire de un archivo provisional respecto de determinados delitos y personas investigadas», un archivo que –insiste– tiene una «íntima conexión» con el resultado de la comisión rogatoria pendiente.

Lasala quiere que Argelia certifique si la fotocopia del pasaporte (expedido el mismo día de la llegada de Ghali a España) «se corresponde en su forma con pasaporte expedido por ellas de manera regular, indicando asimismo si el número de pasaporte que figura en tal fotocopia se corresponde con expediente alguno tramitado».