El Gobierno introduce el impuesto a las grandes fortunas sin margen de enmiendas para la oposición

El PNV se alinea con el PP en el tributo a las compañías energéticas: piden solo gravar los beneficios extraordinarios

La proposición de ley para crear un gravamen temporal a compañías energéticas y bancarias incorporará también el impuesto a los grandes patrimonios. El PSOE y Unidas Podemos introducirán, a través de una enmienda, un nuevo precepto que habilite la creación de este tercer tributo anunciado en los últimos meses por el Gobierno para afrontar la crisis inflacionaria. El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Jaime de Olano, ha salido de inmediato a rechazar esta maniobra del Gobierno, ya que lo considera un “atropello al procedimiento legislativo y a las instituciones”.

Actualmente, tal y como está redactada, la proposición de ley contiene dos artículos (además de dos disposiciones finales): el primero para el gravamen a las energéticas y el segundo para la banca. El Gobierno, a través de los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos, ha introducido este jueves una enmienda para añadir un nuevo artículo que regule el impuesto a “los ricos”. Con esta maniobra, según denuncian los populares, el impuesto no podrá ser enmendado sino que se introducirá directamente en la norma para que luego sea aprobada por el Congreso (recibirá los apoyos de PSOE y Podemos, junto a sus socios de investidura); tampoco, al igual que los otros dos gravámenes, pasarán por el filtro del Consejo de Estado para que estudie su viabilidad.

El impuesto a los “ricos”, que prevé una recaudación de 1.500 millones de euros anuales, gravará la riqueza neta superior a tres millones euros con tres tramos diferentes: 1,7% a patrimonios entre 3 y 5 millones; 2,1% a patrimonios de entre 5 y 10 millones, y un 3,5% a partir de 10 millones. Su recaudación irá íntegra a costear los efectos derivados de la guerra de Ucrania en la economía española, según explicitó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

En total, entre PSOE y Podemos, han introducido un total de 15 enmiendas a la proposición de ley. Además de la relacionada con la incorporación del impuesto a los “ricos”, también hay dos enmiendas dirigidas a modificar el impuesto a las energéticas y otras dos a la banca. En concreto, las dos enmiendas dirigidas a las energéticas se centran en los fines que tiene el impuesto (dónde se destinará la recaudación) y a ampliar el número de operadores a los que se aplicará el gravamen (se deberían incluir aquellas entidades que desarrollen en España actividades de producción de crudo de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino de petróleo).

Es decir, ninguna de las dos enmiendas va encaminada a corregir la base imponible y alinearla con lo que establece la Unión Europea, que es gravar únicamente los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas. El impuesto, tal y como está diseñado ahora, grava la facturación, lo que puede hacer que las empresas se puedan quedar sin capacidad para pagar el impuesto (es decir, una compañía puede tener una facturación elevada, pero tener pérdidas; aun así, deberá abonar el pago del gravamen). El PP ha introducido una enmienda dirigida a hacer cambios para alinear el gravamen con la Unión Europea y aplicar solo un tipo del 33% a los beneficios extraordinarios. Si el Gobierno adopta esos cambios, los populares apoyarán el impuesto: y lo cierto es que es un escenario que se puede acabar dando porque el PNV también ha presentado una enmienda parecida.

En paralelo, las enmiendas del PP a la banca (artículo 2 de la ley) van dirigidas a eliminar el tributo tras el rechazo mostrado por el BCE por los riesgos y consecuencias que puede tener, y reclama sustituirlo por medidas dirigidas a proteger a los deudores hipotecarios con un acuerdo con las entidades financieras.

Lo cierto es que el plazo de enmiendas para la proposición de ley concluye este jueves y la previsión es que también los socios del Gobierno introduzcan peticiones de cambios para elevar los gravámenes a banca y energéticas, a tenor de la voluntad que han ido expresando en los últimos meses: consideraban que los actuales impuestos son poco ambiciosos y quieren recaudar todavía más y convertirlos en permanentes (ahora están previstos para dos años).