Prioridad de Moncloa: un Tribunal Constitucional que avale su pacto con ERC y la consulta

El Tribunal Constitucional (TC) es prioritario para el Gobierno porque es una pieza fundamental en la agenda catalana: para blindar las decisiones del pacto con ERC y también la consulta que se impulsará, solo en Cataluña, si Pedro Sánchez continúa en Moncloa. El Alto Tribunal ha aplazado hasta el próximo lunes el Pleno en el que debe pronunciarse sobre la reforma del Gobierno que afecta al poder judicial y esto convirtió la sesión parlamentaria en la que se validó esa reforma penal en un bochornoso circo, con plante de los diputados de Vox y más insultos que debate parlamentario.

En el reparto de responsabilidades en esta grave crisis el TC también tiene las suyas dentro de este colapso judicial al que ha llevado la política a algunas de las principales instituciones del Estado. Es responsable de haber dejado que la agenda política pesase en sus propias decisiones y en el momento en el que se toman esas decisiones. Un ejemplo de ello es que no haya resuelto todavía los recursos que afectan a las reformas impulsadas previamente por el Gobierno para tomar el control del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y romper el bloqueo en su renovación impuesto por el PP desde principio de legislatura.

Para el Gobierno, el control del TC es el candado que blindará las polémicas decisiones que ha tomado en Cataluña, y que seguirá adoptando si se mantiene en el poder tras las próximas elecciones generales. Salvar las leyes de la coalición es importante, pero una cuestión secundaria si se compara con el proceso de revisión territorial, y en cierta forma constitucional, que se ha puesto en marcha para blindar el pacto con ERC y el apoyo independentista a una nueva investidura de Sánchez. De forma encubierta se ha activado un proceso plebiscitario, que cuadra con el plan que dibujaba Ivan Redondo cuando todavía ejercía de principal consejero áulico del presidente.

Las reformas del Código Penal se interpretan en medios jurídicos no como una modificación de esta ley orgánica, sino como una amnistía porque, derogada la sedición, y ajustado el delito de malversación a los intereses independentistas, desaparece la responsabilidad criminal que el Tribunal Supremo apreció en la sentencia del «procés». Y que posteriormente confirmó el Tribunal constitucional. ERC consigue así uno de sus objetivos, y para que no decaiga necesita tener de su lado la voluntad del Constitucional, que es lo que está ahora en juego en esta batalla campal por conseguir ejecutar su renovación a tiempo para que sea la nueva mayoría progresista la que tumbe todos los recursos presentados por la oposición.

Con un TC «dócil», como se escucha decir en el Gobierno, el camino quedará despejado para que se celebre el referéndum, «consulta» como lo llaman dirigentes socialistas próximos a Pedro Sánchez para suavizar el golpe de hacer suya también esta demanda secesionista.

De hecho, fuentes socialistas sostienen que una vez que termine el proceso de reformas del Código Penal, y en enero actúe ya la mayoría progresista en el TC, la articulación de la consulta se hará igual que se han puesto en marcha estas reformas, sin que la «derecha» tenga capacidad de reacción.

Por tanto, lo que se está decidiendo estos días, de manera exprés, sin respetar los procedimientos y los tiempos, enlaza directamente con la agenda independentista en Cataluña y la capacidad que tendrá el Estado de responder a decisiones que, como ocurrió en 2017, se salten los canales legales vigentes.

ERC cuenta con que el TC de mayoría progresista será receptivo con sus demandas y con los cambios que se siguen teniendo que hacer para apaciguar el conflicto. El problema que se abre por la puerta de atrás afecta a la estabilidad nacional y de un futuro Gobierno del PP. Al romperse el acuerdo entre los dos principales partidos incluso en el tema territorial, si Alberto Núñez Feijóo alcanzara el Gobierno tras las próximas elecciones generales, se puede encontrar con el problema de que el independentismo vuelva a «levantarse» y el Estado se haya quedado desarmado para responder al desafío.

La política de Sánchez dejará una bomba de relojería en Cataluña para cualquier otro gobierno que no acepte mantener su agenda de negociación y pacto con ERC. Y es que tal y como han ido evolucionando los acontecimientos, tenía razón el consejero áulico presidencial cuando decía que aquí lo que falta es abrir un proceso plebiscitario, de reforma constitucional, y en el que los catalanes deberán votar.