El Gobierno veta la rebaja del IRPF y 1.000 millones para sueldos de policías y guardias civiles en los presupuestos

La tramitación de los Presupuestos Generales del Estado avanza en el Congreso. Las cuentas han superado ya el primer filtro de la Mesa de la Comisión de Presupuestos, centrado en la viabilidad jurídica de las enmiendas parciales presentadas por los grupos parlamentarios (los letrados del Congreso elaboran un informe sobre el asunto), y ahora llega el segundo, que corresponde al Gobierno. En concreto, Moncloa estudia enmienda a enmienda y calcula el valor económico que tiene cada una: a partir de ahí, decide si veta todas aquellas con partidas que considere que supongan un incremento de gasto o reducción de ingresos y descuadre el presupuesto.

En total, los grupos parlamentarios han presentado 5.445 enmiendas parciales, de las cuales, 51 han quedado fuera ya en el primer filtro de carácter jurídico; y, ahora más de un millar pueden quedar fuera en este segundo filtro. El Gobierno ha remitido un informe a los grupos con cerca de un millar de vetos, aunque en los próximos días se podría ampliar con un segundo informe. El PP, junto a Ciudadanos, PDeCat, Más País y BNG, ha sido el partido más perjudicado por los vetos del Gobierno ya que muchos de sus cambios en estas cuentas han quedado fuera ya en esta ronda.

Así, de los populares han quedado vetadas en torno a 250 enmiendas, muchas de ellas de un gran valor económico y político. Entre ellas, destacan algunas que forman parte del plan fiscal del PP para capear el temporal inflacionario: el Gobierno ha rechazado la deflactación del IRPF a las rentas medias y bajas (ajustar el impuesto a la inflación); una enmienda que aumentaba el gasto por valor de 2.800 millones de euros (según cifras del Ministerio de Hacienda) para mantener la rebaja del IVA del gas y la luz en el 5%, así como mantener la suspensión del Impuesto Especial a los Hidrocarburos; otra por valor de 282 millones de euros para incluir la bonificación de 20 céntimos al gasóleo C para calefacción; otra por valor de 5.000 millones para crear un Fondo de Emergencia para rebajar la factura eléctrica; o, 1.411 millones para rebajar al 4% el IVA a productos básicos como la carne, pescado, aceite, agua, pasta y conservas.

Asimismo, el Gobierno también rechaza dos enmiendas importantes para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: un complemento de destino en los municipios del Campo de Gibraltar y el aumento retributivo para alcanzar la equiparación salarial entre los diferentes cuerpos policiales (Guardia Civil y Policía Nacional con el resto de policías autonómicas), que supondría un aumento de gasto de 1.000 millones de euros.

En este sentido, el portavoz del PP en la Comisión de Presupuestos, Víctor Píriz, ha criticado la falta de transparencia del Gobierno al no especificar cómo hace los cálculos para estimar el valor económico de cada enmienda cuando hay sentencias del Tribunal Constitucional que obligan a hacerlo. “Las sentencias son muy claras y dicen que hay que cuantificar y justificar por qué hay un aumento de gasto o reducción de ingresos. Ahora es subjetivo tal y como lo hace el Gobierno”, ha señalado, tras también criticar que tumben algunas enmiendas “por errores materiales”, cuando esa es una función de la Mesa de la Comisión de Presupuestos.

Socios de investidura

De entre los socios de investidura, sobre todo destaca Esquerra, que ha visto cómo prácticamente un centenar de sus casi 500 enmiendas han sido vetadas. Del PNV no ha habido ningún veto, mientras que de Bildu apenas llega a la decena. Así, en cuanto a las enmiendas de los republicanos, importante socio del Gobierno para aprobar los presupuestos (aporta 13 de los 23 apoyos que necesita), hay algunas de gran relevancia por el volumen económico que representan, como una enmienda por valor de 1.000 millones de euros para para la creación de un Fondo Local de cobertura de la factura energética (JxCat ha pedido otro parecido por valor de 6.000 millones de euros); otra por valor de 1.300 millones de euros por la cesión del 50% de los ingresos de las subastas de derechos de CO2; otra de cerca de 1.500 millones para incrementar el IPREM (también pedida por Bildu); o, 458 millones para el establecimiento de las cuantías de las pensiones mínimas por encima de la cantidad equivalente al 90% del Salario Mínimo interprofesional.

Es decir, todo ellos son partidas con mucho dinero en juego, algo que Esquerra no está dispuesto a dejar escapar. Desde las filas republicanas aseguran que un acuerdo con el Gobierno podría levantar los vetos, por lo que no dan por perdidas estas enmiendas.

Además, también ha quedado vetada la última de las cuatro polémicas enmiendas sobre vivienda que ha presentado Podemos junto a ERC y Bildu. En concreto, ha quedado vetada la relacionada con incentivos fiscales en materia de alquiler, que tenía un valor de 7,2 millones de euros (disminución de ingresos). Ya ayer, en el primer filtro, quedaron fuera la regulación del precio de los alquileres y la prohibición de los desahucios.

Asimismo, el Gobierno ha vetado otra enmienda con gran valor simbólico para sus socios de ERC, Bildu y BNG: incluir la publicidad institucional del Estado también en los diarios en lenguas oficiales distintas del castellano.