El CGPJ cumple cuatro años en funciones sin relevo a la vista

Cualquiera que hubiera apostado, allá por septiembre de 2018, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) seguiría a día de hoy en funciones, seguramente no habría sido tomado en serio. Porque este domingo se cumplen cuatro años desde que el órgano de gobierno de los jueces agotó su mandato, un baldón en el prestigio de las instituciones que ni PSOE ni PP han sido capaces de enmendar entre recurrentes cruces de reproches.

La reforma exprés de la sedición ha dinamitado el postrero intento de negociación, unas conversaciones que también han estado a punto de fructificar al menos en otras dos ocasiones en los últimos años. Hasta que la filtración, en noviembre de 2018, de que Manuel Marchena era el elegido para presidir el Consejo -nombramiento in pectore que apuntilló un guasap del entonces senador del PP Ignacio Cosidó, celebrando la designación como medio para «controlar la Sala Penal desde detrás»-, provocó que el propio magistrado del Tribunal Supremo renunciara públicamente a la presidencia del CGPJ.

Mismo escenario y similar desenlace más de dos años después, aunque en este caso la china en el zapato fue la negativa del PP a avalar el desembarco en el Consejo del magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, muñidor del párrafo de la sentencia del «caso Gürtel» sobre la «caja B» del PP, afirmaciones que después el Supremo tildaría de «excesivas» pero que en todo caso demolió el Gobierno de Mariano Rajoy provocando la moción de censura contra el líder del Partido Popular.

“Entre año y medio y dos años”

Sea como fuere, lo cierto es que el CGPJ alcanza los cuatro años en funciones –con el fracaso de las conversaciones entre el Gobierno y el PP como epítome de la perenne crispación entre el PSOE y el principal partido de la oposición– con perspectivas nada halagüeñas sobre una posible renovación. Y es que el último desencuentro, cuando Pedro Sánchez anunció la reforma del delito de la sedición apenas horas después de que desde el Gobierno se diera por hecho públicamente el acuerdo, ha dejando entre ambos partidos secuelas de desconfianza aún más profundas de las que ya de por sí han impedido la fumata blanca en estos cuatro años.

Lo cierto es que, a día de hoy, no se vislumbra en el horizonte posibilidad alguna de acuerdo. De hecho en el propio Consejo del Poder Judicial comienza a cundir la resignación sobre la constatación de un presagio sombrío: que solo las próximas elecciones generales a finales de 2023 tienen la llave para desbloquear la ansiada renovación.

Fuentes de la institución aventuran incluso que el relevo puede demorarse aún «entre un año y medio y dos años» a expensas del resultado de las urnas. «Ahora es imposible. Con la reforma de la sedición habrá que esperar a las elecciones», apuntan. Y es que una hipotética victoria electoral de Alberto Núñez Feijóo abriría la puerta a una reforma urgente que devuelva al CGPJ sus competencias para hacer nombramientos –una modificación legislativa apadrinada por PSOE y Podemos con la que en marzo de 2021 se intentaba forzar al PP a negociar la renovación– e incluso a un anteproyecto de ley para cumplir las exigencias de Bruselas y que sean los jueces los que elijan a los doce vocales de procedencia judicial.

El adiós de un hastiado Lesmes

De todas formas, cualquier pronóstico relacionado con el relevo en el CGPJ es un ejercicio de riesgo. El fracaso de las negociaciones -con visita incluida del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, instando a España a renovar el Consejo y, a renglón seguido, modificar el sistema de elección de los vocales judiciales- se ha llevado incluso por delante al que hasta el pasado octubre era el presidente de la institución, Carlos Lesmes.

El camino hacia su dimisión ilustra con nitidez la incapacidad del Gobierno y del PP para sellar un acuerdo. En septiembre de 2018 (volvemos al comienzo esta crónica), se despidió del CGPJ en su tradicional discurso de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo. Lógico teniendo en cuenta que solo tres meses después para el Consejo, y él mismo, expiraba la fecha de caducidad. Pero, contra todo pronóstico, tuvo que resignarse a predicar en el desierto los próximos años clamando por una renovación que nunca llegaba. Hastiado, lanzó el órdago de su renuncia, que no tuvo más remedio que consumar a la vista de que ni unos ni otros estaban por la labor. Paradójicamente, horas después de su dimisión el Gobierno y el PP retomaban las negociaciones.

Unas conversaciones sobre las que siempre ha terminado sobrevolando, inevitablemente, la sombra del fracaso. No solo por la filtración de la presidencia de Marchena y el desafortunado guasap de Cosidó, sino también por los ataques de Podemos a Felipe VI en el verano de 2020 por la salida de España del rey emérito (con Casado como líder del PP). O por el intento del Gobierno, ese mismo año, de rebajar las mayorías necesarias para renovar el CGPJ, que permitía dejar al margen a los populares y que Europa terminó frenando.

Del tijeretazo a las competencias del CGPJ a la crisis del PP

Una reforma frustrada que propició otra que ha terminado siendo más parte del problema que de la solución: la modificación legal que desde marzo de 2021 impide al Consejo hacer nombramientos (que el Gobierno enmendó a posteriori para que el CGPJ pudiese elegir a dos magistrados del TC necesarios para renovar la institución y garantizar una mayoría progresista, unos nombramientos que, sin embargo, todavía no se han producido).

Con ese marasmo institucional, el Gobierno estaba confiado en que el PP se vería forzado al apretón de manos. Pero el acuerdo nunca se produjo y los daños colaterales los ha sufrido la cúpula judicial, con más de 70 plazas vacantes ya sin cubrir, y especialmente el Tribunal Supremo (donde casi una veintena de nombramientos están a la espera).

Por si faltara algo en este cóctel de despropósitos y evanescente sentido de Estado, la crisis del PP el pasado febrero –que terminó arrastrando a Pablo Casado– también se interpuso en las conversaciones. «Las negociaciones estaban muy avanzadas otra vez. Pero el posible acuerdo se cayó de nuevo», apuntan las fuentes consultadas.

Ya con Feijóo al frente del PP, y a las puertas de un acuerdo inminente, llegó la puntilla de la reforma de la sedición. Quizá, la definitiva. O no. A ver quién se atreve a descartar un año más del CGPJ en funciones.