ERC quiere rebajar a cuatro años la inhabilitación al político que malverse “sin ánimo de apropiarse” el dinero público

Presenta sus enmiendas a la reforma del Código Penal donde incluye también la rebaja del delito de desórdenes públicos con una pena mínima del tipo agravado a un año

Esquerra Republicana ha presentado este viernes enmiendas al texto de reforma del Código Penal para reformar también el delito de malversación “con el objetivo de avanzar en la desjudicialización de la vida social y política y limitar las potenciales arbitrariedades del Estado” para perseguir y reprimir el movimiento independentista.

El Grupo Republicano en el Congreso ha registrado unas enmiendas quirúrgicas para redefinir, esclarecer y “evitar interpretaciones sesgadas del Código Penal”. Los republicanos pretenden, así, evitar que el Estado vuelva a utilizar el delito de malversación de forma arbitraria para perseguir al movimiento independentista, a la vez que evitar, también, que la reforma pueda ser utilizada para rebajar penas en casos de corrupción.

Concretamente, Esquerra Republicana propone que, en el delito de malversación, que afecta a autoridades y funcionarios públicos, se deje de hablar de “conductas poco definidas y subjetivas” como la apropiación indebida y la administración desleal, que son propias del ámbito privado. Así, aboga por crear un nuevo artículo 432 bis según el cual “la autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos particulares y ajenos a la función pública, el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a tres años, y suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años”. Actualmente, el artículo 432 del Código Penal impone penas de entre 2 y 6 años de cárcel para “la autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 252 sobre el patrimonio público”. Y ese artículo 252 señala que “serán punibles (...) los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado”. Oriol Junqueras no podrá ejercer cargo público con la actual ley hasta julio de 2031, sin embargo; con la reforma que propone Esquerra quedaría reducida esa condena.

Se volvería, apunta ERC, al modelo previo a la reforma ejecutada por el Partido Popular de 2015 para “perseguir al movimiento independentista”. Con ello buscan evitar, en todo momento, que este cambio suponga una ventaja a los condenados o futuros condenados por corrupción.

De hecho, con la propuesta republicana, “las penas que afectan a los delitos propios de corrupción política y enriquecimiento personal se mantienen, sin posibilidad de rebajar su penalización”. Destaca que la tolerancia cero con la corrupción es “irrenunciable por Esquerra Republicana. Además, presumen de que “91 años de historia sin ningún caso de corrupción avalan al partido en este sentido”.

Por otro lado, este viernes los republicanos también han presentado enmiendas referentes al delito de desórdenes públicos del Código Penal. En este sentido, Esquerra Republicana propone que se rebaje la pena mínima del tipo agravado a un año; incluye la supresión del artículo 557 ter relativo a los empleos pacíficos y, por último, modifica e indica que, con ello busca “mejorar” el tipo básico de desórdenes públicos. El objetivo de esas enmiendas, indican, es proponer mejoras para que la legislación para que sea más “garantista, democrática y dificultar que pueda criminalizarse” el derecho a reunión y manifestación.

Los republicanos esperan en los próximos días transaccionar las enmiendas en el trámite de la ponencia para poder alcanzar un acuerdo para la aprobación de un texto que permita un “significativo avance en todos los ámbitos”.

Con todo, Esquerra Republicana tiene por “objetivo la resolución política del conflicto con España, en base a dos premisas clave: la amnistía y ejercer el derecho a voto en referéndum”. Además, apuntan que, en “clave antirrepresiva”, cualquier paso que acerque a la desjudicialización y aleje la capacidad represiva del Estado es buena noticia para cualquier movimiento de protesta o disidencia política y, por tanto, también para el independentismo, recogen. En él, apuntan que “es vital” tanto la derogación del delito de sedición, como la reforma de la malversación, así como la reducción de penas por desórdenes públicos agravados, y por ello, trabajan los republicanos.