Sánchez anuncia “medidas conforme a la ley” para poner “fin al bloqueo”

La decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la votación del Senado sobre la reforma del Código Penal para modificar la fórmula de elección de los miembros del CGPJ, ha provocado un terremoto político que deriva ya en un choque institucional y que aboca a una fractura inviable de reconducir en términos políticos, entre el Ejecutivo y la oposición. Ambas partes se echan la culpa de la situación inédita a la que se enfrenta el Estado.

En Moncloa, era un escenario que no se contemplaba, el de que se paralizase la votación de las enmiendas para renovar el TC con la rebaja de mayorías. Se confiaba en que el Alto Tribunal resolviese en contra de las medidas cautelarísimas presentadas por el PP.

Aún así, como ya anticipó ayer el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, el Ejecutivo acatará la decisión, como todas las decisiones judiciales, aunque no sea compartida en el Gobierno ni en el fondo ni en la forma. Así, calificó de “gravedad máxima” lo ocurrido anoche. Aún así, el Ejecutivo prometió “lealtad institucional”, –es decir acatar la decisión–aunque se critica que el Poder Judicial haya paralizado “la tramitación de una ley”. A primera hora de mañana, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que las enmiendas paralizadas por el Alto Tribunal se han tramitado “conforme al reglamento” y ha defendido que el propio reglamento del Congreso “no tiene ninguna norma por encima”, es decir, que el TC no puede estar por encima del Parlamento, porque, a su juicio, “se produciría la interferencia de otros órganos dentro del normal funcionamiento de las Cortes Generales”, que es “donde reside la soberanía popular”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reaccionado en declaración institucional doce horas después de recibir la decisión del TC valorando como una “decisión sin precedentes en los 44 años de democracia” la “paralización de la acción de las Cortes. El líder del Ejecutivo ha garantizado que el Gobierno “conforme a la ley adoptará todas las medidas precisas para poner fin al bloqueo”. Ha asegurado que en “momentos de incertidumbre” el Gobierno aportará “serenidad y firmeza para prevalecer el respeto constitucional. Según ha asegurado posteriormente, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, será a través de una ley. “Estamos estudiando cual es la mejor forma para que en este país se cumpla con la Constitución. Con el mandato constitucional que el PP tiene bloqueado”.

Sánchez ha asegurado que el Gobierno velará por “respetar la Constitución” y la “voluntad” expresada en las urnas en 2019. “La democracia requiere respeto a la voluntad popular, a la ley, y por eso quiero asegurarles que el Gobierno garantizará el estricto cumplimiento de la ley”.

Sánchez ha vinculado al PP la situación actual y le ha responsabilizado de la crisis. “Esta decisión tiene su origen en la decisión que el PP adoptó cuando perdió las elecciones y decidió incumplir el mandato institucional”. Así, ve una “situación inédita” con el bloqueo de la renovación del CGPJ y del TC. “Un bloqueo cuyo único propósito es mantener una composición anterior y más favorable para su situación”, ha criticado.

Incluso, Sánchez ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo de perseguir el objetivo de “retener por medios espurios un poder que los ciudadanos no han validado en las urnas”. Sánchez ha calificado como “un hecho grave” la situación de que “por primera vez se impide a los representantes que realicen su función de representación, de debate en el parlamento y de legislación”. Ha calificado como un hecho sin precedentes tanto en España como en Europa.