La Policía señala a seis exjefes de ETA por el atentado contra el cuartel de Santa Pola en 2002

La Policía responsabiliza del atentado contra la casa cuartel de Santa Pola (Alicante), en el que el 4 de agosto de 2002 fueron asesinados una niña de seis años, Silvia Martínez Santiago y Cecilio Gallego, de 57, a los exdirigentes de ETA Juan Antonio Olarra Guridi, Ainhoa Múgica, Félix Ignacio Esparza, Mikel Albisu “Mikel Antza”, Ramón Sagarzazu y María Soledad Iparraguirre.

En un informe del pasado día 2 de la Comisaría General de Información, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la Policía concluye que como integrantes del comité ejecutivo de la banda terrorista en el momento de los hechos, tomaban las decisiones “de forma colegiada” sobre cuestiones “estratégicas y en ocasiones tácticas”. Desde la “determinación de la línea estratégica política y militar” hasta “el diseño, la planificación, la coordinación, dirección y en ocasiones también la orden o autorización de realizar los atentados terroristas que eran materializados por los comandos operativos”.

Unas funciones, explican los autores del informe de 166 páginas, que “se materializaban concretamente, entre otras actividades terroristas, en las llamadas “campañas de verano”, en las que se puede enmarcar el atentado objeto del presente informe, cometido el 04.08.2002, en Santa Pola”.

En agosto de 2002, señala, ETA estaba estructurada en cinco aparatos: “militar” (Olarra Guridi y Ainhoa Múgica), logístico (Esparza, Político (“Mikel Antza”), Internacional (Sagarzazu) y Finanzas (Soledad Iparraguirre). Como máximo órgano director y coordinador, en el que estaban representados los responsables de los principales “aparatos”, el comité ejecutivo se encargaba “a través de las estructuras que estos dirigían, de proporcionar los medios personales y materiales necesarios a los “comandos” armados operativos para la comisión de los atentados”.

El comité ejecutivo se encargada de dar las órdenes

ETA, recuerda la Policía, “es una organización sumamente estructurada y jerarquizada, en la que sus integrantes tenían una labor encomendada y un responsable al que rendían cuentas de ese desempeño” y que era el encargado de transmitirles las órdenes “emanadas de otro responsable superior o directamente del órgano directivo”. Se trataba, recalca el informe, de una estructura “muy cerrada y casi de naturaleza «militar” en la que cada etarra “dependía de un responsable y ese de otro superior, en una cadena piramidal”.

“Todos los militantes conocían la existencia del Comité Ejecutivo”, hace hincapié. “Las órdenes de cada responsable se acataban en la convicción de que no se trataba de una orden personal, sino que respondía a un plan elaborado por la cabeza de la organización, esa comisión directiva que era el comité ejecutivo”.

En la banda terrorista, inciden los agentes, “regía una férrea disciplina mediante la cual se trataban de evitar traiciones, deserciones, delaciones, falta de observancia a las medidas de seguridad impuestas, posturas críticas, etc”. En alguna ocasión, señala, la decisión era incluso “la ejecución del militante”.

“Control total” sobre los militantes

Ejercía, por tanto, “un control total sobre los actos de sus militantes: dónde, cómo, cuándo y con quién realizaría sus funciones o viviría, afectando a todos los miembros de la organización, también a los presos, los huidos en terceros países y, por supuesto, los que estaban “en activo”, incluso regulaba cuestiones más personales”.

De ahí que la Policía considere incuestionable que la capacidad de elección que tenía un militante una vez que decidía entrar en ETA era “nula”, pues “su futuro, incluso su salida de la organización”, lo decidía la Zuba, “ejerciendo un total dominio sobre el militante”.

El pasado octubre, la Guardia Civil señaló también a los seis exdirigentes etarras contra los que se querelló Dignidad y Justicia (DyJ), forzando la reapertura de la causa. En su informe, el Instituto Armado también defiende que el comité ejecutivo o Zuba “era el órgano de dirección donde se decidían, planificaban, coordinaban y autorizaban” las acciones terroristas que cometían los “comandos” operativos de ETA. La decisión de llevar a cabo el atentado con coche bomba, hizo hincapié, “no pudo ser tomada por un miembro concreto o aislado del comité ejecutivo de ETA, sino que debió requerir del consenso y de la toma de una decisión colegiada” por todos sus integrantes.

Tal y como sostenía en su querella el abogado de Dignidad y Justicia Miguel Ángel Rodríguez Arias, la Guardia Civil determinó que los integrantes de la Zuba, al disponer de “suficiente capacidad de mando y de decisión pudieron “haber evitado el desenlace último de hacer detonar el coche-bomba contra el acuartelamiento” y, por tanto, “el terrible resultado”.

El pasado octubre, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor de la causa, rechazó acordar la prisión provisional de “Mikel Antza” y Ramón Sagarzadu, tal y como le habían solicitado Dignidad y Justicia (DyJ) y la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT). El magistrado sí obligó a Mikel Albisu a comparecer cada mes en el juzgado y le prohibió salir de España. A Sagarzazu únicamente le conminó a facilitar un domicilio para estar localizable.