Moncloa reconoce que la malversación tiene «mala defensa»: «Va a ser difícil»

El Gobierno ha desplegado su hoja de ruta para derogar el delito de sedición, el siguiente paso en su estrategia de «pacificar» Cataluña después de la aprobación de los indultos en 2021. Un paso al frente, arriesgado, pero medido en tiempo y, sobre todo, en distancia con las urnas. Sin embargo, este parece no ser el destino final, que tendrá –al menos– una parada más en lo que respecta a la malversación, el enésimo peaje que le exigen sus compañeros de viaje de ERC. El presidente del Gobierno ya abrió la puerta el domingo en una entrevista en «La Vanguardia» y su mano derecha, y encargado de pergeñarlo, Félix Bolaños, dio carta de naturaleza al planteamiento ayer en una entrevista en la cadena Ser. Ni el fondo ni la forma son casuales.

El ministro de la Presidencia se mostró dispuesto a aceptar cambios también en este ilícito en el recorrido parlamentario del nuevo tipo de desórdenes públicos agravados, que sustituirá a la sedición y que se tramitará por la vía de urgencia. PSOE y Podemos quieren que pase su primer examen en el Congreso la próxima semana. «En la tramitación se puede plantear modificar el delito de la malversación», explicó Bolaños, que apuntó que ERC no se lo ha planteado por ahora. Sin embargo, tanto Pere Aragonès como Oriol Junqueras ya han puesto esta condición sobre la mesa. «Hemos estado batallando durante mucho tiempo para que se eliminara la sedición. Ahora toca abrir esta otra batalla en el ámbito de la utilización perversa de la malversación», dijo ayer el presidente de la Generalitat.

En el Gobierno no quieren asumir la iniciativa de la propuesta, por eso dejan que sean sus socios independentistas quienes la abanderen y lo eleven en la tramitación parlamentaria, pero sí comparten que se pueda incluir alguna matización –rebaja de las penas– en lo que respecta a la ausencia del enriquecimiento o lucro personal de los cargos públicos implicados en el desvío de fondos. En el Ejecutivo miran hacia otro lado y sostienen oficialmente que su propuesta de reforma del Código Penal se limita a la sedición, porque son conscientes del coste político que supone avanzar también en la malversación.

Fuentes socialistas aseguran a este diario que, si bien la reforma de la sedición encaja en su estrategia de «reencuentro» con Cataluña y se incardina en el discurso desplegado por Sánchez sobre la homologación de delitos a nivel europeo, la reforma de la malversación tiene «mala defensa». «Va a ser difícil», dicen. Se refieren a que se trata de descafeinar el delito de corrupción por antonomasia y que, pese a desconocer el contenido concreto de la enmienda que propondrá ERC, la línea jurídica se orienta, precisamente, en revertir la reforma que hizo en 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy. Esto supone, de cara a la opinión pública, tanto como dar pasos atrás, respecto al PP, en la lucha contra la corrupción. Un límite hasta ahora insalvable.

La reforma de 2015 asimiló el delito de malversación, referido al patrimonio público, al de «administración desleal», que castiga la gestión irregular de patrimonios privados. De este modo, Pasó a penalizarse igual la malversación que implica enriquecimiento –del malversador o de terceros– que la que sí supone un perjuicio para el patrimonio, aunque sin generar lucro. Esta derivada afectaría a los cargos del «procés» y también –no es baladí– al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, que está pendiente de su entrada en prisión por el «caso ERE». Por tanto, en el PSOE creen que, si bien la sedición se puede llegar a explicar –aunque no sin esfuerzo– a su electorado haciendo un ejercicio de pedagogía y exhibiendo los resultados del Gobierno en la normalización de la situación en Cataluña, esta estrategia no es extrapolable a la malversación. «No hay argumentos», se lamentan.

Mientras en Moncloa buscan proveerse de ellos de cara a la futura reforma, de momento se afanan en exponer sus razones para tocar la sedición. «Hay muchos delitos relacionados con lo que pasó en 2017 que no se han propuesto. No olvidemos que la clave es construir convivencia», afirmó Bolaños. El ministro cree que el Código Penal debe de ser «razonable» y cualquier enmienda que se presente –sobre la malversación–, por parte de ERC, la estudiaremos «en profundidad». «Necesito ver los papeles para estudiarlo», dijo sin querer anticiparse.

«En el PSOE tenemos claro que la política de construir convivencia en Cataluña es buena para todos. Hereda una tensión insoportable y con Sánchez se toman medidas valientes para el reencuentro. En estas decisiones, como pasó con los indultos, pasa que algunos pueden tener dudas. Pero, con el tiempo ven que ha sido positiva», explicó Bolaños, tratando de hacer pedagogía sobre las decisiones que toma el Gabinete, también de puertas adentro de su propio partido, donde existe cierta contestación territorial.

El ministro criticó que no se hiciera política cuando tocaba y reivindicó que la situación actual es muy diferente. «Hay ahora también mayor inversión. Estamos construyendo confianza y convivencia y lo estamos haciendo con valentía. La situación ahora en Cataluña nada tiene que ver con la anterior», aseguró. Este será uno de los pilares de la campaña del PSOE de cara a 2023, exhibir que la política desplegada por Sánchez en Cataluña ha supuesto un bálsamo social y ha dividido al independentismo, dejándolo al borde de la ruptura.