El Gobierno mide el desgaste por la malversación a la espera de ERC

Un callejón sin salida. La decisión de Pedro Sánchez de abrir la puerta a reformar el delito de malversación, asociado -enmienda mediante- a la derogación de la sedición ha abierto una vía de agua argumental al Gobierno. Tal como informara ayer este diario, en Moncloa reconocen que los cambios en el delito por antonomasia de la corrupción tienen “mala defensa” y, por el momento, se intenta frenar el golpe. Si en diversas entrevistas durante el domingo y el lunes, tanto el presidente como sus ministros dejaban volar la expectativa de que estudiarían los cambios que propongan, en este sentido, sus socios independentistas; ahora, tratan de recoger carrete.

Desde el Ejecutivo recuerdan que su “propuesta” y su “compromiso” se limita a la reforma de la sedición, que presentaron PSOE y Unidas Podemos, el pasado viernes y señalan, casi a modo de advertencia, que con ello, “ya han cumplido”. En paralelo, desde Moncloa aseguran que no están “valorando ninguna otra iniciativa”, pero no descartan que puedan acabar apoyando la que eleve ERC en el ámbito parlamentario, donde “deben debatirse las propuestas de todos los grupos”. Fuentes gubernamentales emplazan a este “trámite parlamentario” y piden “confianza” en el mismo.

En todo caso, en el Ejecutivo rechazan explícitamente trasladar públicamente cuál es la posición sobre la reforma del delito de malversación. Evitan exponerse para sortear el desgaste que ya están sufriendo por la sola posibilidad de que avancen en su modificación para rebajar las penas asociadas a la sedición o de aquellos supuestos en los que no exista lucro personal. La estrategia ahora es esperar a que ERC ponga negro sobre blanco su propuesta, para, ya entonces, posicionarse. “El Gobierno no puede manifestarse sobre futuribles”, dicen.

No obstante, esto ya está haciendo mella en la imagen de un Ejecutivo que ha hecho de la lucha contra la corrupción su bandera fundacional, no en vano, llegó al poder tras el triunfo de una moción de censura a Mariano Rajoy tras la sentencia de la “trama Gürtel” y ahora dejan volar la expectativa de que puedan acabar dando marcha atrás a la reforma que el PP impulsó en 2015 para agravar los supuestos de malversación, sin que fuera requisito el enriquecimiento personal.

Aunque los socios de ERC hablen de cambios “quirúrgicos”, lo cierto es que el Gobierno ha puesto en bandeja al PP explotar el discurso de que hacen cirugía penal a medida de sus intereses o, por extensión, los de sus socios. Desde el entorno republicano se enfría también la posibilidad de que prospere la reforma. Primero, se apuntó a que habría que ser cuidadosos para “acotar el Código Penal”, de manera que no comenzasen a desfilar fuera de la cárcel algunos de los condenados por casos de corrupción. En privado, reconocen que no ven posibilidades “a corto plazo” de que cristalice el cambio penal.