Improvisación en Interior: ocho guardias civiles más para Navarra

La cesión del Gobierno de Pedro Sánchez a la petición de EH Bildu para un «sí» presupuestario «gratuito» – ya que su apoyo no era necesario para sacar adelante las cuentas públicas–, ratificó se semana pasada a los de Arnaldo Otegi como socios preferentes.

EH Bildu ha cogido la medida a al Ejecutivo y volvió a forzar una prebenda más en su lista de humillaciones, esta vez, teledirigida contra la Guardia Civil a quienes desde los etarras a los dirigentes abertzales han fijado, históricamente, su odio, sus balas, y sus coches bomba.

Los quieren fuera del País Vasco y de Navarra y avanzan en el acoso personal, familiar e institucional, en esta ocasión, con el apoyo expreso del Gobierno.

La Guardia Civil de Tráfico será expulsada de Navarra antes de la próxima primavera, según el pacto alcanzado entre ambos. Sin embargo, la improvisación ha hecho que, según ha podido saber LA RAZÓN, ocho guardias civiles hayan sido destinados a la dotación de tráfico de la comunidad foral con incorporación en los próximos días.

EH Bildu fijó entre sus condiciones que en menos de 5 meses los agentes estén fuera de la comunidad foral aunque, en la ejecución podría ir «para largo» por lo que algunos lo hayan tildado, incluso, de posible «brindis al sol» ya que sustituir a los 200 guardias civiles de tráfico requiere lograr la incorporación de los mismos en la policía foral, con la formación pertinente algo que puede tardar varios años. Y, es que cinco años, políticamente hablando, es mucho tiempo. Sea como fuere, la policía foral no está preparada para asumir de forma íntegra esas competencias por lo que la Guardia Civil es probable que tuviera que seguir operando en las carreteras Navarras una vez firmado el acuerdo. Y es que la policía foral no dispone de los agentes necesarios –necesitaría al menos unos 120– . Para ello, su materialización se debería fijar un calendario si, de verdad, se quiere velar por la seguridad.

Según el texto con el que el Ejecutivo y Bildu formalizaron su «entente», las competencias en esta materia serán transferidas al Gobierno foral antes del próximo 31 de marzo. Esta exigencia, de la que ahora se apunta el tanto EH Bildu es un pulso que además se ha librado con el PNV que ha reclamado que inicialmente la petición competencial fue idea suya.

La entonces presidenta foral, Uxue Barkos (Geroa Bai, la coalición del PNV con Socialverdes), en 2018 acordó la puesta en marcha de la transferencia con un entonces recién llegado Pedro Sánchez. También estuvo en juego como petición para el apoyo del PNV a la investidura de Sánchez y antes formó parte de las exigencias para la moción de censura contra Mariano Rajoy. La presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, habló de la llegada de estas funciones desde el inicio mismo de su mandato en 2019 y aseguró que se llevaría a cabo antes de que acabara su mandato, o sea, antes de las elecciones autonómicas de mayo. En 2021, se habló de nuevo de su ejecución, pero se produjeron discrepancias en la cuantificación económica.

Fue un 10 de abril de 1845, un año después de la creación de la Guardia Civil, cuando el propio Duque de Ahumada, su fundador, expresó en una circular interna su preocupación por la vigilancia de los Caminos Reales. Mediante Decreto de 22 de febrero de 1929, del Ministerio de Obras Públicas, se creó el Cuerpo de Vigilantes de Caminos, con misiones sobre Circulación, Transporte y Policía de Carreteras. En la década de 1950, se inicia en España el «boom» automovilístico que hizo necesario disponer de unas fuerzas específicamente dedicadas a la vigilancia de la circulación. La Ley 47/1959 de 30 de julio, sobre regulación de la competencia en materia de tráfico en el territorio nacional, atribuye la función de vigilancia de carreteras y vías públicas al Cuerpo de la Guardia Civil. La Dirección General, en agosto de 1959, creó la Agrupación de Tráfico del Cuerpo.