Así afectaría a Puigdemont el cambio del delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados

La reforma del delito de sedición podría traer de vuelta a los nueve políticos condenados por el “procés” a la primera línea política. Aunque también es cierto que algunos de ellos se ha ido ya (como Jordi Cuixart) de la política, con la rebaja de las penas podrían optar nuevamente a cargos públicos a partir de 2025, año que coincide con elecciones autonómicas en Cataluña, si no se adelantan. Es decir, Oriol Junqueras podría ser el candidato de ERC y Jordi Turull, el de JxCat.

En concreto, la proposición de ley registrada por PSOE y Podemos para modificar el Código Penal suprime el capítulo I del Titulo XXII, correspondiente al delito de sedición (artículos del 544 al 549), y modifica el artículo 557, encuadrado en el capítulo III, que hace referencia a los desórdenes públicos. Este nuevo artículo 557 recogerá penas de entre seis meses y tres años de prisión para aquellos que actúen en grupo y, con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia e intimidación sobre las personas o las cosas; obstaculizando las vías públicas; o, invadiendo instalaciones y edificios.

Si además de estas circunstancias, se da que actúan en una “multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público”, las penas irán de tres a cinco de prisión y una inhabilitación para cargo público por el mismo tiempo. Si son autoridades (como los miembros del Govern), la inhabilitación será por tiempo de seis a ocho años. Por tanto, hasta ahora, las penas máximas de prisión podían alcanzar los 15 años, mientras que, con la reforma, se quedarán en cinco.

En la disposición transitoria segunda de la proposición de ley, queda recogida la revisión de las sentencias para que se adapten a la nueva regulación del Código Penal. Es decir, para actualizar las actuales condenas de los nueve políticos independentistas que pasaron por prisión y salieron gracias a los indultos. Una vez se apruebe esta reforma legislativa, serán los jueces quienes decidan cómo se aplica y, por tanto, decidirán cuánto tiempo de inhabilitación les queda a los nueve condenados. Algunos de ellos están condenados también por malversación (inhabilitación de 6 a 10 años), por lo que esa pena podría interferir y alargar algo más la inhabilitación: si no, estarán inhabilitados hasta 2025, como máximo (ocho años).

El portavoz del PSOE, Patxi López, ha querido defender que esta modificación del Código Penal supone “europeizar” la reforma del delito de sedición adaptando las penas al resto de países de nuestros vecinos y, en este sentido, ha lanzado un aviso a Carles Puigdemont y el resto de fugados: ya no habrá más “santuarios” para aquellos que desafíen la legalidad, en referencia al refugio que han encontrado en Bélgica, donde han logrado sortear a la justicia española por los problemas que ha habido con las euroórdenes para encajar el delito de sedición. López ha reivindicado que esta reforma es un paso más para mejorar la “convivencia” en Cataluña y se ha apoyado en los datos demoscópicos para defenderla: ahora mismo, el “procés” ya no es una preocupación para los españoles y la mayoría de catalanes quieren quedarse en España.

No obstante, a nadie se le escapa que la reforma es una exigencia de Esquerra y tiene mucha influencia en la negociación de los presupuestos. Cabe recordar que Pedro Sánchez ha pasado de comprometerse a traer a Carles Puigdemont y presumir de que tiene controlada la Fiscalía a ceder a las peticiones de los independentistas porque depende de ellos para gobernar (con los indultos y ahora la reforma de la sedición).

La intención, según López y el portavoz de Podemos, Jaume Asens, es que se apruebe lo más pronto posible. De hecho, Asens ha augurado que si las negociaciones van bien con el resto de socios, como todo apunta, podría entrar en vigor ya en enero de 2023.

Puigdemont y Rovira

La reforma del delito de sedición beneficiará a los ya condenados, pero también a los que están por regresar a España: Carles Puigdemont y Marta Rovira son los grandes nombres. Ambos pasarían a ser juzgados por el nuevo delito de desórdenes públicos y la rebaja de las penas podría facilitar que ninguno de los dos pasen por prisión provisional, tal y como ocurrió con el resto de consellers mientras esperaban juicio.

El Tribunal Supremo (TS) ya juzgó y condenó por el ‘procés’ al ex vicepresident Oriol Junqueras y otros once líderes catalanes, pero el instructor del caso todavía aguarda a que los otros cinco procesados por el 1-O que siguen huidos --Puigdemont, los ex consejeros Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig y la dirigente de ERC Marta Rovira-- regresen a España para poder continuar el procedimiento contra ellos.

Puigdemont, Comín y Ponsatí se encuentran procesados por los delitos de sedición y malversación, mientras que Rovira lo está solo por sedición y a Puig no se le achaca ese delito, sino los de desobediencia y malversación. Por eso, la desaparición de este tipo penal les afectará a todos menos a este último, cuya situación permanecerá invariable.

El ex president y los otros tres procesados por sedición pasarán de enfrentarse a una pena de entre 10 y 15 años de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación solo por sedición a una pena de entre 3 y 5 años de cárcel y 6 y 8 de inhabilitación por el delito propuesto de desórdenes públicos agravados, en el caso de que Llarena reemplazara uno por otro.

Si se intercambiara la sedición por el futuro delito de desórdenes públicos agravados, la prescripción caería a los 10 años, porque es el plazo contemplado cuando “la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de 5 años y que no exceda de 10″, como sería el caso. Las citadas fuentes apuntan que se trata de la misma prescripción vigente para la malversación.

Una vez extinguida la responsabilidad penal, los fugados podrían regresar a España sin tener que enfrentarse a la Justicia, pero las fuentes hacen hincapié en que se trata de un asunto complejo porque desde que se cometieron los hechos delictivos, en 2017, el plazo de prescripción ha comenzado a correr y se ha vuelto a poner a cero varias veces. De hecho, subrayan que el supuesto más complicado es el de Puigdemont.