Justicia revisa ya la Ley del “solo sí es sí” tras reducir las penas por delitos sexuales

La nueva Ley del “solo sí es sí”, bandera del Ministerio de Igualdad, ha pasado de ley estrella a ley estrellada en los tribunales. La Audiencia Provincial de Madrid acaba de reducir cinco años la condena que impuso a un acusado de abusar sexualmente de tres menores y lo deja en un año y tres meses por lo que el hombre, en el caso de no tener antecedentes penales, no tendrá que entrar en prisión. Esta decisión ha causado un profundo impacto en el Gobierno de coalición. Mientras que el ala morada ha intentando blindarse, culpando a los jueces de hacer una interpretación “reaccionaria”, los socialistas ya se han puesto manos a la obra.

Según explican a este diario fuentes gubernamentales, el Ministerio de Justicia está revisando la norma para fiscalizar la redacción y estudiar eventuales cambios que eviten la revisión a la baja, que ya se prevé, de una cascada de condenas por delitos sexuales, al amparo de la Ley de Libertad Sexual. La propia ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, reconoció este martes la necesidad de que el Gobierno estudie el texto legal porque su “objetivo” era el “contrario”.

“Después de alguna sentencia que, al parecer se ha dictado al amparo de la ley, creo que se requiere estudiar esta cuestión, estudiar las sentencias con detenimiento y estudiar el texto legal, porque el objetivo de la ley no era que se pudieran rebajar las penas con motivo de abuso a menores. Todo lo contrario”, ha declarado la titular de Hacienda y número dos del PSOE en los pasillos del Senado. En Igualdad contestaron negando la necesidad de revisar la ley, en boca de la Delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, Vicky Rosell, en una entrevista con RNE. La ministra de Igualdad evitó este martes cualquier tipo de pronunciamiento. En una comparecencia anterior, la jueza acabó echando la culpa a los jueces por su lectura «reaccionaria de la norma». La número tres de la ministra de Igualdad trataba de zanjar la polémica asegurando que «no es problema de la norma» sino de la «interpretación voluntarista judicial contra el avance del feminismo».

Fuentes de Justicia apuntan a este diario que “hay que actuar con prudencia” ante las noticias con “información incompleta y relativas a casos muy distintos”. “Debemos esperar a conocer los criterios de interpretación que están siguiendo los tribunales. Hasta que no conozcamos en detalle las motivaciones de resolución no se puede hacer una valoración fundamentada”, aseguran las citadas fuentes que, anticipan, que esperarán a tener ”conocimiento de la línea adoptada por los tribunales y la Fiscalía” para “hacer una evaluación sobre el número de revisiones o rebajas de pena que se pueden producir en el futuro”.

“Mucho machista frustrado”

La norma ya nació con una fuerte controversia dentro del Ejecutivo por la falta de solvencia jurídica que denunciaron los ministros jueces del PSOE. También por parte del entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, al titular de Justicia, Juan Carlos Campo, de “machista frustrado” por haber puesto “excusas técnicas” a la rápida tramitación que pretendían los morados. Las “prisas”, que critican en el ala socialista, se debían a que Podemos presionaba para que la norma estuviera aprobada en el Consejo de Ministros en la fecha icónica del 8 de marzo.

Si los socialistas acusaban a los morados de inexperiencia, de precipitarse por la presión del calendario y de perpetrar una “chapuza” jurídica, desde Podemos se arremetía directamente contra Carmen Calvo por considerar que su rechazo al borrador de la ley se debía a que “no asume que Irene Montero tenga Igualdad”, cartera que la entonces vicepresidenta primera desempeñó en el primer gobierno (en solitario) de Pedro Sánchez.

De hecho, en su día, y tras encontrar diversos errores técnicos, Justicia llegó a corregir un tercio del articulado y rogó “encarecidamente un estudio sosegado” del texto legal. Entre las pifias que advirtieron, la más grave fue la que se ha puesto de relieve ahora en los tribunales, que al no establecer tipos agravados, en la práctica se reducirían las penas por agresión sexual. El Gobierno, en esta carrera contra el calendario, también ignoró las advertencias del Consejo General del Poder Judicial que emitió un informe también en este sentido.

En su informe, el CGPJ criticó que Igualdad, en su anteproyecto, “no ofrece una justificación de los nuevos umbrales de pena previstos” y que efectivamente “la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se haya impuesto las penas máximas conforme la regulación vigente” -por la anterior-. Irene Montero despachó entonces esta advertencia mostrando su preocupación porque “los jueces en este país puedan desoír no sólo al Convenio de Estambul, sino el grito de millones de mujeres que han dicho ‘hermana, yo sí te creo’ y ‘no es abuso, es violación’”. Aseguró entonces que no habría reducción de penas. «Es propaganda machista», esgrimió.