El TC admite el recurso del PP y rechaza decidir ahora sobre la recusación de dos jueces conservadores

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite, por un solo voto, el recurso del PP contra la tramitación de la reforma que modifica la renovación de la institución y ha rechazado abordar ahora, por igual margen, la pretensión de Podemos y PSOE de apartar de la votación al presidente de la institución, Pedro González-Trevijano, y al también magistrado conservador Antonio Narváez. Tras aceptar la personación socialista y de la formación morada, los magistrados debaten ahora sobre la suspensión cautelarísima de la reforma legal.

El Pleno ha decidido, por seis votos a favor y cinco en contra, no pronunciarse en este momento sobre las recusaciones que instaron Podemos y PSOE, que de prosperar hubieran dado un vuelco al procedimiento, al voltearse la mayoría, que habría quedado en manos progresistas (cinco votos frente a cuatro). Lo ha hecho por tanto, según las fuentes consultadas, con el respaldo de los magistrados recusados.

En la sesión matinal, cuatro horas y media de intenso debate no han sido suficientes para que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie siquiera sobre la admisión a trámite del recurso del PP contra la tramitación parlamentaria de la reforma que rebaja las mayorías para la renovación de la institución, cuya suspensión cautelarísima reclaman los populares.

Según las fuentes consultadas, el grueso del debate ha estado centrado en un asunto inesperado y que se presumía pacífico: la avocación a Pleno de la cuestión, que decidió el presidente, Pedro González-Trevijano, tras consultar al vicepresidente, el progresista Juan Antonio Xiol.

La cuestión no es baladí, porque en caso de decidir la Sala Segunda del TC, que preside el propio Xiol, el equilibrio entre progresistas y conservadores es máximo (tres de cada uno), mientras en el Pleno del TC hay en la actualidad mayoría conservadora (seis magistrados frente a cinco progresistas).

Siete votos a favor de que decida el Pleno

Los once magistrados sí se han pronunciado sobre esa avocación a Pleno, que han respaldado siete de los integrantes del Pleno y a la que se han opuesto cuatro de los cinco magistrados progresistas. La sesión se reanudará a las cinco de la tarde con la votación de la admisión del recurso del PP sobre la mesa, aunque se antoja complicado que el Pleno puede pronunciarse hoy mismo sobre la suspensión de la tramitación de la reforma, la decisión nuclear que deben tomar los magistrados.

El pasado jueves la sesión tuviese que aplazarse al dejar claro los cinco magistrados progresistas que no estaban dispuestos a votar sin disponer de más tiempo para estudiar la cuestión, tras los escritos de última hora de PSOE y Podemos oponiéndose a la suspensión cautelar de la tramitación de la reforma y la solicitud de amparo de Vox, que se unió a la que ya había cumplimentado el PP.

Las quejas del PP

En su recurso, el PP cuestiona el acuerdo adoptado el pasado día 12 por la Mesa de la Comisión de Justicia, al admitir dos enmiendas planteadas por PSOE y Unidas Podemos para rebajar –en el marco de la proposición de ley que deroga el delito de sedición– la mayoría necesaria para que el CGPJ designe a sus dos candidatos al TC (de tres quintos a mayoría simple).

Una vez esa reforma entre en vigor tras el visto bueno del Senado y su publicación en el BOE, los vocales del Consejo podrán proponer cada uno a un candidato y solo podrán votar a uno de los aspirantes propuestos, resultando elegidos los dos con mayor número de apoyos. Además, se enfrentarán a posibles responsabilidades penales si bloquean el acuerdo. La modificación legal también afecta al papel del propio TC en su renovación, pues el plácet del Pleno a los candidatos dejará de ser preceptivo como hasta ahora. Además, el Gobierno podrá sentar en el Pleno a sus dos elegidos aunque el CGPJ demore su elección (y a la inversa).

Los populares se quejan en su recurso de amparo de la decisión adoptada el pasado día 13 por Felipe Sicilia, que se negó a que la Mesa valorase una posible reconsideración del acuerdo de admisión de enmiendas, como reclamaron los populares.