El Gobierno empieza a plantearse la revisión de la ley del “solo sí es sí”

Ministras socialistas suben la presión en el Gobierno para hacer ajustes en la ley que impulsó el ministerio de Montero

La primera sentencia del Tribunal Supremo sobre la aplicación de la ley del «solo sí es sí» ha dado pie a que crezca la presión de distintos sectores socialistas, y de varias ministras del ala del PSOE, para que Moncloa acepte promover la reforma de la norma impulsada por el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero.

En el Gobierno confirman que esta revisión, para hacer ajustes que corrijan los fallos en la horquilla de penas, está sobre la mesa, y es una posibilidad a estudiar. Podemos ha puesto pie en pared y se niega a hacer ninguna revisión, convirtiendo este escándalo en una pancarta más con la que radicalizar su discurso y tensionar el pacto con el PSOE.

Las excarcelaciones de violadores con sentencia firme antes de que cumplan su condena preocupa en el PSOE por motivos electorales, ya que el desgaste puede ir a más, pero también por la tensión que está generando en el movimiento feminista vinculado a las siglas. Que una ley muñida por la coalición progresista esté sirviendo para facilitar que agresores sexuales salgan de la cárcel antes de tiempo ha levantado en armas a destacadas dirigentes socialistas, reconocidas por su larga trayectoria en defensa de la igualdad y de la no discriminación de las mujeres por razón de su sexo que no conciben el papel que les está tocando en este asunto.

Para ganar tiempo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, echó mano de la consigna de que había que esperar a ver si el Supremo frenaba las excarcelaciones en el proceso de unificación de doctrina, pero el primer pronunciamiento ha sido un jarro de agua fría sobre las expectativas generadas.

El Supremo ha avalado la reducción de penas cuando lo permita la ley del «solo sí es sí», analizando cada caso. Y aunque la Sala Penal elevó las penas del «caso Arandina», ex jugadores de la Arandina condenados por forzar a una adolescente de 15 años en noviembre de 2017, también dijo que serían más altas sin la nueva norma.

El Gobierno no oculta su inquietud por la situación creada y la posibilidad, más que cierta, de que continúen los fallos de las audiencias provinciales a favor de condenados.

La ministra de Justicia, Pilar Llop; y la titular de Defensa, Margarita Robles, han advertido de la entidad del problema y de las vías alternativas que hay para intentar contenerlo. Hasta ahora Sánchez se ha negado a avalar esta posibilidad, rechazada de plano por la ministra Irene Montero, por las consecuencias que podría tener en la coalición y por miedo a la reacción de Pablo Iglesias.

El exvicepresidente y ex secretario general de Podemos ha recuperado su liderazgo político y mediático, y marca desde fuera el camino de la cuota morada del Gobierno. Incluso, desde sus plataformas mediáticas anticipa posición sobre las leyes en tramitación, además de interferir en los planes de la vicepresidenta Yolanda Díaz para poner en marcha la nueva plataforma Sumar.

Pero con los Presupuestos del próximo año ya aprobados, aunque aún estén pendientes de ser visados en el Senado, el horizonte ya no es el mismo y en la cuota socialista del Gobierno pesan cada vez más las presiones que vienen recibiendo desde distintos sectores socialistas para que hagan un gesto que borre la imagen de que están sometidos a Podemos en un tema tan sensible como éste, y se sea coherente con los postulados tradicionales del feminismo que siempre ha abanderado el PSOE.

Desde Moncloa piden calma porque están convencidos de que la fuerza de la cifras económicas, inflación más baja de la zona euro y «buenos» datos de paro, acabará imponiéndose sobre el ruido político y la creciente tensión con Podemos. De la misma manera que pregonan que los españoles no votarán en las elecciones autonómicas y municipales pensando en Cataluña ni en la derogación del delito de sedición, «salvo en Cataluña, donde el PSC va a tener un resultado extraordinario».

Pero este mantra no convence ni en las estructuras territoriales ni en el movimiento feminista del partido. Y no solo, ya que, más allá de las razones electorales, pesa también la advertencia del daño que para la causa de la defensa de la mujer supone aceptar compartir trinchera con los morados y dejar a un lado los problemas más básicos de la lucha contra la desigualdad y la discriminación. Aunque el fin de curso está descosiendo las costuras de la coalición, por las diferencias sustanciales que mantienen en leyes claves del programa de Podemos, Moncloa rebaja oficialmente la trascendencia de este choque con Pablo Iglesias, que llegará a los próximos procesos electorales.

Tan es así que algunos socialistas van contando que Podemos sabe que tiene que «bajar la cabeza» y aceptar la posición del PSOE en proyectos aún pendientesde aprobación como la ley trans o la ley de vivienda si quieren que salgan adelante. La alternativa es que no se aprueben y ahí nadie tiene nada que ganar, pero, aseguran, «ellos, menos que nosotros». El nuevo ejercicio del liderazgo por parte de Iglesias no apunta a que sea de la misma opinión.