Sánchez elige al exministro Juan Carlos Campo y a la exasesora de Moncloa Laura Díez para renovar el Constitucional

Otra vuelta de tuerca más, que anticipa un nuevo choque entre poderes del Estado. El Gobierno se ha cansado de esperar y aprobará en el Consejo de Ministros de este martes los nombramientos que le corresponden para renovar el Tribunal Constitucional. Lo hará en solitario, sin esperar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que genera un riesgo de viabilidad en sí mismo. El Ejecutivo cumple con la Constitución pero lo hace traicionando la vocación de despolitizar la Justicia, pues promoverá al exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a la ex directora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez como nuevos magistrados del Alto Tribunal, según ha adelantado El País y ha confirmado este diario.

Pedro Sánchez ya anunció el pasado mes de agosto que estaba en disposición de nombrar a los dos candidatos al tribunal de garantías que le correspondían por cuota sin esperar a que el CGPJ designara a los otros dos que completan el tercio de cuatro magistrados pendiente de renovación. Sin embargo, hasta ahora, el Ejecutivo había decidido esperar para evitar un nuevo choque entre poderes y ante las “señales”, que percibían, de que los jueces estaban negociando y sí había una vocación real de elevar sus nombres. En los últimos días, sin embargo, ya se había deslizado que el Día de la Constitución, próximo 6 de diciembre, era un horizonte psicológico que se había marcado Moncloa para hacer un movimiento, si seguían sin producirse avances por parte del CGPJ.

Para forzar al PP y al CGPJ a moverse, desde el Gobierno se promovieron dos reformas a la carta de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Primero, para atraer al principal partido de la oposición a renovar el Poder Judicial, se impidió al CGPJ hacer nombramientos mientras estuviera en funciones. Posteriormente, se revirtió en parte esta imposibilidad, permitiendo que recuperara la capacidad legal para hacerlo, pero solo en lo que respecta al Tribunal Constitucional. El Gobierno quería desbloquear esta cuestión por el giro progresista, que le beneficiaba, en la mayoría.

Ahora que Moncloa ha optado por avanzar sin el CGPJ, deberá despejar la incógnita el Pleno del TC, ya que es quien debe dar el aval a los seleccionados. En un principio, fuentes de la corte de garantías veían difícil que los dos aspirantes del Ejecutivo superaran el filtro del Pleno sin los dos del CGPJ, porque -explicaban- el Consejo no podía cumplir con su función constitucional debido a la reforma de la LOPJ operada en marzo de 2021 que prohíbe al órgano hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial mientras esté caducado, situación en la que lleva ya casi cuatro años.

Sin embargo, las mismas fuentes subrayan ahora que el escenario cambió el pasado julio, cuando PSOE y Unidas Podemos impulsaron la aprobación de una segunda reforma para que el Consejo recuperara su poder de cubrir vacantes en los altos tribunales, aunque solo para el Constitucional.

Cambio de mayorías

Otras tesis sostienen que la Constitución no permite más interpretación que la de que la renovación se haga con el tercio completo (los 4 magistrados), porque lo contrario supondría de facto hacerlo por sextos (2 magistrados). Esto abocaría a un bloqueo hasta que el CGPJ nombre a los suyos. La renovación del Constitucional supone un cambio en las mayorías que pasaría a ser ahora progresista, con asuntos tan sustanciales de dirimir en el futuro como los recursos presentados la Ley del Aborto, la Ley de la eutanasia o la de Educación.

Los nombramientos para renovar el Tribunal Constitucional han incomodado a Podemos y a los socios del Gobierno en el Congreso de los Diputados. En Podemos recibieron la noticia ayer por la noche, y aunque no podían rechazarla, por ser fuerza minoritaria en el Ejecutivo, han mostrado su malestar en público y rápidamente han cargado contra los perfiles y han comparado esta decisión con el rechazo de PSOE y PP de aceptar perfiles políticos para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Así, tachan de “un acto de cinismo” el hecho de que el exministro Juan Carlos Campo si pueda formar parte del Tribunal Constitucional, mientras que se “vetara” a la exjueza morada, Victoria Rosell, para ser vocal del CGPJ. Según el jefe del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, el PSOE está utilizando “una puerta giratoria” para llevar a un exministro al Tribunal Constitucional. El portavoz morado en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, analiza que la entrada de Campos en el órgano demuestra que “el veto a Rosell es ad hoc por presentarse por Podemos a las elecciones.