La supresión de la sedición y los presupuestos: luz verde a finales de diciembre

El Gobierno y Esquerra aspiraban a liquidar la agenda legislativa más sensible antes de que concluyera 2022, conscientes de que, a partir de enero, se hará todo más cuesta arriba por el ciclo electoral que arranca en mayo. Por ello, han dado un acelerón y todo apunta a que a finales de diciembre verán la luz verde tanto los Presupuestos Generales del Estado de 2023 como la reforma de la ley de sedición en el Congreso. Las cuentas se dan prácticamente por descontadas porque las negociaciones van avanzando y están ahora más allanadas, si cabe, gracias a la cesión del Gobierno con los cambios en el Código Penal, mientras que la rebaja de penas alberga más incertidumbre porque su recorrido parlamentario puede torcerse. En todo caso, en Podemos y en ERC sí creen que si todo va rápido, puede acabar materializándose antes de que acabe este año. Ese también es el deseo de ambos grupos parlamentarios.

En este sentido, la reforma legal, que incluye la supresión del delito de sedición y los cambios en el delito de desórdenes públicos con penas de cinco años de cárcel como máximo, empezará a andar parlamentariamente este lunes, cuando la Mesa del Congreso califique la proposición de ley. Una vez superado ese paso, el Gobierno deberá dar su conformidad (trámite que puede ser «exprés») y ya después será la Junta de Portavoces quien asigne en qué pleno se somete a la toma en consideración (primera votación).

Todo apunta, por tanto, que la primera votación de la proposición de ley se dé en el pleno previsto para la última semana de noviembre y primera de diciembre. Con la mayoría de PSOE y Podemos en la Mesa, tienen todo a su favor para imponer sus ritmos en el calendario y para que la iniciativa pueda tramitarse de forma rápida. En las filas republicanas esperan que la ley reciba el plácet del Congreso a finales de diciembre y se vaya al Senado en enero. Con esta secuencia de los acontecimientos, Esquerra podría conseguir una imagen de fuerza: votar a favor de los presupuestos a cambio de la plasmación de la reforma del delito de sedición.

La oposición pocos recursos va a tener a su disposición para frenar o torpedear la iniciativa. Según algunas voces parlamentarias, como mucho pueden recurrir a presentar una moción de censura que paralizaría los trámites parlamentarios o que, antes de que dé inicio la fase de enmiendas, se pida la comparecencia de expertos para que desfilen por la Comisión de Justicia y den su opinión sobre los cambios legales. Sin embargo, este segundo escenario sería previsiblemente bloqueado por la propia mayoría de la Mesa, que está en manos de PSOE y Podemos. Al fin y al cabo, dar voz a expertos supondría retrasar la reforma y arriesgarse a un revolcón ante una proposición de ley que, precisamente, ha evitado ya el veredicto de los órganos consultivos del Estado por temor a que sean contrarios al texto legislativo. La tercera alternativa que tiene la oposición es apelar a la rebeldía de los diputados del PSOE que están en desacuerdo con la norma, como está haciendo el PP, para que voten en contra en el Congreso.

En todo caso, la ley también podría sufrir algún retraso si los propios socios del Gobierno presentan enmiendas, como todo apunta que sucederá. Estas obligarían a negociaciones sensibles que podrían acabar por enredar el trámite parlamentario. Esquerra ya ha avisado de que presentará correcciones, aunque tampoco cabría esperar demasiadas exigencias teniendo en cuenta que la ley forma parte de un acuerdo previo. No obstante, tampoco hay que descuidar otra posible fuente de enmiendas, advertida por el líder de Más País, Íñigo Errejón: «No vamos a aceptar que para modificar un punto en el Código Penal, se puedan ampliar los tipos penales que se le aplican por ejemplo por desórdenes a gente que se manifiesta o activistas en la calle». Las palabras de Errejón vienen a confirmar la confusión que ha generado tanto en sectores políticos como jurídicos la reforma legal impulsada por el Gobierno a través de los grupos parlamentarios: podría acabar siendo un arma de doble filo y volverse contra las intenciones que tiene el Gobierno en función de cómo la interpreten y apliquen los jueces.

Con la reforma de la sedición, Sánchez se asegura ya un final de legislatura previsiblemente apacible, donde tendrá todavía que sacar adelante algunas de las leyes más icónicas para la izquierda, pero lo hará en condiciones favorables, con sus socios más satisfechos.