ERC busca dejar sin contenido la condena de los líderes del ‘procés’ con la nueva malversación

Una reforma del delito de malversación que distinga entre quien se queda el dinero para su uso y disfrute y quien lo destina a otra finalidad podría cambiar el curso de cientos de causas judiciales. Fuentes jurídicas apuntan a que la avalancha de revisiones que podrían producirse sería similar a la que está sucediendo con la Ley del “solo sí es sí”. Solo en ERC -partido impulsor de la enmienda- más de una decena de cargos investigados podrían verse beneficiados de la reforma. Además a la suma se añaden los líderes del procés que si ya iban a ver afectada su condena por la despenalización de la sedición, el cambio en la malversación terminará por recalar en la inhabilitación para cargo público que todavía tienen vigente. Este viernes se cumple el plazo de presentación de las enmiendas a la reforma del delito de sedición y la idea del Gobierno es aprobarla antes de final de año. Desde que se conozca el texto definitivo la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo tiene previsto reunirse para saber cómo afecta esto a la condena por la organización del referéndum independentista, según citadas fuentes.

A falta de conocer la redacción definitiva, ayer eldiario.es adelantaba cómo sería la enmienda que ERC va a presentar y que, de facto, supone volver al Código Penal anterior a 2015. Ese año el PP de Mariano Rajoy con mayoría absoluta logró introducir la administración desleal de patrimonio, que ya se utilizaba en delitos privados, para la función pública. De forma que se pasó a castigar con penas de prisión e inhabilitación elevadas no solo a los cargos públicos que se enriquecieran personalmente de los fondos que gestionaban, sino a aquellos funcionarios que hacían que el dinero fuera a parar a terceros o que se destinara a fines distintos para los que fueron ideados.

La modalidad de malversación agravada (para casos en los que el perjuicio al patrimonio supere los 250.000 euros) incluye además la inhabilitación para ejercer un cargo público que puede llegar hasta los 20 años. Esta fue la que se impuso en concurso medial con la sedición a los líderes del procés como el jefe de ERC Oriol Junqueras. Con esta reforma “quirúrgica” del delito que el presidente, Pedro Sánchez, se ha mostrado dispuesto a hacer tanto el líder republicano como el expresident de Cataluña Carles Puigdemont (que ni siquiera ha sido juzgado) podrían verse beneficiados. El Alto Tribunal condenó por malversación y sedición a Junqueras, a 13 años de cárcel y los mismos de inhabilitación; y a los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, a 12 años tanto de prisión como de inhabilitación. Todos ellos fueron indultados así que afectos prácticos la reforma no supondrá ningún cambio sobre su libertad, pero la negativa a trabajar para la Administración sigue vigente.

A los que faltan por juzgar se suman también los exconsejeros Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig, huidos de la Justicia, pero que en un momento dado pueden ser aventajados con las nuevas penas.

Pero no solo. Varios juzgados de Cataluña mantienen todavía abiertas causas para esclarecer flecos sobre cómo se organizó la votación ilegal del 1 de octubre. Entre ellos el exsecretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, Josep María Jové y el diputado y exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó a los que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha enviado a juicio por prevaricación y desobediencia, pero también por malversación.

A estos nombres se añaden los del exsecretario de atención ciudadana de la Presidencia de la Generalitat Antoni Molons; el del exsecretario general del departamento de presidencia Joaquim Nin; el del exdirector general de Comunicación Jaume Clotet; el del exsecretario general de Trabajo y Asuntos Sociales, Josep Ginesta... y hasta una treintena de nombres que se mantienen bajo la lupa de dos Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. A todos se les imputa un delito de malversación de caudales que con el actual Código Penal implica cárcel aunque no sea para enriquecerse, por los preparativos del referéndum.

Otra investigación afectada sería la del Juzgado de instrucción número 18 de Barcelona que indaga en el papel de una decena de altos cargos de la Generalitat desviando dinero para los mismos fines. Varios pertenecen a las filas republicanas.