El «juez de Villarejo» cita a un testigo para indagar en el espionaje al excónsul de Letonia en Barcelona

El titular del Juzgado Central de Instucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha citado a un nuevo testigo en la investigación que busca saber si el comisario José Manuel Villarejo fue contratado para desprestigiar al excónsul de Letonia en Barcelona Xavier Vinyals. La petición partió de la Fiscalía Anticorrupción que considera necesario escuchar a un abogado que, supuestamente, recibió presiones de uno de los policías socios de Villarejo. Esta ramificación del macrocaso «Tándem» profundiza en el encargo que el empresario Daniel Castells Batlló supuestamente hizo al clan policial para conseguir descarrilar pleitos que tenía en Barcelona con Vinyals.

En un escrito de este lunes, al que ha accedido LA RAZÓN, el juez instructor agenda para el próximo 17 de noviembre la declaración de J. R. C., un letrado que formaba parte del equipo jurídico de Vinyals. Este excónsul fue apartado de su cargo en la ciudad condal por el exministro de Exteriores José Manuel Margallo porque consideraban que estaba en connivencia con el movimiento independentista. En esta pieza separada número 33 de «Tándem» se presenta como víctima de un complot entre un grupo de policías corruptos y el empresario Castells Batlló con quien estaba pleiteando en distintos juzgados de Barcelona.

Según la versión que aportó al juez, Antonio Giménez Raso -que figura como uno de los investigados, es policía en segunda actividad y muy cercano a Villarejo- llamó al abogado citado ahora como testigo para decirle que tenía datos sensibles sobre sus cuentas bancarias y que, por ese motivo, debían negociar. Una extorsión para conseguir que retiraran las acusaciones contra el empresario catalán.

En un informe de la Fiscalía Anticorrupción de finales de octubre se explica que Vinyals ha presentado al juzgado una batería de documentos para demostrar cómo ganó en los tribunales a su enemigo Castells Batlló y éste fue condenado por la Audiencia Provincial de Barcelona por dos delitos: uno de apropiación indebida y otro de falsedad contable.

La tesis del excónsul es que Villarejo y Giménez Raso están detrás de un encargo el empresario directamente a la empresa Cenyt (propiedad del comisario jubilado) para destruir su reputación. Del trabajo de este espionaje se fraguó un informe con datos fiscales que terminó en forma de denuncia anónima en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Y de ahí, en 2019 se abrió una causa contra Vinyals por delitos fiscales en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona.

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía (unidad investigadora en este caso al tratarse de policías) encontró constancia en las carpetas de Villarejo de que Castells pudo haber pagado 15.000 euros por este encargo. Esto casa con la documentación que se los agentes intervinieron al comisario jubilado en su chalé de Madrid cuando fue detenido en 2017. En uno de sus encargos llamado «proyecto Globin» figura como objetivo «encontrar algo» de Vinyals para que «el cliente pueda negociar».

Precisamente, en esto se centra ahora la investigación, en saber si el cliente era Castells y acreditar que los pagos llegaron a producirse. En los ordenadores de Villarejo se encontró también una carpeta que se llamaba «Viña» [en posible referencia a Vinyals] con material del espionaje al diplomático. El excónsul fue presidente de la Plataforma ProSelecciones Deportivas Catalanas y, además de ser cesado por el Gobierno de Mariano Rajoy por su acercamiento a la causa independentista, la Guardia Civil lo detuvo en octubre de 2020 en el marco de toda la operación iniciada para desarticular «Tsunami Democràtic». Cuando se enteró de que la carpeta de «proyecto Globin» había aparecido quiso personarse en este caso, pero se encontró con la oposición del juez. El fiscal, sin embargo, informó a favor y pidió que se abriera una nueva línea de investigación que es de las más recientes. Vinyals ha presentado un informe en el que compara los datos que Villarejo recopiló en este encargo con los que la denuncia «anónima» en la UDEF tenía.