Congreso

La vivienda reabre la guerra PSOE-Podemos en los presupuestos

Los socialistas se alinean con el criterio de los letrados del Congreso para rechazar las enmiendas de los morados que buscaban regular los precios del alquiler

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y Patxi López durante la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados.
El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y Patxi López durante la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados.Alberto R. RoldánLa Razón

Parecía que las diferencias entre PSOE y Podemos en el ámbito de los presupuestos habían quedado atrás, pero nada más lejos de la realidad. La voluntad del partido morado por introducir tres enmiendas en materia de vivienda han devuelto la tensión a la relación entre los socios de Gobierno: una de las enmiendas buscaba regular los precios del alquiler, pero los letrados de la Comisión de Presupuestos han considerado que no encajaban legalmente ya que, según han aducido en un informe, es un asunto que debe tramitarse a través de otras leyes.

Con ese informe en la mano, este martes, la Mesa de la Comisión de Presupuestos, compuesta por dos miembros del PSOE, dos del PP y uno de Podemos, ha votado si admitía a trámite esas tres enmiendas y otras 48 más que tampoco han recibido el visto bueno de los letrados. Y los cinco miembros, incluida la diputada de Podemos Pilar Garrido (ejerce la presidencia de la Comisión), han votado a favor de retirar todas las 51 enmiendas porque se han votado en conjunto. Si bien, Garrido, a la hora de votar y según fuentes presentes, ha mostrado su malestar y ha puntualizado que está en contra de que se retiren esas tres enmiendas de vivienda porque, aunque reconocía y entendía “que no tienen nada que ver con los presupuestos”, sí que son “oportunas” dada la situación económica actual. En todo caso, desde Podemos también recuerdan que en 2020 sí que prosperaron enmiendas de este tipo.

Además de la enmienda para regular los precios del alquiler, había otras dos: una para imponer una serie de obligaciones sociales a los grandes tenedores de vivienda, como ofrecer alquileres sociales a familias de sectores vulnerables como requisito para poder interponer cualquier acción judicial de reclamación de rentas, hipotecas o de recuperación de viviendas; y, otra para otorgar la protección del derecho de consumidores a los inquilinos que firman un contrato de alquiler con un profesional o un gran tenedor. Todas las enmiendas han sido presentadas conjuntamente por Podemos, ERC y Bildu.

Lo cierto es que es una situación sensible para las dos formaciones de Gobierno porque Podemos ha querido usar esta circunstancia para reivindicar una de sus principales banderas políticas (la vivienda) mientras el PSOE ha querido eludir una cuestión que parece incomodarle a tenor de los problemas que está habiendo para tramitar la ley de vivienda. En cualquier caso, los socialistas han querido dejar claro que ellos han votado atendiendo al criterio de los letrados y que todas las peticiones de Podemos están ya siendo negociadas en la ley de vivienda.

De esas 48 enmiendas, por ejemplo, había hasta 13 del PP. Los populares también han votado siguiendo “los argumentos jurídicos de los letrados”, aunque se han mostrado muy críticos con el discurso de Podemos y Garrido al votar en contra de las recomendaciones de los letrados en las tres enmiendas de vivienda. “Son razones peregrinas y subjetivas”, ha espetado la diputada popular Elvira Rodríguez. Entre las enmiendas populares que han resultado no calificables están la petición de la supresión del ministerio de Consumo, otra relacionada con PAC u otra vinculada a la protección del lobo.

Además de las tres enmiendas de Podemos y de las 13 del PP, había cuatro conjuntas de ERC y Bildu; 12 de ERC; dos del PNV; dos de Ciudadanos; dos de Compromís; cuatro de JxCat; tres del PDeCat; y, dos de Bildu.

Este es el primer filtro que han pasado las 5.445 enmiendas parciales que han presentado los grupos parlamentarios y tiene como objetivo regular las materias conforme a la “jurisprudencia constitucional”. En este primer filtro se han quedado, por tanto, 51 enmiendas. Ahora pasarán el segundo, que son los vetos que puede establecer el Gobierno: hasta el momento, Moncloa ya ha frenado cerca de un millar dado que son enmiendas que “suponen un aumento de gastos o disminución de ingresos” (y podrían ser más). Del PP son en torno a 250, una cifra que los populares consideran muy elevada.