Normalizar al autoritario

Hemos normalizado la injerencia del Ejecutivo en las instituciones que tienen la misión constitucional e imprescindible de controlarlo. Esta función es básica, máxime si el autoritarismo es el motor del Gobierno, como es el caso. A veces olvidamos que esos órganos están para protegernos de gobernantes engreídos y arrogantes que pueden utilizar la legislación para recortar la libertad o pervertir el orden constitucional.

Esto no es hablar a humo de pajas. Juan Carlos Campo, uno de los postulados por Sánchez para el Tribunal Constitucional, dijo en 2020 que vivimos un «proceso constituyente». Y lo dijo para satisfacer a ERC, siempre teatralmente enojado. No acaba aquí. Campo fue el autor de los indultos a los golpistas e inició la reforma del delito de sedición para su eliminación. ¿Quién mejor para dar por bueno en el TC un referéndum separatista en Cataluña? Laura Díez, la otra persona postulada por el sanchismo, fue de las que consideraron que la aplicación del 155 fue un error. El asunto está claro. El Gobierno sigue su plan autoritario de colonizar todas las instituciones que construyen la estructura sobre la que descansa la democracia.

Esto es grave. Sin embargo, cuántas diatribas del sanchismo y de sus terminales mediáticas atacando a la oposición, al PP, por negarse a renovar el CGPJ o no ceder al nombramiento de agentes gubernamentales en el TC. En estas circunstancias toda resistencia a esa degradación del sistema democrático, de nuestras libertades y garantías, es una obligación. Ya dijo Cánovas que la responsabilidad de todo hombre que ame la libertad en orden es contener a quienes usan la demagogia para tiranizar a todos.

La maniobra del sanchismo desde 2018 es lo que Gramsci llamó «guerra de posiciones». Ante la posibilidad de perder la batalla de la opinión pública porque ha fracasado en todo, desde la contención de la pandemia a la «pacificación» del golpismo, se ha decidido a asaltar las instituciones una a una.

La compensación a la pérdida de apoyo en las urnas es tener a su servicio al CGPJ, al TC, al de Cuentas y a cuantos se pongan a tiro. Si la coalición con ERC y Bildu le granjea las antipatías de los socialdemócratas constitucionalistas, que le acusan de violentar nuestro orden legal, su solución es asegurar los dictados de las instituciones.

Algo tiene que hacer el sanchismo cuando las encuestas le dan la espalda. Es lo mismo que dijo Errejón a los suyos en 2018: «hay que dejar sembradas instituciones populares para refugiarse cuando gobierne el adversario». El sanchismo está asaltando el Estado para el momento en el que esté en la oposición. No solo lo prepara para su PSOE, también para los independentistas, que podrán seguir con su proceso porque contarán con el beneplácito de las instituciones judiciales y del TC.

A Sánchez no le importa el deterioro de la convivencia constitucional, sino el poder. Es una transformación del régimen por la puerta de atrás, como resultado de los chantajes que los rupturistas plantean a un ambicioso sin escrúpulos. ¿Una prueba? Rufián ha confesado esta semana que usó los PGE como «palanca» para «forzar» a Sánchez a acabar con la sedición. Y así todo.

Hemos normalizado la degradación de la democracia por obra y gracia de los autoritarios, de quienes quieren romper todo. Ya lo dijo Otegi: no habría «Gobierno de progreso» sin el apoyo de ERC y Bildu, que quieren «marcharse» de España. Esta dependencia de Sánchez, buscada no obligada, nos pone al borde del precipicio.

Tanto que les gusta la memoria histórica voy a recordar el caso de Hans Kelsen, uno de los grandes juristas del XX, que diseñó el Tribunal Constitucional de Austria para defender la democracia. Lo abandonó cuando en 1929, en pleno auge totalitario, la institución se puso al servicio de los partidos. Está claro.