El Gobierno recula y levanta el veto a enmiendas al impuesto a banca y eléctricas

El Gobierno ha reculado y ha levantado los vetos a la cuarentena de enmiendas de otros grupos parlamentarios que había rechazado de la proposición de ley sobre el impuesto a la banca y las energéticas. Eso no se va a traducir automáticamente en cambios, pero sí abre la puerta a negociar y tramitar una de las enmiendas más reseñables, que es la relativa a la base imponible de las eléctricas: tal y como está diseñado ahora, se gravaría la facturación de las empresas, mientras que PP y PNV reclaman que se graven solo los beneficios extraordinarios, tal y como también señala la Unión Europea.

De momento, en el PSOE evitan precisar si cederán y si harán un cambio en ese punto, y se limitan a decir que el levantamiento de los vetos es a todas las enmiendas. Es decir, vienen a decir que es más un gesto formal que voluntad real por negociar y hacer cambios. En Podemos, en cambio, van más allá y alejan prácticamente toda posibilidad de cambios porque, según explican, ya estudiaron diseñar el impuesto gravando los beneficios extraordinarios, pero detectaron que era una fórmula “demasiado compleja de implementar” y que haría “más atractiva la ingeniería contable” para escapar a la tributación.

En cualquier caso, el viraje con los vetos a las enmiendas es una señal reseñable y puede abrir la puerta a cambios en la base imponible por el temor a que pueda ser tumbado por la Justicia en un momento convulso judicialmente para el Gobierno después de haber visto cómo algunos jueces han interpretado la “Ley del sí es sí” rebajando penas a algunos condenados por violación.

En este sentido, el PP, para evitar un revolcón judicial, reclama cambiar la base imponible y alinearse con las directrices marcadas por la Unión Europea: El PNV está en la misma postura y tiene una sensibilidad importante con este tema teniendo en cuenta que hay importantes compañías energéticas afectadas en el País Vasco por el impuesto (Iberdrola y Petronor), además de bancos (BBVA y Kutxabank)

Ambos partidos, en todo caso, se han avenido a aceptar este impuesto como medida de redistribución ante el contexto económico en el que nos encontramos. De hecho, en los populares precisan también que el impuesto puede tener una función de redistribución o de incentivo para que las propias compañías rebajen los precios para evitar el impuesto: eso sí, ese incentivo funcionaría solo si se gravan los beneficios extraordinarios, ya que invitaría a las compañías energéticas a rebajar los márgenes y beneficiaría a los clientes. Pero eso solo funcionaría si el impuesto se aplica sobre los beneficios extraordinarios, que sería del 33%.

Ahora mismo, el impuesto gravaría la facturación con un 1,2%, con la intención de recaudar 2.000 millones de euros anuales. El problema de gravar la facturación es que se puede dar el caso que las compañías tengan pérdidas a pesar de haber aumentado la facturación en el 2022 y verse obligadas, por tanto, a pagar el tributo.

En el PP cunde el temor a que la Justicia rechace el impuesto con ellos en el Gobierno, lo que les obligaría a tener que devolverlo a los contribuyentes y eso generaría ya un agujero en las cuentas públicas. Los populares, que consideran que el impuesto está diseñado con afán recaudatorio en lugar de redistributivo, ya han asegurado que apoyarán el impuesto a las eléctricas si hay ese cambio en la base imponible. En cambio, no apoyan ni el tributo a la banca (exigen retirarlo y cambiarlo por un plan de ayuda los deudores hipotecarios, que incumba tanto a bancos como al Estado) ni el tributo a las grandes fortunas.

La proposición de ley con el impuesto a energéticas y banca también incorporará un tercer artículo con el impuesto a las grandes fortunas. El impuesto a las grandes fortunas se ha introducido a través de una enmienda y eso ha levantado polvareda porque impide a la oposición presentar enmiendas a una iniciativa tributaria y acota, por tanto, su tramitación y debate. El impuesto a la banca gravará con un 4,8% los ingresos por comisiones e intereses mientras que el impuesto a las grandes fortunas se aplicará a partir de patrimonios de tres millones de euros (la horquilla irá del 1,7% al 3,5%).