Jueces autonómicos discrepan con la Fiscalía y siguen aplicando rebajas a violadores

El criterio promovido este lunes por la Fiscalía General del Estado hizo respirar aliviadas a las víctimas de delitos sexuales y a la ministra de Igualdad, Irene Montero, artífice de la Ley del «solo sí es sí». El fiscal general, Álvaro García Ortiz, difundió una orden de obligado cumplimiento para los fiscales que buscaba hacer de muro de contención de las rebajas de penas a violadores consecuencia de la aplicación de la norma. Pero solo un día después, distintas decisiones judiciales muestran que el galimatías no va a ser fácil. En Aragón se revisarán todas las penas a la baja si ahora benefician más al reo y en Cantabria se ha producido un nuevo caso de excarcelación. Ya son cinco los agresores sexuales en la calle y, al menos, 16 rebajas de condena según el recuento de La Razón.

Los fiscales a partir de ahora deben oponerse, por norma general, a la reducción del castigo. Así lo indicó en un decreto de urgencia García Ortiz, señalando que si la condena del agresor está contemplada en la horquilla de la nueva Ley (si fue penado a seis años y ahora la horquilla va de cuatro a doce, por ejemplo), la pena se queda como está aunque el suelo haya bajado y, por tanto, sea posible aplicar un mínimo más bajo al condenado.

Un criterio totalmente opuesto al elegido ayer por los 12 magistrados de la Audiencia Provincial de Zaragoza que se reunieron para unificar su actuación. Los jueces volverán sobre todas aquellas sentencias con condenas en vigor para restar los años que ahora permita la Ley del «solo sí es sí». Su decisión supone un «cambio un poco respecto a las conclusiones a las que ha llegado el fiscal general», reconoció el presidente del tribunal, Alfonso Ballestín, porque van a aplicar «la norma más favorable» casi como una operación matemática. Lo que García Ortiz, precisamente quiere evitar pidiendo a todos los integrantes del Ministerio Público que vayan «caso a caso».

Un ejemplo del embrollo jurídico fue la excarcelación de un nuevo hombre en Cantabria. El agresor fue enviado a prisión por manosear a una mujer encima y por debajo de la ropa, mientras ella lloraba e intentaba zafarse y un segundo hombre la agarraba de los brazos. El delito de agresión sexual agravado por actuación conjunta fue reducido por la Audiencia Provincial de Cantabria de cinco año a dos este lunes. El fiscal se había opuesto.

La decisión última está, por tanto, en manos de los jueces y, por mucho que el Ministerio Público vaya a intentar frenar la mayoría de las rebajas, cada tribunal está leyendo la parte del Código Penal que cree que debe prevalecer.

La discusión pivota sobre el artículo 2.2 que habla de los beneficios para el reo y la disposición transitoria quinta que está al final del texto. El primero describe uno de los principios básicos del Derecho Penal: si entra en vigor una nueva norma que perjudica al reo se aplicará solo hacia delante, pero si la norma lo beneficia se hará de forma retroactiva. El segundo se concibió como una manera de evitar una avalancha de revisiones de cárceles cuando entró en funcionamiento el Código Penal de 1995 y explica, específicamente, que si la pena está dentro de la horquilla no es necesario volver a atrás. Dos lecturas ciertamente contradictorias que han provocado un verdadero terremoto entre las interpretaciones de los juristas para la aplicación de la Ley del «solo sí es sí».

Los jueces que firman esta excarcelación en Cantabria alegan que «no se considera que esos criterios [los de cuando marchó el Código Penal en 1995] sean aplicables a una Ley aprobada veintisiete años después de aquella». Los togados de Aragón creen que «en ningún caso» se debe hacer una «individualización judicial de la pena» y que «la única pauta» será «el juicio abstracto de proporcionalidad de la norma». Si ahora el mínimo está en cuatro y fue condenado a seis por la mínima habrá que bajar y no hay más tu tía. Otros tribunales, como el de Madrid, tienen reuniones esta semana para fijar criterio, pero no será hasta que todo pase por el Supremo cuando el camino se unifique en toda España.