Supresión de la sedición: el PSOE fuerza un Pleno en 48 horas para votar la totalidad

El PSOE ha dado un nuevo empujón a la reforma del Código Penal para suprimir el delito de sedición cuanto antes y ha forzado la convocatoria de un Pleno para celebrar la segunda votación este mismo jueves. Es decir, en 48 horas. Serviría para debatir y votar las enmiendas a la totalidad que han presentado, hasta el momento, PP, Vox, Ciudadanos, JxCat y la CUP. De esa manera, el camino quedará ya despejado para las enmiendas parciales (donde se tiene que ver si se introduce también la reforma de la malversación) y la votación final quedaría para finales de diciembre.

De esta manera, el PSOE da una muestra más de sus prisas para aprobar la reforma del Código Penal cuanto antes y alejar esta cuestión lo máximo posible del ciclo electoral que empieza en mayo con municipales y autonómicas. También da una muestra más de lo incómodo que es este tema al querer convocar un Pleno para la tarde del jueves, lo que hará que se vuelva a votar previsiblemente tarde y quede eclipsado por el partido de fútbol del Mundial entre España y Japón. Si bien, también es cierto que algunos diputados socialistas han bromeado sobre el partido de fútbol y aseguran que esperan poder verlo.

A esos horarios ha hecho referencia la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien ha criticado que el PSOE sigue actuando “con nocturnidad”. Y es que la primera votación (toma en consideración) se celebró el jueves pasado y acabó de madrugada, algo prácticamente inédito en el Congreso. “El Código Penal de la Democracia de 1995 no puede tener peor final. Es acabar siendo el Código Penal de Junqueras, Puigdemont y Sánchez. Es un traje a medida de unos delincuentes, que atacaron el orden constitucional”, ha señalado.

En este sentido, el PP ha presentado una enmienda a la totalidad con texto alternativo que busca “lo contrario que plantea el PSOE”: es decir, en lugar de suprimir el delito de sedición, busca mantenerlo y, además, tipificar como delito el referéndum ilegal. “Es algo que no debería tener problema el PSOE en apoyar porque a ello se comprometió con los españoles”, ha señalado Gamarra, recordando que Pedro Sánchez se comprometió en campaña electoral a incluir en el Código Penal el referéndum ilegal como delito.

Una vez superado este trámite, los partidos se pondrán manos a la obra con las enmiendas parciales: y ese es el terreno de juego en el que entrará la malversación. En Esquerra siguen defendiendo una reforma de este delito para que se puedan beneficiar los condenados por el “procés” ya que entienden que es un tipo de malversación distinta a los que se embolsan dinero público directamente. En su caso, según sus argumentos, el dinero se usó para un proyecto político, sin beneficio personal.

Pedro Sánchez también mantiene la puerta abierta a atender esta petición de los independentistas, pese a que también ha generado mucha división en el bloque de la investidura porque hay partidos (Podemos, Más País o Compromís) que no ven claro este cambio porque podría acabar beneficiando a condenados por corrupción.

En cualquier caso, además del PP, también otras cuatro formaciones han presentado enmiendas. Vox defiende agravar las penas establecidas para el delito de sedición. “Mientras haya un Gobierno empeñado en traicionar a España, Vox defenderá la patria para que los españoles del futuro reciban un legado mejor”, ha asegurado el portavoz, Iván Espinosa de los Monteros. Ciudadanos también busca elevar las penas, pero para encuadrar los sucesos de 2017 en el delito de rebelión, que está más agravado; y busca impedir que corra la prescripción para los fugados, en referencia a Carles Puigdemont y el resto de exconsellers huidos.

JxCat y CUP presentan una enmienda a la totalidad, pero por motivos diametralmente opuestos al bloque de la derecha. Ambas formaciones defienden la derogación de la sedición, pero añaden matices. JxCat pretende incorporar una disposición transitoria para cancelar las sentencias impuestas y archivar los procedimientos penales abiertos por sedición (en referencia a Puigdemont), y reformar el delito de rebelión para solo sea aplicable en caso de levantamiento armado. La CUP elimina la propuesta de PSOE y Podemos de agravar el delito de desórdenes públicos y busca derogar la Ley de seguridad Ciudadana de 2015.