«La Policía marroquí actuó en suelo español»

Al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también le acusan desde el operativo de la Guardia Civil de Melilla. Además de sus socios y de la oposición. La presión ha hecho que Moncloa haya obligado a los demás responsables de cartera a salir en su defensa, un cierre de filas forzado por la maquinaria de comunicación oficial, que no tapa, por cierto, el hecho de que internamente hace tiempo que el ministro del Interior está bastante aislado dentro del Gabinete.

Desde el mando de la Comandancia en Melilla explicaron a los parlamentarios que visitaron el pasado lunes la zona fronteriza cómo y por qué tuvieron que dejar pasar a la policía de Rabat a una zona de la frontera bajo control de las autoridades españolas durante el salto masivo de la valla del pasado 24 de junio, que acabó en una tragedia humanitaria.

Hubo falta de medios y de efectivos para poder hacer frente a la avalancha de personas (se habla de unas 1.700) que intentaban llegar a España, y debido también a la violencia con la que actuaban.

“Estábamos solos”

En el momento del salto masivo, solo había un cabo y cinco guardias civiles, que tuvieron que replegarse y abandonar el edificio de la aduana. Pidieron ayuda a la Policía Nacional y hasta a la Policía Local ante la envergadura del «ataque», e incapaces de responder se vieron obligados a dejar pasar a la Gendarmería, que es la que se encargó de doblegar la avalancha de inmigrantes. «Estábamos solos, sin medios e incapaces de frenar el asalto. Por eso tuvimos que dejar que la Policía marroquí actuara en zona de nuetra competencia».

El documental de la cadena BBC ha denunciado que la avalancha dejó cuerpos (la cadena británica afirma que sin vida) en el lado en el que las autoridades españolas tienen competencia.

El ministro Marlaska se enfrenta al problema de que los vídeos y la versión de los agentes que estuvieron en el terreno desmienten también sus declaraciones.

Como explicaron a la representación del Congreso que el lunes visitó la zona fronteriza, la decisión de abrir la puerta (les enseñaron hasta el candado que retiraron) y dejar paso a la Policía marroquí fue debido a la falta de medios y también al hecho «inexplicable» de que Rabat no activase la alerta temprana.

«Solo puede entenderse por una decisión política de meter presión, aunque desde España se intente proteger a Rabat. Habría que pedir explicaciones sobre cómo es posible que tal avalancha de personas no fuera detectada previamente y no se nos alertase del ataque que se preparaba a nuestra frontera».

Los asaltos violentos a la valla «se han triplicado», denuncian los sindicatos policiales, mientras que si en 2018 el número de guardias civiles llegaba a la cifra de 594, a 1 de enero de este ejercicio había crecido en tan solo cinco agentes más. En la última convocatoria de plazas de las Fuerzas de Seguridad del Estado, «el número de vacantes para Melilla fue de cero». Desde el operativo de la ciudad autónoma aseguran que necesitan «un refuerzo de al menos otros 200 agentes porque la presión es cada día mayor».

El cerco crece sobre el ministro Marlaska pese a las maniobras de protección impulsadas desde Moncloa, donde han dado la orden al resto del Consejo de Ministros de que salgan todos en su defensa para poner sordina a la exigencia de una comisión de investigación parlamentaria por parte de los socios del Gobierno. Todos a una, porque así lo quiere, hasta el momento presente, el jefe del Ejecutivo.

Esta polémica, que ha dejado en evidencia la falta de correlación entre la versión oficial y los hechos conocidos hasta ahora, se ve afectada por el componente sensible de la política de Estado y de las relaciones con Marruecos, que condiciona también la estrategia de la oposición. Pero al haberse cruzado la línea de la tragedia humanitaria ni siquiera la razón de Estado puede silenciar el escándalo. «En una frontera europea no podemos mirar para otro lado si hay muertos», se escucha entre los agentes de la Guardia Civil.

Por cierto, sobre el «abandono» del lado español de la frontera se han ido acumulando iniciativas y preguntas en el Congreso de los Diputados en los últimos meses, sin respuesta de Interior.

El PP ha registrado en el Congreso once solicitudes de comparencencia al ministro sobre inmigración, todas, a día de hoy, sin responder, y el Gobierno y todos su socios votaron en contra de una moción, consecuencia de interpelación urgente al ministro, para que se dotara de nuevos medios técnicos de control preventivo de los movimientos de los asaltantes de las vallas, para permitir adelantar los dispositivos de protección de las fronteras con suficiente antelación; aumentar las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Ceuta y Melilla, con la mejora de su equipamiento antidisturbios de carácter personal y colectivo, además de dotarlas de protocolos de actuación adecuados para situaciones de extrema tensión en los asaltos violentos a las vallas, que garantizasen la efectividad y la seguridad de los agentes.

La portavoz de Interior del PP en el Congreso, Ana Belén Vázquez, lleva insistiendo en estas demandas desde hace meses y la moción se presentó el pasado marzo.

Los puntos que en ella se exigía reforzar son los que ahora, desde la comandancia de Melilla, señalan como «debilidades» que explican por qué tuvieron que replegarse en la tragedia de junio, en la que murieron, al menos, 23 inmigrantes. La zona fronteriza de la que tuvieron que retirarse los agentes de la Guardia Civil, tras resultar heridos dos de ellos, es donde, supuestamente, ocurrieron los fallecimientos que el Gobierno niega tajantemente.

En caso de que se confirmase que alguna muerte se ha producido en el lado melillense de la frontera, la Justicia española deberá investigar lo ocurrido. De ahí la importancia del debate abierto.