La Guardia Civil apunta a ocho exjefes de ETA por el asesinato del juez Querol

Nuevo paso adelante en la batería de investigaciones que mantiene abiertas la Audiencia Nacional contra exdirigentes de ETA para esclarecer su supuesta responsabilidad en los atentados que se cometieron bajo su mando. El juez Santiago Pedraz ya tiene en sus manos el informe que solicitó a la Guardia Civil –al que ha tenido acceso LA RAZÓN– sobre los indicios que vinculan a la excúpula etarra con el asesinato, el 30 de octubre de 2000 en Madrid, del magistrado de la Sala Militar del Tribunal Supremo José Francisco Querol, una acción criminal en la que también fallecieron su escolta, Jesús Escudero, y su chófer, Armando Medina, además de Jesús Sánchez, el conductor de un autobús de la EMT que circulaba por la zona y que frenó la onda expansiva evitando una masacre (63 personas resultaron heridas).

En el exhaustivo análisis de la Jefatura de Información del Instituto Armado –de 281 páginas y otras 121 de anexos–, los tres agentes que firman el documento apuntan directamente a ocho ex jefes de la banda terrorista. Todos ellos formaban parte en esas fechas de su comité ejecutivo o Zuba: Mikel Albisu, «Mikel Antza» («aparato político»); Vicente Goicoechea, «Willy» (mano derecha del anterior); María Soledad Iparraguirre, «Anboto» (encargada de las finanzas de ETA y de los «zulos»); Asier Oyarzábal, «Baltza» («aparato logístico»), Ramón Sagarzazu («aparato internacional») y Javier García Gaztelu, «Txapote», como responsable del «aparato militar» junto a Juan Antonio Olarra Guridi y Ainhoa Múgica.

La Guardia Civil apunta también a Ignacio Gracia Arregui, «Iñaki de Rentería», pero dado que fue detenido en septiembre de 2000, matiza que ya no formaba parte de la dirección de ETA cuando se produjo el asesinato del juez Querol. Queda, por tanto, a criterio del instructor su posible citación como investigado. Los agentes señalan a otro de los querellados, Gorka Palacios, como uno de los integrantes del «comando Barahuste» (una de las denominaciones del «comando Madrid») que perpetró el atentado, y tampoco incluyen en la Zuba en esas fechas a Juan Carlos Iglesias Chouzas, «Gadafi».

La “Zuba” tomó la decisión “de forma colegiada”

Esta es una de las causas reabiertas tras una querella de Dignidad y Justicia (DyJ), que denunció en la Audiencia Nacional a once exintegrantes de la dirección de ETA por este asesinato ante lo que el letrado de la asociación de víctimas, Miguel Ángel Rodríguez Arias, considera una responsabilidad por autoría mediata por el dominio que ostentaban en la organización (que les hubiera permitido abortar el atentado más allá de que dieran o no la orden directa).

Pedraz llegó a citar a declarar a los once querellados esta misma semana, pero suspendió esas comparecencias a la espera de recibir este informe policial. Ya con el documento en su poder, el instructor acordará de nuevo las citaciones, según fuentes jurídicas.

Los integrantes de ese comité directivo, sostiene la Guardia Civil en el informe, «habrían participado en el diseño, dirección, seguimiento, facilitación de medios e impartición de las órdenes oportunas para la materialización» del atentado. Fue la Zuba de ETA la que, añade, «tomó la decisión de forma colegiada de iniciar en 1997 una estrategia de atentados contra los miembros del colectivo de la judicatura (jueces, magistrados, fiscales)».

Reunión en Francia con la cúpula unos días antes

En cuanto a los dirigentes de ETA que ejercieron la máxima responsabilidad sobre el «comando Barahuste» desde la clandestinidad en Francia («Txapote», Olarra Guridi y Ainhoa Múgica, que sustituirían al primero al frente del «aparato militar» tras su detención en febrero de 2001), en el informe se apunta que «habrían dado las instrucciones» a los integrantes del «comando» sobre su funcionamiento y señalado los lugares donde ubicar sus «bases de operaciones», facilitándoles además «dinero, material terrorista e informaciones sobre políticos y militares al objeto de materializar su actividad terrorista en la capital de España».

De hecho, los agentes sostienen que unos días antes del atentado, mantuvieron una reunión con un «enlace» de la cúpula etarra que les ordenó trasladarse a la localidad francesa de Argelès-sur-Mer, donde se citaron con los dirigentes de ETA para «comentar los diversos acontecimientos de su campaña en Madrid», siendo «altamente probable que uno de los temas a tratar fuese el atentado» contra Querol.

Los agentes de Información desgranan los indicios que vinculan a la cúpula de ETA con la acción criminal. Así, apuntan que parte del material recibido por el «comando» fue utilizado para «la preparación del artefacto explosivo contenido en una olla» y colocado después en el coche-bomba con el que se cometió el atentado.

Anotación en la base de datos: “Zendu” (muerto)

Asimismo, reseñan que los datos del magistrado del Supremo «aparecían en una base de datos sobre potenciales objetivos de ETA» (DGZ o Data Gune Zentrala -Base Central de Datos) intervenida por la Policía francesa al exdirigente etarra Francisco Javier López Peña, «Thierry» al ser detenido en Burdeos en mayo de 2008. Tras ser asesinado Querol, los etarras actualizaron su ficha añadiendo las palabras «ekintza» (acción terrorista) y «zendu» (muerto).

El informe pone de manifiesto cómo «Txapote» ordenó a los «comandos» el robo de una troqueladora para falsificar matrículas de vehículos ante la inminente ruptura del alto el fuego decretado por ETA el 24 de octubre de 1998 (lo que finalmente se produjo el 28 de noviembre de 1999). Esa maquinaria fue utilizada supuestamente para falsificar las placas utilizadas en el atentado contra el magistrado.

La Guardia Civil reseña también que en un dispositivo informático intervenido a “Miken Antza”, responsable del “aparato político”, con una relación de comunicados de ETA se encontraba la reivindicación del asesinato de Querol, fechado el 12 de noviembre de 2000, momento en el que la banda terrorista mantenía activos “en torno a los 1.000 militantes”).