La Fiscalía interroga al piloto del helicóptero antes de decidir qué hace con la investigación de Melilla

La Fiscalía interrogará en los próximos días al piloto del helicóptero que sobrevoló Melilla el pasado 24 de junio cuando se produjo una tragedia migratoria que se saldó con la muerte de decenas de personas. El Ministerio del Interior siempre ha negado que una sola se produjera en suelo español, pero solo de que lo que ocurriera en España tiene competencia para investigar el Ministerio Público. Así que avanzar en lo que ocurrió en territorio nacional es clave para la supervivencia del caso. El plazo de la fiscal a cargo Beatriz Sánchez, la jefa de Extranjería, se acaba a finales de este mes y lo que declare el aviador y el jefe del operativo de la Guardia Civil de la ciudad autónoma (que también ha sido citado, según confirman fuentes del caso) es determinante para decidir si hay mimbres para alargar las pesquisas otros seis meses o si deben terminar en archivo.

Una reciente investigación periodística de Lighthouse reports se suma al reportaje de la BBC que contradice la versión que ha dado desde el inicio el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. La cadena británica evidenció que el desastre tras la avalancha se había desatado en el lado español del puesto fronterizo del Barrio Chino, entre Nador (Marruecos) y Melilla, y en las imágenes del documental se muestra cómo los agentes del reino alahuí arrastraron cuerpos inertes hasta su parcela. Asimismo, la otra investigación de la pasada semana pone nombre y apellido a uno de los cuerpos que está claramente inmóvil en las imágenes, tirado en el suelo. En las entrevistas recabadas sus conocidos aseguran que Anwar (de 27 años y origen sudanés) murió en España.

En cualquier caso, los cuerpos de los fallecidos quedaron del lado marroquí y, como contó este periódico, la Fiscalía ha tenido problemas para que el país vecino le facilite las autopsias. Esa prueba sería importante para detallar la hora y el lugar de la muerte y poder así esclarecer este extremo. Pero mientras, la fiscal ha buscado entre las grabaciones del helicóptero y de un dron que la Guardia Civil empleó ese día en el que llegaron hasta el borde de ambos países unos 1.700 migrantes.

La Fiscalía llegó a pedir más grabaciones porque dice que existen saltos temporales y fragmentos cortados, pero Interior ha contestado que tiene lo que ha dado. Que el helicóptero bajó a repostar y el dron a cargar batería y estos espacios de tiempo no fueron cubiertos. Beatriz Sánchez quiere ahora escuchar las versiones de dos de los protagonistas de la seguridad del lado español ese día y, por eso, ha llamado a declarar al piloto y al jefe del operativo del Instituto Armado. Antes, eso sí, ha escuchado todas las grabaciones de las conversaciones que se produjeron ese día entre los guardias civiles desplegados en el terreno.

Cuando este fleco se recorte el Ministerio Público tiene que tomar una decisión. Puede estirar las pesquisas otros seis meses, en cuyo caso el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, debería firmar el escrito de prorroga. Otra posibilidad es archivar. Si la fiscal no ve indicios suficientes a los que agarrarse para incidir sobre alguna acción ilegal o, simplemente, no tiene más pistas de las que tirar podría dar por terminadas las pesquisas, eso sí, exponiendo en un decreto todo lo que la ha conducido a esa conclusión. Finalmente podría judicializar el asunto, si bien, esta posibilidad parece la más alejada de todas. Fuentes jurídicas explican que imputar a la Guardia Civil un posible delito de omisión del deber de socorro [artículo 195 del Código Penal] es emprender una lucha cuerpo a cuerpo entre dos instituciones y, para esto, la Fiscalía debería tener indicios muy sólidos. Aunque, por supuesto, nada es descartable porque la causa se ha llevado con bastante celo y pocos detalles han trascendido de lo indagado hasta este punto.

El Defensor del Pueblo

Por su parte, el Defensor del Pueblo también ha entrado a valorar los hechos, produciéndose un choque frontal entre instituciones con Ángel Gabilondo reclamando más imágenes de ese día y Grande Marlaska negando que hubiera más de las que ya había puesto a su disposición. Gabilondo emitió un informe muy contundente primero el pasado 14 de octubre en el que dijo que tras el visionado en las imágenes se veía cómo los migrantes arrojaban objetos que podían comprometer la seguridad de la Guardia Civil, pero que eso “no justifica que los agentes arrojen piedras a las personas que se encuentran en la parte superior de la valla”. Habló de que el “uso de medios de contención " no debía nunca “incrementar la situación de peligro de estas personas” y dejó por escrito que la actuación del Instituto Armado pudo haber comprometido esta seguridad.

La contestación de Interior llegó el 10 de noviembre explicando que no existían más grabaciones, así que en un último informe el Defensor del Pueblo reitera al departamento de Marlaska la necesidad de que se creen protocolos de actuación en frontera que respeten los derechos humanos. Según confirman fuentes de la institución, uno de los datos que más preocupa es el de las devoluciones en caliente porque, si bien el ministro en un inicio habló de unas cien, luego terminó reconociendo el dato de 470 personas devueltas de forma inmediata. Una actuación “conjunta” con la gendarmería marroquí que también pone en tela de juicio Gabilondo en sus escritos. Citadas fuentes indican que no está previsto que tras este cruce de informes, el Defensor vuelva a pronunciarse más sobre estos hechos.