Los bandazos de Marlaska en inmigración

Cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en 2018 vio en la inmigración una oportunidad para dar un primer golpe de efecto que le diferenciara de las políticas de su antecesor, Mariano Rajoy. Acogió al barco «Aquarius» que llevaba días varado en las costas italianas sin puerto en el que atracar; prometió la retirada de las concertinas y recuperó parte de la sanidad universal. Sin embargo, con el aumento de llegadas de pateras a las costas españolas, especialmente a partir de 2018, efectuó un giro que marcaría sus siguientes medidas: volver a las devoluciones en caliente, las expulsiones exprés o el refuerzo de las relaciones con Marruecos a costa del pueblo saharaui. Son los bandazos de la política migratoria del Gobierno socialista, que casi siempre tienen al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el punto de mira, ya que entre sus competencias figuran el control de extranjería o el asilo, entre otras.

Las críticas hacia Marlaska se disparan tras cada decisión controvertida respecto a la política migratoria que toma el Gobierno, un área que no es ajena a la polémica debido a la confluencia de varios factores tales como la defensa de la integridad territorial y las fronteras; el respeto a los derechos humanos o el cumplimiento de la Ley, entre otras. En los últimos cuatro años, son varios los episodios que están poniendo contra las cuerdas al titular de Interior que ha tenido que dar explicaciones en varias ocasiones en Bruselas de las decisiones del Gobierno en materia migratoria. La tragedia de Melilla del pasado 24 de junio en la frontera de la ciudad autónoma con Nador, en la que al menos (de manera oficial) fallecieron 23 personas, es el último de los episodios cuestionados por varios organismos, entre ellos el Parlamento Europeo al que se negó a acudir para dar cuenta del asalto en la valla y que ahora la Eurocámara vuelve a presionar para que acuda, pese a que el titular de Interior aseguró ayer desde Bruselas que no tiene «ningún inconveniente» en comparecer.

No obstante, se trata del enésimo bandazo en migración de Marlaska, que desde que llegó al Ministerio ha protagonizado varias decisiones polémicas. En enero de 2019, la cartera que dirige el ministro disfrazó la eliminación de las concertinas en las vallas de Melilla y Ceuta –criticadas por causar muertos y heridos– por la colocación de nuevos elementos como peines invertidos y tubos, además de elevar la valla hasta los 10 metros de altura. Una operación de maquillaje que escondía que en el lado marroquí se procedió a la instalación de las concertinas con fondos europeos.

Un año después, en 2020, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) avaló las denominadas devoluciones en caliente practicadas por el Gobierno español, en lo que suponía una enmienda a la totalidad de la sentencia condenatoria de 2017 por expulsión colectiva sin medida judicial previa. De este modo, el fallo respaldaba los «rechazos en frontera» que el entonces ministro Jorge Fernández Díaz dio forma legal con la Ley de Seguridad Ciudadana. En vez de oponerse a aplicarlas, desde el Ministerio de Interior han usado este mecanismo en varias ocasiones desde que gobierna en coalición con Unidas Podemos. Quizás uno de los episodios más evidentes fue la crisis en Ceuta derivada de la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, que desató la entrada masiva de 10.000 migrantes en mayo de 2021. Las expulsiones de menores desde Ceuta implicó la apertura de una investigación en el juzgado de instrucción número 2 de la ciudad ceutí tras la denuncia presentada por la Fiscalía y volvió a cercar a Marlaska que, según los investigados, estuvo en todo momento al tanto de las devoluciones. Es más, la defensa de la vicepresidenta de Ceuta –encausada por la expulsión de los menores– presentó esta semana un recurso de apelación contra su procesamiento en el que alega que se limitó a cumplir «un verdadero mandato» de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Es decir, órdenes directas de Marlaska. En su día, el titular de Interior defendió que la devolución a Marruecos de los menores era «legal» y estaba basada en el convenio firmado con Marruecos en 2007 y actualizado en 2012. «No es una expulsión, es un retorno asistido de los menores», explicó.

También durante la pandemia estuvo en el ojo del huracán por su falta de transparencia con los vuelos de repatriación de inmigrantes desde las Islas Canarias hacia Marruecos, además, de toda la polémica por la decisión de alojar a los inmigrantes en hoteles.