Defensa remata la purga de sus últimos restos franquistas

La Bandera de Infantería Protegida Comandante Franco y la Bandera de Infantería Motorizada Millán Astray, entre otras unidades y denominaciones castrenses, tienen los días contados, según los planes del Ministerio de Defensa.

Así se desprende del borrador del acta de la primera reunión del comité de seguimiento de la Ley de Memoria Democrática con fecha del pasado día 15, donde consta que «la primera actividad a encargar» a sus miembros es la «confección de una propuesta de inventario en el que se identificarán las unidades militares o parte de ellas» que puedan ir contra lo previsto en el artículo 35 de la norma. Esta disposición afecta de lleno a las banderas de la Legión citadas, que han sido además señaladas reiteradamente por Compromís y EH Bildu, con preguntas parlamentarias en las que se ha cuestionado al Gobierno por su permanencia y se instaba a su erradicación.

Siguiendo «igual criterio», se hará lo mismo con «bases, centros, centros, organismos o cualquier otro inmueble dependiente del Ministerio de Defensa donde existan calles, plazas, edificaciones, construcciones o lugares en general que contengan denominaciones, escudos, insignias, placas, retratos, símbolos o cualquier otro elemento interior o exterior que puedan considerarse contrarios a dicha memoria».

Según el borrador, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, «esta primera propuesta de inventario deberá estar ultimada el próximo 31 de enero de 2023».

Para su elaboración, el comité técnico «requerirá a los ejércitos» que lleven a cabo las «correspondientes propuestas de inventario dentro de los respectivos ámbitos competenciales», para que, sobre esa «base», el comité «realice la propuesta integrada».

Una tarea que abarca además «todos los museos militares y salas de exposiciones en los que se encuentre expuesto al público cualquier obra o elemento que pueda considerarse contrario a la memoria democrática».

El comité técnico estará presidido por la subdirectora general de Publicaciones y Patrimonio Cultural, Margarita García Moreno, y estará compuesto por representantes «de los ejércitos [Tierra y Aire] y de la Armada».

Según refleja el acta, el segundo JEME – teniente general Alejandro Escámez–pidió la palabra en el turno de intervenciones para hacer constar que «los plazos son muy ajustados y que no ve posible que a fecha del 31 de enero se pueda realizar esa propuesta de inventario». La presidenta –Adoración Mateos [subsecretaria de Defensa]– contestó que «lo importante es empezar a trabajar y que se irá valorando la fecha de finalización de propuesta de inventario». A continuación intervino el director general de Infraestructuras –teniente general Luis Cebrián– señalando que «ya se han iniciado contactos con el Gobierno de Navarra para tratar el asunto del Fuerte de San Cristóbal», en referencia a la cesión de uso del actual emplazamiento militar al Ejecutivo foral para convertirlo en Lugar de Memoria, como era deseo de EH Bildu, con una aportación inicial de 3 millones de euros con cargo a los presupuestos del Estado que se aprobarán hoy en el Congreso.

El Ministerio de Defensa, que ya ha retirado al menos 410 símbolos franquistas y rebautizado 11 bases militares desde 2009, remitió ayer a este periódico a las declaraciones de Margarita Robles para cualquier aclaración. «Lo que hemos hecho al día siguiente de la entrada en vigor de la ley es crear una comisión de seguimiento que tiene por objeto ver cuáles son aquellas materias de la ley que son aplicables a Defensa», aseguró la ministra el pasado día 4. «Lo que sí puedo decir es que esa comisión va a estudiar todas las cuestiones que surjan, que cualquier decisión que se tome exige un expediente, no son automáticas. Requiere una tramitación que en ocasiones es contradictoria, es decir, dando audiencia a todos los que estén interesados. Todo lo que se haga se hará con arreglo a la ley».

Estas medidas, en especial las que afectan a las unidades en memoria de Franco y Millán Astray en su etapa africana en la Legión, han causado «mucho malestar y tensión», al menos en militares en situación de retiro, que lamentan que «este tipo de cambios los hacían los políticos; es la primera vez que se hace partícipes a miembros del Ejército», o creen que «antes de firmar eso es preferible colgar el uniforme». Habría trascendido incluso que el JEME «no va a tener ningún enfrentamiento político» para evitarlo.