La Audiencia lleva al banquillo al PDeCAT por la financiación irregular de Convergencia

El PDeCAT y su antecesora Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) se sentarán en el banquillo por la supuesta financiación irregular de la formación nacionalista a través del amaño de adjudicaciones públicas. Apenas una semana después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara penas que llegan a los 21 años de cárcel para una treintena de personas, incluidos exdirigentes convergentes, y acusara también a ambas formaciones y a catorce empresas por el “caso 3%”, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha abierto juicio oral contra todos ellos por delitos de organización criminal, corrupción entre particulares, tráfico de influencias, cohecho, blanqueo y prevaricación, entre otros.

Entre los procesados que irán a juicio -cuyas defensas disponen ahora de tres meses para presentar sus escritos de descargo- figuran los extesoreros de Convergencia Germá Gordó, Daniel Osácar y Andreu Viloca. Anticorrupción solicita que el PDeCAT sea condenado al pago de una multa de tres millones de euros por el supuesto blanqueo de las comisiones que el partido de Artur Mas (que presidió la formación de 2012 y hasta su disolución en 2016) habría cobrado a los empresarios a cambio de adjudicaciones cuyo montante superó los 218 millones de euros.

En su resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional acuerda el archivo de la investigación respecto a uno de los procesados, el empresario Juan Antonio Carpintero.

“Donaciones” a fundaciones afines a CDC

En este procedimiento se investiga la posible existencia de una red integrada por altos cargos de Convergencia que, entre 2008 y 2015, controlaban las licitaciones de obras y servicios públicos impulsados por distintas administraciones públicas situadas en la órbita de Convergencia (constructoras a los que ahora el fiscal pide que se impongan multas que suman más de cien millones de euros) a cambio del pago de comisiones.

Esas adjudicaciones se camuflaban, según Anticorrupción, a través de regalos y de supuestas “donaciones” que se canalizaban utilizando a fundaciones dependientes de CDC como Fundació Catalanista i Demócrata (Catdem) y Fundació Forum Barcelona. Pero la Fiscalía considera que en realidad esas cantidades iban a parar a las arcas de Convergencia, que las utilizaba para financiar sus actividades.

En su escrito de acusación, el fiscal Anticorrupción José Grinda mantiene que la entrada en escena del PDeCAT en 2016 no supuso en ningún caso el nacimiento de un nuevo partido, sino que emergió como una “mera transformación o cambio de apariencia de una misma realidad, con la finalidad de desconectarse de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido la formación política precedente”. Es decir, se trataba de eludir las posibles responsabilidades penales de CDC a través de un mero cambio de denominación.

Por este motivo, Anticorrupción entiende que el PDeCAT debe asumir esa multa de tres millones de euros que, defiende, hay que imponer a la extinta CDC.